¿Politiquería en el Canal?
A pesar de que el funcionamiento del Canal panameño tiene una mayúscula importancia para la vida nacional, pocos son los ciudadanos que se interesan por estar atentos a la forma como los gobiernos vienen administrando esa vía esencial en el comercio marítimo del Universo. La situación aludida se inició contemporáneamente a la creación de la Comisión de Transición preparatoria del traspaso del Zona y del Canal a Panamá. Lo más notorio de esos tiempos fue que el Gobierno aprobó un título constitucional y dos leyes (una de la ARI y otra que creó la autoridad canalera) como "instituciones autónomas", documentos jurídicos que establecieron pautas alegres y poco previsoras (como si se tratara de unas dos instituciones autónomas por la línea acostumbrada), que no redundarían en beneficio general del pueblo, cuyas acciones de calle y protestas por algo más de sesenta años lograron la reivindicación de esa gran obra y sus tierras, para que vinieran a manos nacionales. Con tales instrumentos jurídicos se inició el predominio de los intereses creados, de grupos pequeños del país, para dominar antinacionalmente ese gran complejo económico que revertiría y revirtió a nuestra nación.
Con dineros del mismo Canal y la complicidad de los Estados Unidos se hizo la estentórea y falsa propaganda de que "el Canal es nuestro" y que se le mantendría "alejado de la política".
Pero, tanto la ley de la ARI como el título constitucional sobre la vía interoceánica y su ley reglamentaria, se estructuraron para que la reversión respondiera a los intereses de la politiquería y de los grupos económicos dominantes en nuestro país. Precisamente, ese título constitucional adscribió la designación de la Junta Directiva canalera por parte de los Organos Ejecutivo y Legislativo (los centros jurídicos de la politiquería panameña), fórmula igual a la estilada siempre para las supuestas entidades autónomas nacionales, a fin que funcionaran como botín de los politiqueros y de los grupos económicos panameños, triunfantes en los procesos eleccionarios, siempre fraudulentos por su estructura y realidad, procesos cuatrienales antes y quinquenales hoy, pero idénticos en sus conocidos procedimientos, y que en las últimas décadas han llegado a las más tenebrosas degeneraciones.
No se tuvo en cuenta la magnitud del significado y efectos benéficos generales que debían tener el Canal y las tierras circundantes que llegaban a manos de Panamá, en la teoría jurídica, pero a las de los intereses creados, en la realidad sempiterna. Desde los Tratados de 1977 se aumentó la renta pagadera al gobierno panameño, por parte del Canal norteamericano, y en el nuevo Título del Canal, redactado y aprobado por personajes muy duchos en la materia acostumbrada, se dispuso que esa renta no sería inferior, en la nueva situación, a la que pagaban los Estados Unidos, con lo cual se trasladaba al Tesoro Nacional una cuota importante de los ingresos canaleros, para que no se quedaran en la Tesorería de la Autoridad, sino que se integraran a ese famoso tesoro, que no es otra cosa que el "Tesoro de los Despilfarros y Robos Nacionales". Debió señalarse legalmente o constitucionalmente en qué se invertirían las ganancias del Canal, para solución cierta o cuando menos ayuda para los más acuciantes problemas nacionales panameños, según una prioridad de soluciones. A ello se debe que no se sientan en el país los beneficios dinerarios emanantes del Canal, ya que todo va a ese "Fondo de los Despilfarros Gubernamentales".
Desde luego que en materia de personal también ha brillado el cumplimiento estricto de las prácticas burocráticas panameñas, conforme a las cuales se designa a conmilitones politiqueros.
Ya es una práctica consuetudinaria, no sabemos con cuáles fundamentos, que los gobiernos últimos designan a importantes miembros de sus partidos, para que sean miembros de la Junta Directiva del Canal, por largos períodos, de acuerdo con la ley respectiva, sin que importe que el agraciado tenga o no capacidades o conocimientos que lo habiliten para el cargo. Pocas veces se ha designado para Administrador o Subadministrador, o para miembro de la Directiva, a personas como Fernando Manfredo o Mario Galindo, poseedores de clara inteligencia y de visión apropiada para hacerle frente a las exigencias creadoras de sus altos cargos.
Y parece que hasta Norteamérica, para sus buenos tratos con nuestros gobiernos, intervino en la recomendación de extraordinarios, inteligentes, preparados y elocuentes contratistas, para la Administración del Canal. Sigue rondando por ahí la idea de sorprender al pueblo panameño con una convocatoria para el necesario referéndum sobre nuevas esclusas. ¿Pero quién redacta las preguntas del texto sobre el cual deberá emitir opinión nuestro pueblo?
Toda esta sabia y previsora política debería ser detenida a tiempo para que el Canal no continúe sus pasos hacia un funcionamiento de quejas y protestas de sus usuarios.
No parece conveniente que sigan medidas como la del adelantado diseño de grandes esclusas, encomendado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Norteamérica, y a lo mejor nadie sabe si ese Ejército está pensando o no en gigantes portaviones y demás fabulosas maquinarias de guerra que pueden estar en proyectos de las grandes potencias militares del mundo. Creemos en un Canal dedicado al comercio marítimo internacional de carácter pacífico, que le produzca grandes ingresos a Panamá, con planes diseñados para ello, como país pequeño, neutral y pacífico que somos o debemos ser, y con enormes problemas nacionales pendientes de una solución, para la que no tenemos dinero, sino deudas que ya están siendo impagables.
Con dineros del mismo Canal y la complicidad de los Estados Unidos se hizo la estentórea y falsa propaganda de que "el Canal es nuestro" y que se le mantendría "alejado de la política".
Pero, tanto la ley de la ARI como el título constitucional sobre la vía interoceánica y su ley reglamentaria, se estructuraron para que la reversión respondiera a los intereses de la politiquería y de los grupos económicos dominantes en nuestro país. Precisamente, ese título constitucional adscribió la designación de la Junta Directiva canalera por parte de los Organos Ejecutivo y Legislativo (los centros jurídicos de la politiquería panameña), fórmula igual a la estilada siempre para las supuestas entidades autónomas nacionales, a fin que funcionaran como botín de los politiqueros y de los grupos económicos panameños, triunfantes en los procesos eleccionarios, siempre fraudulentos por su estructura y realidad, procesos cuatrienales antes y quinquenales hoy, pero idénticos en sus conocidos procedimientos, y que en las últimas décadas han llegado a las más tenebrosas degeneraciones.
No se tuvo en cuenta la magnitud del significado y efectos benéficos generales que debían tener el Canal y las tierras circundantes que llegaban a manos de Panamá, en la teoría jurídica, pero a las de los intereses creados, en la realidad sempiterna. Desde los Tratados de 1977 se aumentó la renta pagadera al gobierno panameño, por parte del Canal norteamericano, y en el nuevo Título del Canal, redactado y aprobado por personajes muy duchos en la materia acostumbrada, se dispuso que esa renta no sería inferior, en la nueva situación, a la que pagaban los Estados Unidos, con lo cual se trasladaba al Tesoro Nacional una cuota importante de los ingresos canaleros, para que no se quedaran en la Tesorería de la Autoridad, sino que se integraran a ese famoso tesoro, que no es otra cosa que el "Tesoro de los Despilfarros y Robos Nacionales". Debió señalarse legalmente o constitucionalmente en qué se invertirían las ganancias del Canal, para solución cierta o cuando menos ayuda para los más acuciantes problemas nacionales panameños, según una prioridad de soluciones. A ello se debe que no se sientan en el país los beneficios dinerarios emanantes del Canal, ya que todo va a ese "Fondo de los Despilfarros Gubernamentales".
Desde luego que en materia de personal también ha brillado el cumplimiento estricto de las prácticas burocráticas panameñas, conforme a las cuales se designa a conmilitones politiqueros.
Ya es una práctica consuetudinaria, no sabemos con cuáles fundamentos, que los gobiernos últimos designan a importantes miembros de sus partidos, para que sean miembros de la Junta Directiva del Canal, por largos períodos, de acuerdo con la ley respectiva, sin que importe que el agraciado tenga o no capacidades o conocimientos que lo habiliten para el cargo. Pocas veces se ha designado para Administrador o Subadministrador, o para miembro de la Directiva, a personas como Fernando Manfredo o Mario Galindo, poseedores de clara inteligencia y de visión apropiada para hacerle frente a las exigencias creadoras de sus altos cargos.
Y parece que hasta Norteamérica, para sus buenos tratos con nuestros gobiernos, intervino en la recomendación de extraordinarios, inteligentes, preparados y elocuentes contratistas, para la Administración del Canal. Sigue rondando por ahí la idea de sorprender al pueblo panameño con una convocatoria para el necesario referéndum sobre nuevas esclusas. ¿Pero quién redacta las preguntas del texto sobre el cual deberá emitir opinión nuestro pueblo?
Toda esta sabia y previsora política debería ser detenida a tiempo para que el Canal no continúe sus pasos hacia un funcionamiento de quejas y protestas de sus usuarios.
No parece conveniente que sigan medidas como la del adelantado diseño de grandes esclusas, encomendado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Norteamérica, y a lo mejor nadie sabe si ese Ejército está pensando o no en gigantes portaviones y demás fabulosas maquinarias de guerra que pueden estar en proyectos de las grandes potencias militares del mundo. Creemos en un Canal dedicado al comercio marítimo internacional de carácter pacífico, que le produzca grandes ingresos a Panamá, con planes diseñados para ello, como país pequeño, neutral y pacífico que somos o debemos ser, y con enormes problemas nacionales pendientes de una solución, para la que no tenemos dinero, sino deudas que ya están siendo impagables.
