Política y estafa
El Estado no debe tener ninguna misericordia con aquellos que se burlan de la conciencia de los asociados. La semana que ha concluido, la opinión pública supo con estupor de una investigación realizada en el Fondo de Inversión Social (FIS). Creado durante el Gobierno del difunto presidente Guillermo Endara, bajo la denominación de Fondo de Emergencia Social, esa institución debía canalizar recursos hacia sectores y situaciones sociales impostergables, como un instrumento de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Pero como todo en Panamá, las buenas intenciones pasan rápido, y más rápido aún se van posicionando los intereses.
¿Por qué el señor Giácomo Tamburelli ocultó el resultado de esta investigación? Es algo que tiene que explicar. ¿Se trataba de un chantaje a largo plazo? También lo tiene que explicar. ¿Por qué en lugar de investigar a los supuestos infractores, se han dedicado a destruir a la empresa que realizó la pesquisas? Tanto los denunciantes como los denunciados deben terminar su trabajo, esto no se puede quedar en la denuncia sensacionalista y mordaz. Hacerlo sería, de parte y parte, promover una estafa de consecuencias mayúsculas contra la conciencia política de la sociedad. Sería dejar otro CEMIS en el aire, o peor, pues en éste corrió dinero privado, y en el FIS se trata de dinero estatal, es decir, de todos los panameños.
Este país no puede seguir comiendo ansias. Si fueron ciertos los desvíos, los implicados deben enfrentar la ley. Si la denuncia ha sido una maniobra de fines inconfesables, entonces también debe aplicarse la ley con todo rigor.
