Pongan orden en las estadísticas nacionales
Existe un mar de desconfianza sobre las cifras que produce el gobierno, por sus inconsistencias históricas, la demora y últimamente los ajustes que ha hecho sin la debida y amplia explicación y divulgación. Desdichadamente, las cifras que recientemente ha divulgado la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (DEC), al menos en lo que respecta al número de empleados públicos, no contribuyen a generar confianza alguna.
La DEC, por sus siglas, tiene entre sus objetivos dirigir y formar la Estadística Nacional, mantener informada a la nación respecto a los hechos de interés nacional, susceptibles de numeración o recuento, dirigir y elaborar las estadísticas nacionales continuas de comercio exterior, estadísticas del trabajo, industriales, transporte, agropecuarias, justicia, educación, salud, asistencia social, vitales, económicas y otras, y realizar investigaciones estadísticas que sean de interés y prioridad para el desarrollo económico y social del país. Para ello, debe utilizar actualizados y científicos procesos de recolección, elaboración, análisis y publicación de los datos estadísticos. En breve, la DEC es el núcleo de la formación de las estadísticas nacionales y su producto debe ser profesional, técnico, exacto, oportuno y consistente.
Reconocemos que existen temas como población, producción y precios, por ejemplo, cuyo censo se hace difícil, impreciso y costoso. Los ciudadanos, productores y comerciantes no están acostumbrados a reportar este tipo de información y la DEC tiene que basar sus cifras en estimaciones y extrapolaciones. Los censos cuestan dinero que no se tiene. Sin embargo, para otros temas, sólo requiere la cooperación de otras entidades públicas o de otros departamentos dentro de la propia Contraloría.
Uno de estos últimos temas es el número de empleados públicos. Según la propia Contraloría, el sector público está integrado por el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, y los municipios (y excluye el Canal). De acuerdo al Informe del Contralor General de la República para el año 2001 (el último disponible), al cerrar ese año había 142,068 empleados públicos, comparados con 132,254 al cierre del 2000 (es decir, un aumento de 9,814 puestos ó 7.4%).
Pero, según el informe recientemente circulado con el título “Situación Social Estadísticas del Trabajo, Volumen II, Empleo: Sector Público y Privado, año 2001”, el total de empleados en el sector público al cierre del año 2001 era de 171,711, lo cual refleja una diferencia de 29,643 (ó 22.4%) puestos más que lo reportado en el Informe del Contralor. Similares discrepancias existen para los años anteriores.
Si así son las cosas en temas tan poco complejos como el número de empleados públicos, qué podemos esperar de las cifras del DEC sobre, por ejemplo, desempleo o inflación. Además de desacreditar sus propias cifras, sus imprecisiones contagian el resto de las cifras que dan las instituciones estatales. Errar es humano, más aún cuando se trabaja con escasos recursos. Aunque abunden las “fe de errata”, harían bien en corregir sus errores oportunamente.
La DEC, por sus siglas, tiene entre sus objetivos dirigir y formar la Estadística Nacional, mantener informada a la nación respecto a los hechos de interés nacional, susceptibles de numeración o recuento, dirigir y elaborar las estadísticas nacionales continuas de comercio exterior, estadísticas del trabajo, industriales, transporte, agropecuarias, justicia, educación, salud, asistencia social, vitales, económicas y otras, y realizar investigaciones estadísticas que sean de interés y prioridad para el desarrollo económico y social del país. Para ello, debe utilizar actualizados y científicos procesos de recolección, elaboración, análisis y publicación de los datos estadísticos. En breve, la DEC es el núcleo de la formación de las estadísticas nacionales y su producto debe ser profesional, técnico, exacto, oportuno y consistente.
Reconocemos que existen temas como población, producción y precios, por ejemplo, cuyo censo se hace difícil, impreciso y costoso. Los ciudadanos, productores y comerciantes no están acostumbrados a reportar este tipo de información y la DEC tiene que basar sus cifras en estimaciones y extrapolaciones. Los censos cuestan dinero que no se tiene. Sin embargo, para otros temas, sólo requiere la cooperación de otras entidades públicas o de otros departamentos dentro de la propia Contraloría.
Uno de estos últimos temas es el número de empleados públicos. Según la propia Contraloría, el sector público está integrado por el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, y los municipios (y excluye el Canal). De acuerdo al Informe del Contralor General de la República para el año 2001 (el último disponible), al cerrar ese año había 142,068 empleados públicos, comparados con 132,254 al cierre del 2000 (es decir, un aumento de 9,814 puestos ó 7.4%).
Pero, según el informe recientemente circulado con el título “Situación Social Estadísticas del Trabajo, Volumen II, Empleo: Sector Público y Privado, año 2001”, el total de empleados en el sector público al cierre del año 2001 era de 171,711, lo cual refleja una diferencia de 29,643 (ó 22.4%) puestos más que lo reportado en el Informe del Contralor. Similares discrepancias existen para los años anteriores.
Si así son las cosas en temas tan poco complejos como el número de empleados públicos, qué podemos esperar de las cifras del DEC sobre, por ejemplo, desempleo o inflación. Además de desacreditar sus propias cifras, sus imprecisiones contagian el resto de las cifras que dan las instituciones estatales. Errar es humano, más aún cuando se trabaja con escasos recursos. Aunque abunden las “fe de errata”, harían bien en corregir sus errores oportunamente.
