Populismo legislativo
Uno de los principales frenos a la prosperidad de los países latinoamericanos es la irresponsabilidad legislativa en aprobar leyes que aparentan solucionar problemas sociales, pero cuyo costo es mayor al beneficio. Una de las grandes fallas de los gobiernos de los presidentes mexicanos Luis Echeverría y José López Portillo fue pensar que si creaban un instituto, un fideicomiso, una dirección más o una ley especial, que regulara alguna actividad, se eliminaría una carencia social. En los años "70 se crearon cientos de instituciones para sacar de la miseria al campesino. El resultado fue una burocracia agrícola que absorbía 70 centavos de cada peso destinado al agro. Salía más caro el caldo que las albóndigas.
Parece que en la nueva democracia hay quienes olvidan esas experiencias, especialmente en los períodos preelectorales. Al igual que en décadas pasadas, piensan que con la creación de organismos indígenas se ayudará a sacar de la miseria a los indígenas. Otros proponen un nuevo instituto para los sordos, lo que nos llevaría a gastar el poco dinero disponible para ese tipo de discapacitados en sueldos para otra burocracia. Piensan que van a ganar votos y simpatías en la opinión pública presentándose como gloriosos fundadores de un nuevo instituto o promotores de una ley.
Los recursos son escasos y si no tomamos en cuenta lo mucho que cuesta cada instituto, cada movimiento legislativo, haremos más daño que bien a la sociedad. Pero cuesta trabajo oponerse a proyectos que aparentemente van en beneficio de los menesterosos, pero que al pasar de los años lo único que dejan a la sociedad es una costosa burocracia, como pasó con el Banco Nacional de Crédito Rural, que además de no solucionar ningún problema en el campo heredó una deuda multimillonaria que tenemos que pagar todos a través de impuestos. También generó pensiones a los funcionarios de esa institución, que van a cobrar por el resto de sus vidas. Ese dinero saldrá de los bolsillos de los ciudadanos, quienes trabajan produciendo bienes y servicios útiles a la sociedad.
Los ciudadanos productivos tendrán que seguir cubriendo el déficit de infinidad de institutos gubernamentales y de multitud de leyes improductivas que diseñaron aquellos que se presentaron ante la opinión pública como benefactores de los pobres, creando elefantes blancos y multitud de cargos burocráticos.
* Director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa.
(c) www.aipenet.com
Parece que en la nueva democracia hay quienes olvidan esas experiencias, especialmente en los períodos preelectorales. Al igual que en décadas pasadas, piensan que con la creación de organismos indígenas se ayudará a sacar de la miseria a los indígenas. Otros proponen un nuevo instituto para los sordos, lo que nos llevaría a gastar el poco dinero disponible para ese tipo de discapacitados en sueldos para otra burocracia. Piensan que van a ganar votos y simpatías en la opinión pública presentándose como gloriosos fundadores de un nuevo instituto o promotores de una ley.
Los recursos son escasos y si no tomamos en cuenta lo mucho que cuesta cada instituto, cada movimiento legislativo, haremos más daño que bien a la sociedad. Pero cuesta trabajo oponerse a proyectos que aparentemente van en beneficio de los menesterosos, pero que al pasar de los años lo único que dejan a la sociedad es una costosa burocracia, como pasó con el Banco Nacional de Crédito Rural, que además de no solucionar ningún problema en el campo heredó una deuda multimillonaria que tenemos que pagar todos a través de impuestos. También generó pensiones a los funcionarios de esa institución, que van a cobrar por el resto de sus vidas. Ese dinero saldrá de los bolsillos de los ciudadanos, quienes trabajan produciendo bienes y servicios útiles a la sociedad.
Los ciudadanos productivos tendrán que seguir cubriendo el déficit de infinidad de institutos gubernamentales y de multitud de leyes improductivas que diseñaron aquellos que se presentaron ante la opinión pública como benefactores de los pobres, creando elefantes blancos y multitud de cargos burocráticos.
* Director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa.
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