Políticas educativas excluyentes
La condición de ciudadano o ciudadana generalmente es percibida como persona que habita en un país y es sujeto de derechos y deberes políticos. Es decir, estar debidamente informado sobre lo que hace el gobierno, participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que le conciernen, poder disfrutar de una vida sana y prolongada, un trabajo decente, acceso a la educación y a condiciones de vida dignas. Pero, ¿qué sucede cuando la falta de una buena educación les impide asegurar estos derechos?
Aún cuando el país ha realizado históricamente esfuerzos dirigidos a democratizar la educación, en la realidad se observa que muchas personas, por razones de pobreza, etnia, género y origen geográfico, se encuentran excluidas de la escuela; muestran los mayores índices de analfabetismo; permanecen menos tiempo en el sistema, tienen menos años de escolaridad y reciben aprendizajes de menor relevancia personal y social, que otros grupos humanos situados mejor en la estructura económica y social. Ello significa que las desigualdades educativas no son espontáneas ni responden a resultados del azar, pues generalmente se asocian a políticas educativas excluyentes y a factores que influyen en las disparidades sociales y económicas.
Esta relación entre educación y desarrollo humano, si bien no es mecánica ni mágica, reconoce el papel acelerador que ésta posee, más que cualquier otro factor, para reducir la pobreza y aumentar la empleabilidad, el ingreso y la calidad de vida decente en las personas. El nivel educativo se relaciona con la escolaridad de los padres y madres. Los hijos de hogares cuyos padres alcanzaron una escolaridad alta, tienden, en principio, a lograr niveles elevados de escolaridad. Allí donde los padres padecieron el analfabetismo y la baja escolaridad, sus hijos, tienen también altas probabilidades de lograr bajas metas educativas.
En ese sentido, todo el trayecto del sistema educativo muestra muchas más desigualdades que las que pueden ser éticamente aceptables por la sociedad panameña en su conjunto. Los factores sociales asociados a la ausencia de políticas focalizadas y las carencias técnico pedagógicas e infraestructurales, hacen que la educación actúe, en un número plural de casos, en sentido contrario al previsto. Es decir, en lugar de ser una herramienta de democratización, movilización económica y social, en ciertos casos, frente a la improvisación, la carencia de oportunidades de acceso a ciertos grupos y al envejecimiento progresivo de sus procesos y contenidos pedagógicos y curriculares, es un factor de atraso, injusticia y desigualdad.
Entre los grupos que padecen la exclusión se encuentran las personas con discapacidades. Durante mucho tiempo en Panamá, lo mismo que en otros países de la región, las personas con diversos tipos de discapacidad como la sordera, la ceguera, el retardo mental, la parálisis cerebral, las deficiencias físicas, entre otros, encontraban serias restricciones a su educación. La población con algún tipo de discapacidad en Panamá alcanzó en el 2000, según el Censo, un total de 52,197 personas, que muestra un crecimiento de dos quintas partes respecto de 1990. Estas cifras reflejan a no dudarlo, un subregistro de la población que se encuentra en esta situación, que según estimaciones de la OPS/OMS constituyen alrededor de un diez por ciento de la población de un país. Pese al reconocido esfuerzo realizado por el IPHE y otras instituciones educativas del país, ¿cuántos niños y niñas con discapacidades no registrados, están fuera de la escuela?
La niñez de 0 a 5 años es uno de los grupos de población más determinantes del futuro de la sociedad. Sin embargo, este nivel educativo es uno de los más desiguales del sistema, pues favorece esencialmente a los grupos de las áreas urbanas y los no pobres. Así encontramos que uno de cada dos estudiantes están matriculados en escuelas de la Provincia de Panamá, fundamentalmente en Panamá Centro que concentra 13, 053 de estos niños y niñas. Mientras que los no pobres tienen una tasa neta de escolaridad del 47.6% en preescolar ( 4 y 5 años de edad), los pobres extremos rurales, solo el 9.6% y los indígenas 7.9%.
La población indígena es la que padece los mayores grados de exclusión en materia de educación. Según el Censo de 2000 del total de 244,841 personas mayores de cuatro años, el 36 % no tiene grado alguno de escolaridad aprobado. De este total, la mayoría son mujeres(57% ) . En promedio, la escolaridad alcanza 2.3 grados para esta población. Esto supone una brecha enorme si la comparamos con el promedio nacional (8.6 ) y el de la provincia de Panamá (9.8 años).
Otra población afectada por la exclusión son los pobres. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002, (INDH) se observa que el 40.5% de la población padece pobreza material, de las cuales el 26.6% está afectada por la pobreza extrema. Cuanto más pobre es el grupo humano menor es su nivel de escolaridad. Así por ejemplo, mientras los jefes de hogares pobres tiene una escolaridad promedio de 4.5 grados, los no pobres alcanzan 9.2 grados. El 62% de las personas pobres no tienen ningún año de escolaridad. El 30% de las personas que viven en pobreza extrema tienen educación primaria incompleta. Los pobres extremos sólo acceden en un 6% a la educación secundaria y en 0.5% a la educación superior.
Otros grupos humanos que reciben un tratamiento educativo desigual lo conforman la población Adulta Mayor (mayores de 65 años), los afro-panameños, las mujeres indígenas, los trabajadores/as informales y la niñez trabajadora del campo y la ciudad.
En el INDH se plantea que Panamá no merece ser pobre, es un país que cuenta con múltiples recursos económicos, sociales y educativos que bien orientados podrían ofrecer alternativas de atención escolar a estos grupos de población y contribuir efectivamente al desarrollo humano nacional. Tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica de Educación, así como los múltiples convenios y declaraciones internacionales suscritas por el país, prevén el derecho a la educación que les asiste a todas las personas, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica y social, o ideas políticas. Establecen además, el deber del Estado de organizar y dirigir el servicio público de la educación. Sin embargo, este sueño de la sociedad justa e igualitaria parece estar lejos aún de cumplirse. De allí que una promesa que vale la pena hacer como parte de esta nación panameña, en la fecha de su centenario, es trabajar juntos por una educación con calidad para todos y todas. Cumplir esta promesa equivale a asegurar la gobernabilidad democrática del país, incluir a los excluidos a la ciudadanía y edificar nuestro futuro común.
(*)El autor es docente universitario y Vicerrector de la Universidad Especializada de las Américas.
Aún cuando el país ha realizado históricamente esfuerzos dirigidos a democratizar la educación, en la realidad se observa que muchas personas, por razones de pobreza, etnia, género y origen geográfico, se encuentran excluidas de la escuela; muestran los mayores índices de analfabetismo; permanecen menos tiempo en el sistema, tienen menos años de escolaridad y reciben aprendizajes de menor relevancia personal y social, que otros grupos humanos situados mejor en la estructura económica y social. Ello significa que las desigualdades educativas no son espontáneas ni responden a resultados del azar, pues generalmente se asocian a políticas educativas excluyentes y a factores que influyen en las disparidades sociales y económicas.
Esta relación entre educación y desarrollo humano, si bien no es mecánica ni mágica, reconoce el papel acelerador que ésta posee, más que cualquier otro factor, para reducir la pobreza y aumentar la empleabilidad, el ingreso y la calidad de vida decente en las personas. El nivel educativo se relaciona con la escolaridad de los padres y madres. Los hijos de hogares cuyos padres alcanzaron una escolaridad alta, tienden, en principio, a lograr niveles elevados de escolaridad. Allí donde los padres padecieron el analfabetismo y la baja escolaridad, sus hijos, tienen también altas probabilidades de lograr bajas metas educativas.
En ese sentido, todo el trayecto del sistema educativo muestra muchas más desigualdades que las que pueden ser éticamente aceptables por la sociedad panameña en su conjunto. Los factores sociales asociados a la ausencia de políticas focalizadas y las carencias técnico pedagógicas e infraestructurales, hacen que la educación actúe, en un número plural de casos, en sentido contrario al previsto. Es decir, en lugar de ser una herramienta de democratización, movilización económica y social, en ciertos casos, frente a la improvisación, la carencia de oportunidades de acceso a ciertos grupos y al envejecimiento progresivo de sus procesos y contenidos pedagógicos y curriculares, es un factor de atraso, injusticia y desigualdad.
Entre los grupos que padecen la exclusión se encuentran las personas con discapacidades. Durante mucho tiempo en Panamá, lo mismo que en otros países de la región, las personas con diversos tipos de discapacidad como la sordera, la ceguera, el retardo mental, la parálisis cerebral, las deficiencias físicas, entre otros, encontraban serias restricciones a su educación. La población con algún tipo de discapacidad en Panamá alcanzó en el 2000, según el Censo, un total de 52,197 personas, que muestra un crecimiento de dos quintas partes respecto de 1990. Estas cifras reflejan a no dudarlo, un subregistro de la población que se encuentra en esta situación, que según estimaciones de la OPS/OMS constituyen alrededor de un diez por ciento de la población de un país. Pese al reconocido esfuerzo realizado por el IPHE y otras instituciones educativas del país, ¿cuántos niños y niñas con discapacidades no registrados, están fuera de la escuela?
La niñez de 0 a 5 años es uno de los grupos de población más determinantes del futuro de la sociedad. Sin embargo, este nivel educativo es uno de los más desiguales del sistema, pues favorece esencialmente a los grupos de las áreas urbanas y los no pobres. Así encontramos que uno de cada dos estudiantes están matriculados en escuelas de la Provincia de Panamá, fundamentalmente en Panamá Centro que concentra 13, 053 de estos niños y niñas. Mientras que los no pobres tienen una tasa neta de escolaridad del 47.6% en preescolar ( 4 y 5 años de edad), los pobres extremos rurales, solo el 9.6% y los indígenas 7.9%.
La población indígena es la que padece los mayores grados de exclusión en materia de educación. Según el Censo de 2000 del total de 244,841 personas mayores de cuatro años, el 36 % no tiene grado alguno de escolaridad aprobado. De este total, la mayoría son mujeres(57% ) . En promedio, la escolaridad alcanza 2.3 grados para esta población. Esto supone una brecha enorme si la comparamos con el promedio nacional (8.6 ) y el de la provincia de Panamá (9.8 años).
Otra población afectada por la exclusión son los pobres. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002, (INDH) se observa que el 40.5% de la población padece pobreza material, de las cuales el 26.6% está afectada por la pobreza extrema. Cuanto más pobre es el grupo humano menor es su nivel de escolaridad. Así por ejemplo, mientras los jefes de hogares pobres tiene una escolaridad promedio de 4.5 grados, los no pobres alcanzan 9.2 grados. El 62% de las personas pobres no tienen ningún año de escolaridad. El 30% de las personas que viven en pobreza extrema tienen educación primaria incompleta. Los pobres extremos sólo acceden en un 6% a la educación secundaria y en 0.5% a la educación superior.
Otros grupos humanos que reciben un tratamiento educativo desigual lo conforman la población Adulta Mayor (mayores de 65 años), los afro-panameños, las mujeres indígenas, los trabajadores/as informales y la niñez trabajadora del campo y la ciudad.
En el INDH se plantea que Panamá no merece ser pobre, es un país que cuenta con múltiples recursos económicos, sociales y educativos que bien orientados podrían ofrecer alternativas de atención escolar a estos grupos de población y contribuir efectivamente al desarrollo humano nacional. Tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica de Educación, así como los múltiples convenios y declaraciones internacionales suscritas por el país, prevén el derecho a la educación que les asiste a todas las personas, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica y social, o ideas políticas. Establecen además, el deber del Estado de organizar y dirigir el servicio público de la educación. Sin embargo, este sueño de la sociedad justa e igualitaria parece estar lejos aún de cumplirse. De allí que una promesa que vale la pena hacer como parte de esta nación panameña, en la fecha de su centenario, es trabajar juntos por una educación con calidad para todos y todas. Cumplir esta promesa equivale a asegurar la gobernabilidad democrática del país, incluir a los excluidos a la ciudadanía y edificar nuestro futuro común.
(*)El autor es docente universitario y Vicerrector de la Universidad Especializada de las Américas.
