Políticas públicas sobre transporte y derechos humanos
Un cambio en la organización estructural y el comportamiento ciudadano con respecto a muchas de las situaciones cotidianas que se viven en el país, ayudarían a mejorar en gran medida las condiciones y la calidad de vida de los panameños y panameñas, si las políticas públicas diseñadas para organizar y vigilar la prestación de los servicios públicos se contemplaran desde una perspectiva integral e interdependiente con respecto a los derechos humanos.
Una de esas situaciones especiales tiene que ver con el transporte público, importante actividad sobre la cual hay que llamar la atención no sólo sobre la pésima organización y prestación de este servicio en las áreas urbanas, sino también en las más alejadas comunidades del país.
Si un punto prioritario es el que se refiere a la crítica e insostenible situación del transporte urbano colectivo, no debemos pasar por alto que gran parte del territorio nacional se comunica por otras vías como la marítima, la fluvial o la aérea. Esto hace urgente el desarrollo de una propuesta integral que mejore las condiciones estructurales que en el ámbito nacional afectan el transporte público con independencia de los medios de que se traten, recordando que más allá de la red tejida a lo largo de la carretera interamericana o del entramado urbano, existe un país completo que debe ser atendido.
Muchos de los problemas sociales relacionados con la pobreza están relacionados con prácticas políticas clientelistas y corruptas que inciden en la desorganización de la prestación de los servicios públicos, encareciéndolos y consumiendo importantes recursos económicos. El transporte de pasajeros, durante décadas, ha sido mal explotado y conducido bajo criterios contrarios al crecimiento y desarrollo del país.
Esas condiciones, que deben ser atendidas con energía, contribuyen en la generación de muchos de los tranques y embotellamientos vehiculares que a diario sufrimos y en situaciones de mayor gravedad que causan luto y dolor a la ciudadanía.
Una adecuada política pública de transporte contemplaría cuánto mejoraría la calidad de vida de aquellos que se levantan en horas de la madrugada para poder trasladarse de un lado a otro de la ciudad y qué impacto podría tener un buen servicio de transporte sobre la productividad del país en general. Al igual que consideraría cómo arriesgan la vida quienes viajan en zonas de difícil acceso, al depender de la pericia y la suerte del piloto que maneja la nave, más que de una adecuada infraestructura de puertos y aeropuertos, haciendo del transporte una actividad insegura e ineficiente en términos económicos.
Estas consideraciones son tan válidas para las áreas urbanas de las ciudades de Panamá o Colón, como para las provincias centrales y, en especial, para Darién o Bocas del Toro, la costa norte de Veraguas, o para la Costa Abajo y la Costa Arriba de Colón, que con un mejor sistema de transporte se articularían con grandes ventajas al desarrollo de actividades económicas, contribuyendo por ende, al mismo desarrollo nacional de manera sostenible, descentralizada y con autonomía.
Los ciudadanos y las ciudadanas, desde el reconocimiento de los derechos fundamentales en igualdad, tenemos derecho a recibir mejores servicios públicos, que nivelen la repartición del bienestar y las riquezas que produce el país. Tenemos derecho a que las autoridades garanticen las libertades básicas, la seguridad, la salud, el disfrute de un ambiente sano y libre de contaminación y también tenemos derecho al desarrollo humano. Todos estos derechos, consagrados en la Constitución Política, están seriamente afectados por el mal sistema de transporte público que existe en nuestro país.
Para impulsar un estilo de desarrollo humano, democrático y respetuoso de la dignidad de los seres humanos en nuestro país, es necesario impulsar un proceso de transformación del sistema nacional de transporte, que recoja las normas de seguridad y calidad del mismo en todas sus posibilidades, estableciendo también las responsabilidades del desarrollo de las estructuras que se requieren en cada área, pero, sobre todo, éste debe ser un proceso transparente en el que la política cobre la dimensión de acción para la promoción del bienestar.
Desde esta perspectiva, el Estado debe jugar un papel importante en el aseguramiento de la calidad de vida de las personas, su participación en el control y la fiscalización del servicio es fundamental, de manera que la justicia distributiva alcance a todos los sectores sociales de la población. Esta exigencia es mayor aún al considerar que la actividad del transporte posee un valor estratégico para el desarrollo nacional.
Una de esas situaciones especiales tiene que ver con el transporte público, importante actividad sobre la cual hay que llamar la atención no sólo sobre la pésima organización y prestación de este servicio en las áreas urbanas, sino también en las más alejadas comunidades del país.
Si un punto prioritario es el que se refiere a la crítica e insostenible situación del transporte urbano colectivo, no debemos pasar por alto que gran parte del territorio nacional se comunica por otras vías como la marítima, la fluvial o la aérea. Esto hace urgente el desarrollo de una propuesta integral que mejore las condiciones estructurales que en el ámbito nacional afectan el transporte público con independencia de los medios de que se traten, recordando que más allá de la red tejida a lo largo de la carretera interamericana o del entramado urbano, existe un país completo que debe ser atendido.
Muchos de los problemas sociales relacionados con la pobreza están relacionados con prácticas políticas clientelistas y corruptas que inciden en la desorganización de la prestación de los servicios públicos, encareciéndolos y consumiendo importantes recursos económicos. El transporte de pasajeros, durante décadas, ha sido mal explotado y conducido bajo criterios contrarios al crecimiento y desarrollo del país.
Esas condiciones, que deben ser atendidas con energía, contribuyen en la generación de muchos de los tranques y embotellamientos vehiculares que a diario sufrimos y en situaciones de mayor gravedad que causan luto y dolor a la ciudadanía.
Una adecuada política pública de transporte contemplaría cuánto mejoraría la calidad de vida de aquellos que se levantan en horas de la madrugada para poder trasladarse de un lado a otro de la ciudad y qué impacto podría tener un buen servicio de transporte sobre la productividad del país en general. Al igual que consideraría cómo arriesgan la vida quienes viajan en zonas de difícil acceso, al depender de la pericia y la suerte del piloto que maneja la nave, más que de una adecuada infraestructura de puertos y aeropuertos, haciendo del transporte una actividad insegura e ineficiente en términos económicos.
Estas consideraciones son tan válidas para las áreas urbanas de las ciudades de Panamá o Colón, como para las provincias centrales y, en especial, para Darién o Bocas del Toro, la costa norte de Veraguas, o para la Costa Abajo y la Costa Arriba de Colón, que con un mejor sistema de transporte se articularían con grandes ventajas al desarrollo de actividades económicas, contribuyendo por ende, al mismo desarrollo nacional de manera sostenible, descentralizada y con autonomía.
Los ciudadanos y las ciudadanas, desde el reconocimiento de los derechos fundamentales en igualdad, tenemos derecho a recibir mejores servicios públicos, que nivelen la repartición del bienestar y las riquezas que produce el país. Tenemos derecho a que las autoridades garanticen las libertades básicas, la seguridad, la salud, el disfrute de un ambiente sano y libre de contaminación y también tenemos derecho al desarrollo humano. Todos estos derechos, consagrados en la Constitución Política, están seriamente afectados por el mal sistema de transporte público que existe en nuestro país.
Para impulsar un estilo de desarrollo humano, democrático y respetuoso de la dignidad de los seres humanos en nuestro país, es necesario impulsar un proceso de transformación del sistema nacional de transporte, que recoja las normas de seguridad y calidad del mismo en todas sus posibilidades, estableciendo también las responsabilidades del desarrollo de las estructuras que se requieren en cada área, pero, sobre todo, éste debe ser un proceso transparente en el que la política cobre la dimensión de acción para la promoción del bienestar.
Desde esta perspectiva, el Estado debe jugar un papel importante en el aseguramiento de la calidad de vida de las personas, su participación en el control y la fiscalización del servicio es fundamental, de manera que la justicia distributiva alcance a todos los sectores sociales de la población. Esta exigencia es mayor aún al considerar que la actividad del transporte posee un valor estratégico para el desarrollo nacional.
