Política laboral de los gobiernos
En junio correspondió a Panamá presidir la Conferencia Anual de la OIT, a la que asistió el presidente Martín Torrijos, y cuyo discurso central ubicó a nuestro país en franco avance socio laboral. En materia de protección laboral, sin embargo, falta mucho por hacer y ese reto no sólo es para el presidente Torrijos, sino para los próximos gobernantes; los trabajadores y empleadores del país y sus organizaciones.
Las décadas pasadas desarrollaron las medidas flexibilizadoras que no mejoraron las condiciones de trabajo ni aumentaron el empleo, sin embargo, se anuncia la reducción del desempleo más con base en una revisión del método para contar los desempleados que en cuanto al aumento real de los ocupados. El trabajo, por otra parte, es cada vez más precario e informal.
El auge económico que vive nuestro país es resultado de medidas económicas estatales, y la suma de la actuación de todos los sectores económicos del país, incluido, por supuesto, los trabajadores. Pero existe un alto número de personas que trabajan para que otros enriquezcan, que, no obstante, no poseen un mínimo de seguridad económica ni social; ni su empleador ni el Estado ni la sociedad le garantizan la satisfacción de ninguna necesidad, sólo la sobrevivencia diaria.
Los excluidos sociales oscilan entre las nuevas oportunidades de empleo y los altos precios de los productos de primera necesidad.
Algunos gobiernos latinoamericanos han iniciado medidas para revisar lo actuado en las últimas décadas en materia de protección laboral, en lo que Víctor Tokman llama una contrarreforma laboral. En Panamá, sin embargo, no se han producido cambios sustanciales desde 1995. Los sindicatos se adaptaron a la reforma, los trabajadores buscan adaptarse; los empleadores se suman a las trasnacionales y los gobernantes mercadean nuestra situación (mejor que otros países en donde la reforma laboral fue más drástica).
La recomendación 198 de OIT sobre las relaciones de trabajo, reafirma la protección del trabajador como un elemento de derechos humanos, pues para ser trabajador, primero, se es un ser humano, y como tal hay que entenderlo. Bajo este esquema de pensamiento Oscar Ermida Uriarte propone revalorizar la continuidad de la relación laboral, rescatando la estabilidad laboral; promover la formación profesional; mejorar la calidad del empleo; capturar a los excluidos de la protección laboral; recuperación (y/o ampliación) de la seguridad social; internacionalización y constitucionalización de los derechos humanos y revisión de la jornada de trabajo. Tal es la agenda laboral pendiente.
Para abordarlas se debe consensuar con los actores sociales, pero principalmente con los gobiernos, si aspiran a una gobernabilidad manejable en su gestión. Tales razonamientos debieran ser escuchados por los aspirantes a dirigir el país en el próximo quinquenio.
