Politización está acabando con los centros de salud
E s necesario una revisión de las leyes que rigen los centros de salud, ante los graves problemas que se enfrentan en estas entidades no sólo en el distrito de San Miguelito, donde los manejos y su verdadera función se ha distorsionado afectando a la ciudadanía objeto primordial de estas organizaciones comunitarias.
Carlos Rodríguez, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo que lo mismo, incluso algo peor, está ocurriendo en el área centro de la ciudad, donde la politización está afectando el trabajo que se debe realizar en estas instituciones.
Denunció que los centros de salud están funcionando con dos tipos de autoridades, lo que ha llevado a que en algunos casos se registre una acefalía porque no existe quien pueda firmar un cheque.
El director metropolitano de salud cuestionó la forma como se manejan estas entidades cuya función primordial es ofrecer salud a la población y generar su propio dinero para pagar sus gastos.
La región de salud de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre en su intento por hacer cumplir las disposiciones legales que regulan estos centros, ha iniciado la legalización de los nombramientos de funcionarios que laboran en ellos, lo que ha traído como consecuencia denuncias de despidos irregulares.
Manuel Lobo, director de esta región de salud, aclaró que no se está despidiendo funcionarios, pues en ningún momento se ha hablado de destituciones. "Lo que se está haciendo responsablemente es legalizar la situación de cada uno de estos empleados públicos que son pagados con fondos de los Comités de Salud para que salgan del limbo jurídico en que se encuentran", aclaró.
Sostiene el funcionario que muchos de ellos no están claro si son empleados públicos o privados, sin embargo, un fallo del Tribunal Superior de Trabajo señaló que son funcionarios de competencia pública, por lo tanto son empleados públicos. Si es así, este personal está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud.
Lo sucedido en San Miguelito, sostiene Lobo, es que algunos dirigentes de forma irresponsable han venido diciéndole a la comunidad que se les están violando los derechos a estos servidores, cuando de lo que se trata es de protegerlos, legalizarles su estatus y a la vez terminar con la situación en la que ellos se encuentran.
Sostiene que algunos dirigentes están metiendo en el tema situaciones políticas que no tienen nada que ver con esto. "No se trata de 300 funcionarios como se ha dicho, pues son sólo 142 personas de los cuales ya han firmado contratos una gran cantidad, quienes han entendido lo que se quiere hacer.
Para el director regional de salud, lo que se ha hecho es extender un contrato, pues de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 389 de 1997, que regula los comités de salud, todo funcionario tiene que estar bajo contrato.
De acuerdo con el artículo 19 de este decreto, "los nombramientos de contrato (en este caso los de salud) pueden afectar la vigencia de otras juntas directivas", así mismo se señala que "el director médico podrá dar por terminada la relación contractual cuando lo estime conveniente" es decir, que en ningún momento las leyes plantean que son de estatus permanente.
Además, la Ley 51 del Presupuesto General del Estado es clara al señalar que los fondos que provienen de los comités de salud deben ser fiscalizados y deben entrar en el presupuesto. En los artículos 173 y 175 esta ley prohíbe ejercer un cargo antes de la toma de posesión, situación en la que se encuentra una gran cantidad de funcionarios, quienes jamás han firmado un contrato infringiendo toda norma.
Está claro, dijo el doctor Lobo, que los contratos eventuales deben ser por seis meses y dentro de las vigencias fiscales. Actualmente existen personas que se encuentran trabajando sin ningún tipo de arreglo y de manera verbal.
Los que se está planteando es que se tienen que firmar contratos para que los trabajadores estén legalizados para que las autoridades de salud puedan decirle a la Contraloría de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que las erogaciones que se están efectuando se encuentran refrendadas, tal como lo señala la ley.
Los Centros de Salud que ejercen una función social muy importante de darle bienestar a la población deben trabajar con apego a la ley, sostiene Lobo. Al hacer un balance de la situación actual de estas organizaciones en la Región de San Miguelito, informa que el 95% se encuentran en estos momentos en rojo, por que el presupuesto no les alcanza ni siquiera para pagar la planilla que tienen.
Más del 90% de sus entradas se destinan al pago de planilla, impidiendo que se pueda dar la atención social que requiere la comunidad, tales como hacer giras médicas, exoneración de medicamentos y convirtiéndose prácticamente en unos generadores de dinero sólo para pagar los empleados.
Lo que se está haciendo es proteger a los empleados y que los centros puedan ejercer su acción social dentro de la comunidad que así lo requiere. Es necesario recordar que la planilla estatal en el caso de fondos que provienen de estos centros, no puede ser permanente porque depende de lo que entra, por lo tanto es imposible hablar de una nomina permanente.
La dirección regional de salud de San Miguelito ha dicho que se tiene hasta esta semana para legalizar la firma del contrato y cumplir con la ley. Si los funcionarios consideran que se les está afectando tienen todas las opciones a través de los juzgados para exponer sus puntos de vista.
Para el director regional de salud, este proceso se continuará haciendo porque ya está bueno de seguir trabajando en base a situaciones erróneas, por el dejar de hacer o no querer comprometerse con nadie y continuar trabajando con mediocridad. Aclara que mientras las personas cumplan con su trabajo y sigan trabajando con aptitud no hay ningún despido.
Agregó que no puede ser que alguien lleve 15 años trabajando y no tenga un contrato, impidiendo a los centros de salud enfrentar con éxito una auditoria de la Contraloría, pues no existen formas para sustentar estas erogaciones.
Carlos Rodríguez, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo que lo mismo, incluso algo peor, está ocurriendo en el área centro de la ciudad, donde la politización está afectando el trabajo que se debe realizar en estas instituciones.
Denunció que los centros de salud están funcionando con dos tipos de autoridades, lo que ha llevado a que en algunos casos se registre una acefalía porque no existe quien pueda firmar un cheque.
El director metropolitano de salud cuestionó la forma como se manejan estas entidades cuya función primordial es ofrecer salud a la población y generar su propio dinero para pagar sus gastos.
La región de salud de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre en su intento por hacer cumplir las disposiciones legales que regulan estos centros, ha iniciado la legalización de los nombramientos de funcionarios que laboran en ellos, lo que ha traído como consecuencia denuncias de despidos irregulares.
Manuel Lobo, director de esta región de salud, aclaró que no se está despidiendo funcionarios, pues en ningún momento se ha hablado de destituciones. "Lo que se está haciendo responsablemente es legalizar la situación de cada uno de estos empleados públicos que son pagados con fondos de los Comités de Salud para que salgan del limbo jurídico en que se encuentran", aclaró.
Sostiene el funcionario que muchos de ellos no están claro si son empleados públicos o privados, sin embargo, un fallo del Tribunal Superior de Trabajo señaló que son funcionarios de competencia pública, por lo tanto son empleados públicos. Si es así, este personal está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud.
Lo sucedido en San Miguelito, sostiene Lobo, es que algunos dirigentes de forma irresponsable han venido diciéndole a la comunidad que se les están violando los derechos a estos servidores, cuando de lo que se trata es de protegerlos, legalizarles su estatus y a la vez terminar con la situación en la que ellos se encuentran.
Sostiene que algunos dirigentes están metiendo en el tema situaciones políticas que no tienen nada que ver con esto. "No se trata de 300 funcionarios como se ha dicho, pues son sólo 142 personas de los cuales ya han firmado contratos una gran cantidad, quienes han entendido lo que se quiere hacer.
Para el director regional de salud, lo que se ha hecho es extender un contrato, pues de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 389 de 1997, que regula los comités de salud, todo funcionario tiene que estar bajo contrato.
De acuerdo con el artículo 19 de este decreto, "los nombramientos de contrato (en este caso los de salud) pueden afectar la vigencia de otras juntas directivas", así mismo se señala que "el director médico podrá dar por terminada la relación contractual cuando lo estime conveniente" es decir, que en ningún momento las leyes plantean que son de estatus permanente.
Además, la Ley 51 del Presupuesto General del Estado es clara al señalar que los fondos que provienen de los comités de salud deben ser fiscalizados y deben entrar en el presupuesto. En los artículos 173 y 175 esta ley prohíbe ejercer un cargo antes de la toma de posesión, situación en la que se encuentra una gran cantidad de funcionarios, quienes jamás han firmado un contrato infringiendo toda norma.
Está claro, dijo el doctor Lobo, que los contratos eventuales deben ser por seis meses y dentro de las vigencias fiscales. Actualmente existen personas que se encuentran trabajando sin ningún tipo de arreglo y de manera verbal.
Los que se está planteando es que se tienen que firmar contratos para que los trabajadores estén legalizados para que las autoridades de salud puedan decirle a la Contraloría de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que las erogaciones que se están efectuando se encuentran refrendadas, tal como lo señala la ley.
Los Centros de Salud que ejercen una función social muy importante de darle bienestar a la población deben trabajar con apego a la ley, sostiene Lobo. Al hacer un balance de la situación actual de estas organizaciones en la Región de San Miguelito, informa que el 95% se encuentran en estos momentos en rojo, por que el presupuesto no les alcanza ni siquiera para pagar la planilla que tienen.
Más del 90% de sus entradas se destinan al pago de planilla, impidiendo que se pueda dar la atención social que requiere la comunidad, tales como hacer giras médicas, exoneración de medicamentos y convirtiéndose prácticamente en unos generadores de dinero sólo para pagar los empleados.
Lo que se está haciendo es proteger a los empleados y que los centros puedan ejercer su acción social dentro de la comunidad que así lo requiere. Es necesario recordar que la planilla estatal en el caso de fondos que provienen de estos centros, no puede ser permanente porque depende de lo que entra, por lo tanto es imposible hablar de una nomina permanente.
La dirección regional de salud de San Miguelito ha dicho que se tiene hasta esta semana para legalizar la firma del contrato y cumplir con la ley. Si los funcionarios consideran que se les está afectando tienen todas las opciones a través de los juzgados para exponer sus puntos de vista.
Para el director regional de salud, este proceso se continuará haciendo porque ya está bueno de seguir trabajando en base a situaciones erróneas, por el dejar de hacer o no querer comprometerse con nadie y continuar trabajando con mediocridad. Aclara que mientras las personas cumplan con su trabajo y sigan trabajando con aptitud no hay ningún despido.
Agregó que no puede ser que alguien lleve 15 años trabajando y no tenga un contrato, impidiendo a los centros de salud enfrentar con éxito una auditoria de la Contraloría, pues no existen formas para sustentar estas erogaciones.
