Política y legislación forestal
El subsector forestal es imperceptible en el Sistema de Cuentas Nacionales, y por consiguiente en la economía nacional. Es quizás debido a que a este sistema considera únicamente las actividades generadas por los recursos maderables, que tiene una pobre visión sobre el valor real potencial del bosque como recurso.
Siendo este uno de los principales obstáculos, que impiden el desarrollo forestal sustentable en el país. Las acciones tendientes a planificar el desarrollo de la actividad forestal en Panamá, se restringen al programa que finalizó en 1995, cuando el antiguo INRENARE actual Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) desarrolló el Plan de Acción Forestal. Mismo que por desinterés político no se le dio continuidad, ni se le procuró financiamiento, como aún se realiza en la vecina Colombia, con la ayuda financiera de varios países. No en tanto la tasa nacional de deforestación se estima en aproximadamente 51,076 hectáreas anuales. Actividad íntimamente relacionada con el avance de la frontera agrícola. Este modelo de colonización no incluye un manejo adecuado del bosque, sino el desarrollo de una actividad agropecuaria extensiva en tierra de vocación forestal. Los actuales esfuerzos no han conseguido implementar una estrategia dirigida a frenar el avance de la colonización de los bosques de producción y a revertir la tendencia en el cambio del uso del suelo, incorporando a los colonizadores, al manejo sostenible de los bosques. El aprovechamiento forestal presenta en la actualidad una tendencia a la no sustentabilidad. Y esto es debido al aumento de extracción maderera, por concesiones forestales comerciales. La principal problemática de estas áreas está en el manejo inadecuado o en el incumplimiento de los planes de manejo. Otro de los problemas que aqueja al subsector forestal, es el bajo grado de eficiencia de la actual planta industrial de transformación maderera, la cual se estima en un 50%.
No existen ni estímulos financieros, ni políticos para desarrollar planes de reajuste tecnológico, ni disposición a diversificar la producción de subproductos madereros, permitiendo así maximizar la eficiencia de la transformación y acceder a nuevos mercados. Pese a que el ante regulador de la actividad forestal (ANAM) tiene bajo la actual legislación (Ley General del Ambiente 41/98, Ley Forestal 1/94, ley de Incentivos a la reforestación 58/99, le permite amplia discreción para orientar el comportamiento específico en el aprovechamiento forestal, orientando de forma sustentable y eficiente. En la práctica, ANAM ha tenido dificultades para hacer cumplir los contratos de concesión y en general, implementar la normativa vigente, lo cual conlleva serias consecuencias para la sustentabilidad de los recursos forestales. Fortalecer la capacidad institucional es relevante, pero la misma debe complementarse con la revisión de la normativa forestal a fin de realizar los ajustes necesarios para el establecimiento de condiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, consignados por la "Visión de los Recursos Forestales de Panamá de cara al año 2005" dentro de la Estrategia Nacional del Ambiente - Panamá ANAM 1999. Estableciendo no sólo procedimientos adecuados, como ajustes sustantivos, como la incorporación del concepto y práctica de sustentabilidad dentro de los planes de manejo, ajuste a los esquemas de incentivos (ya que esta ley posee varios vacíos legales y fallas técnicas, que permiten artificios legales que el fisco panameños considera formas de evasión de impuestos y eso por mencionar algunos de ellos) y en las condiciones de concesión.
Oportuna a sido la consideración de la ANAM, en efectuar una revisión de la actual legislación forestal, como parte de los procedimientos para la dirección sustentable del desarrollo forestal. Una nueva ley forestal debe considerar dentro de su propuesta instrumentos normativos que permitan revertir la tendencia de uso de suelo, lograr la sustentabilidad de los recursos forestales y del aprovechamiento integrado del bosque y la industria. Considerando la verdadera participación ciudadana en el manejo de los recursos forestales y el goce directo de los beneficios que el subsector forestal genere. En tal sentido adecuada es la consultoría que viabilizará el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién, financiado por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), para el diseño de una estrategia de una política forestal sustentable, con énfasis en una revisión y ajuste de la actual legislación forestal, basado en una amplia consulta tanto de las asociaciones comunitarias, grupos campesinos, pequeños productores, pequeños madereros, industriales de la madera gremios asociados, grupos políticos, asociaciones de profesionales forestales, para generar una ley que tenga vigencia y aceptación de todos los sectores de la sociedad con injerencia en la actividad forestal.
Siendo este uno de los principales obstáculos, que impiden el desarrollo forestal sustentable en el país. Las acciones tendientes a planificar el desarrollo de la actividad forestal en Panamá, se restringen al programa que finalizó en 1995, cuando el antiguo INRENARE actual Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) desarrolló el Plan de Acción Forestal. Mismo que por desinterés político no se le dio continuidad, ni se le procuró financiamiento, como aún se realiza en la vecina Colombia, con la ayuda financiera de varios países. No en tanto la tasa nacional de deforestación se estima en aproximadamente 51,076 hectáreas anuales. Actividad íntimamente relacionada con el avance de la frontera agrícola. Este modelo de colonización no incluye un manejo adecuado del bosque, sino el desarrollo de una actividad agropecuaria extensiva en tierra de vocación forestal. Los actuales esfuerzos no han conseguido implementar una estrategia dirigida a frenar el avance de la colonización de los bosques de producción y a revertir la tendencia en el cambio del uso del suelo, incorporando a los colonizadores, al manejo sostenible de los bosques. El aprovechamiento forestal presenta en la actualidad una tendencia a la no sustentabilidad. Y esto es debido al aumento de extracción maderera, por concesiones forestales comerciales. La principal problemática de estas áreas está en el manejo inadecuado o en el incumplimiento de los planes de manejo. Otro de los problemas que aqueja al subsector forestal, es el bajo grado de eficiencia de la actual planta industrial de transformación maderera, la cual se estima en un 50%.
No existen ni estímulos financieros, ni políticos para desarrollar planes de reajuste tecnológico, ni disposición a diversificar la producción de subproductos madereros, permitiendo así maximizar la eficiencia de la transformación y acceder a nuevos mercados. Pese a que el ante regulador de la actividad forestal (ANAM) tiene bajo la actual legislación (Ley General del Ambiente 41/98, Ley Forestal 1/94, ley de Incentivos a la reforestación 58/99, le permite amplia discreción para orientar el comportamiento específico en el aprovechamiento forestal, orientando de forma sustentable y eficiente. En la práctica, ANAM ha tenido dificultades para hacer cumplir los contratos de concesión y en general, implementar la normativa vigente, lo cual conlleva serias consecuencias para la sustentabilidad de los recursos forestales. Fortalecer la capacidad institucional es relevante, pero la misma debe complementarse con la revisión de la normativa forestal a fin de realizar los ajustes necesarios para el establecimiento de condiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, consignados por la "Visión de los Recursos Forestales de Panamá de cara al año 2005" dentro de la Estrategia Nacional del Ambiente - Panamá ANAM 1999. Estableciendo no sólo procedimientos adecuados, como ajustes sustantivos, como la incorporación del concepto y práctica de sustentabilidad dentro de los planes de manejo, ajuste a los esquemas de incentivos (ya que esta ley posee varios vacíos legales y fallas técnicas, que permiten artificios legales que el fisco panameños considera formas de evasión de impuestos y eso por mencionar algunos de ellos) y en las condiciones de concesión.
Oportuna a sido la consideración de la ANAM, en efectuar una revisión de la actual legislación forestal, como parte de los procedimientos para la dirección sustentable del desarrollo forestal. Una nueva ley forestal debe considerar dentro de su propuesta instrumentos normativos que permitan revertir la tendencia de uso de suelo, lograr la sustentabilidad de los recursos forestales y del aprovechamiento integrado del bosque y la industria. Considerando la verdadera participación ciudadana en el manejo de los recursos forestales y el goce directo de los beneficios que el subsector forestal genere. En tal sentido adecuada es la consultoría que viabilizará el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién, financiado por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), para el diseño de una estrategia de una política forestal sustentable, con énfasis en una revisión y ajuste de la actual legislación forestal, basado en una amplia consulta tanto de las asociaciones comunitarias, grupos campesinos, pequeños productores, pequeños madereros, industriales de la madera gremios asociados, grupos políticos, asociaciones de profesionales forestales, para generar una ley que tenga vigencia y aceptación de todos los sectores de la sociedad con injerencia en la actividad forestal.
