Por favor, no nos empujen
LA AMPLIACIÓN o no del Canal es la decisión más importante que enfrentamos los panameños. Lo que finalmene decidamos en el referendo afectará, por décadas, al futuro del país y a todos los que lo habitamos. No decidiremos sólo por los ciudadanos de hoy. También lo haremos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Por ello, las prisas y las presiones están fuera de lugar. Esa decisión, por su trascendencia, sólo debemos tomarla después de sopesar, muy cuidadosamente, todos los factores y riesgos que implica.
Hace tan sólo unos meses, cuando todavía no se había divulgado el proyecto, los sondeos de opinión mostraban que casi dos tercios de nuestros conciudadanos apoyaban la ampliación. Es sumamente revelador que hoy, después de transcurridas apenas tres semanas del gran anuncio, y sin que hayamos entrado a fondo en el debate de la propuesta de ampliación, las opiniones favorables se hayan reducido a poco más del cincuenta por ciento. El mensaje fue claro.
Y los responsables del gobierno y del proyecto no deben pasarlo por alto, pues es obvio que su estrategia no les está funcionando.
El proyecto de ampliar el Canal no es nuevo; existe desde hace más de sesenta años, y no sólo como concepto. Allí están, para probarlo, las zanjas abiertas por la administración norteamericana en 1939. Sin embargo, ahora se pretende empujarlo, a tambor batiente, en plazos perentorios, impuestos por una urgencia todavía no bien aclarada y que parece más ficticia que real.
No dudo que los manejadores de la Autoridad del Canal estén convencidos de la bondad del proyecto que prepararon. Ellos han venido incubándolo desde hace varios años, calculadamente y con el mayor celo. Pero, por su comportamiento, después de haberse divulgado la propuesta, es evidente que no estaban preparados para enfrentar la reacción que ha provocado. Tal vez, por haber asumido que a todos nos deslumbrarían sus presentaciones o que su aceptación se daría sin cuestionamientos, no han sido capaces de reconocer que sólo son administradores de un bien que no les pertenece y que, por tanto, su obligación primaria es satisfacer todas y cada una de las interrogantes de los ciudadanos comunes, que no son solamente sus mandantes sino quienes decidirán la suerte del proyecto cuando voten en el referendo.
Las primeras escaramuzas han sido contraproducentes; no han servido para vender el proyecto, sino todo lo contrario. Los administradores del Canal se proyectan incapaces para el diálogo, arrogantes y faltos de tolerancia. Más que preocupados por convencer, se les percibe prepotentes. Por eso, no sorprende el giro que vienen tomando las últimas encuestas.
Para la mayoría de los panameños, el tema de la ampliación es vital. Eso también lo demuestran las encuestas. Y, por eso, queremos decidirla bien, después que haya sido ampliamente debatida y aclarada, en todos sus aspectos. El debate, desafortunadamente, y por culpa de sus promotores, ha partido contaminado. Es obvio que en las esferas gubernamentales hay un desmesurado interés por llevarnos al referendo de acuerdo a un cronograma decidido de antemano. Los hechos están probando que esa prisa no es realista, pero eso no parece importarle a quienes gobiernan.
También hay la percepción, muy generalizada, de que el gobierno está decidido a imponernos la ampliación de todas maneras. Sin embargo, a medida que crecen los cuestionamientos, igualmente crece el rechazo de esa postura. Si el gobierno no entiende que su obligación es convencer, en lugar de imponer, seguirá generando anticuerpos y más oposición.
El derecho a cuestionar y pedir aclaraciones que despejen las dudas es esencialmente legítimo. Pero para los creadores del proyecto, esas posturas son intolerables. En su afán de descalificar a quienes sólo cumplen su deber patriótico y ciudadano de pedir explicaciones, han caído en la estupidez de recurrir a la deleznable y trasnochada práctica de ver, detrás de cada crítica, antipatriotismo y conspiraciones izquierdistas.
Las tácticas descalificatorias ensayadas hasta ahora por el gobierno y la ACP, las han llevado hasta el absurdo de negar la naturaleza política del debate. La discusión sobre la ampliación es, esencialmente, política. Negarle ese carácter, es ignorar que la que vamos a tomar, cuando el referendo tenga lugar, es la más importante decisión política para el presente y futuro de nuestra nación. No entiendo cuál es el temor a darle esa connotación, cuando precisamente lo que la coyuntura demanda es una discusión política de altura, en la que todos los actores sociales: gobierno, partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales y profesionales y todas las otras fuerzas que forman y mueven la opinión pública cumplan su responsabilidad política con altura patriótica. Pero, para darle esa proyección, el ejemplo tiene que darlo el gobierno y la ACP.
Para restaurar el edificio monumental a fondo se realizó un estudio, se diseñó un plano con las dimensiones reales sobre la situación de la estructura y las técnicas a utilizarse antes de intervenir.
También se han documentado todos los edificios, levantamientos arquitectónicos y se diagnosticaron los principales problemas de las estructuras.
Para los trabajos de la Catedral y las Monjas de la Concepción se han llevado a cabo estudios de levantamiento arquitectónico, patología de la piedra y estudios estructurales para conocer su estabilidad.
Informaciones revelan que las intervenciones más críticas que se han hecho en la torre de la Catedral han consistido en reintegrar la masa del muro que ha perdido 30 centímetros de espesor para devolverle su originalidad. El costo aproximado es de un millón 200 mil dólares.
Los trabajos que se han realizado en la torre de la Catedral fueron financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Patronato de Panamá Viejo.
Hace tan sólo unos meses, cuando todavía no se había divulgado el proyecto, los sondeos de opinión mostraban que casi dos tercios de nuestros conciudadanos apoyaban la ampliación. Es sumamente revelador que hoy, después de transcurridas apenas tres semanas del gran anuncio, y sin que hayamos entrado a fondo en el debate de la propuesta de ampliación, las opiniones favorables se hayan reducido a poco más del cincuenta por ciento. El mensaje fue claro.
Y los responsables del gobierno y del proyecto no deben pasarlo por alto, pues es obvio que su estrategia no les está funcionando.
El proyecto de ampliar el Canal no es nuevo; existe desde hace más de sesenta años, y no sólo como concepto. Allí están, para probarlo, las zanjas abiertas por la administración norteamericana en 1939. Sin embargo, ahora se pretende empujarlo, a tambor batiente, en plazos perentorios, impuestos por una urgencia todavía no bien aclarada y que parece más ficticia que real.
No dudo que los manejadores de la Autoridad del Canal estén convencidos de la bondad del proyecto que prepararon. Ellos han venido incubándolo desde hace varios años, calculadamente y con el mayor celo. Pero, por su comportamiento, después de haberse divulgado la propuesta, es evidente que no estaban preparados para enfrentar la reacción que ha provocado. Tal vez, por haber asumido que a todos nos deslumbrarían sus presentaciones o que su aceptación se daría sin cuestionamientos, no han sido capaces de reconocer que sólo son administradores de un bien que no les pertenece y que, por tanto, su obligación primaria es satisfacer todas y cada una de las interrogantes de los ciudadanos comunes, que no son solamente sus mandantes sino quienes decidirán la suerte del proyecto cuando voten en el referendo.
Las primeras escaramuzas han sido contraproducentes; no han servido para vender el proyecto, sino todo lo contrario. Los administradores del Canal se proyectan incapaces para el diálogo, arrogantes y faltos de tolerancia. Más que preocupados por convencer, se les percibe prepotentes. Por eso, no sorprende el giro que vienen tomando las últimas encuestas.
Para la mayoría de los panameños, el tema de la ampliación es vital. Eso también lo demuestran las encuestas. Y, por eso, queremos decidirla bien, después que haya sido ampliamente debatida y aclarada, en todos sus aspectos. El debate, desafortunadamente, y por culpa de sus promotores, ha partido contaminado. Es obvio que en las esferas gubernamentales hay un desmesurado interés por llevarnos al referendo de acuerdo a un cronograma decidido de antemano. Los hechos están probando que esa prisa no es realista, pero eso no parece importarle a quienes gobiernan.
También hay la percepción, muy generalizada, de que el gobierno está decidido a imponernos la ampliación de todas maneras. Sin embargo, a medida que crecen los cuestionamientos, igualmente crece el rechazo de esa postura. Si el gobierno no entiende que su obligación es convencer, en lugar de imponer, seguirá generando anticuerpos y más oposición.
El derecho a cuestionar y pedir aclaraciones que despejen las dudas es esencialmente legítimo. Pero para los creadores del proyecto, esas posturas son intolerables. En su afán de descalificar a quienes sólo cumplen su deber patriótico y ciudadano de pedir explicaciones, han caído en la estupidez de recurrir a la deleznable y trasnochada práctica de ver, detrás de cada crítica, antipatriotismo y conspiraciones izquierdistas.
Las tácticas descalificatorias ensayadas hasta ahora por el gobierno y la ACP, las han llevado hasta el absurdo de negar la naturaleza política del debate. La discusión sobre la ampliación es, esencialmente, política. Negarle ese carácter, es ignorar que la que vamos a tomar, cuando el referendo tenga lugar, es la más importante decisión política para el presente y futuro de nuestra nación. No entiendo cuál es el temor a darle esa connotación, cuando precisamente lo que la coyuntura demanda es una discusión política de altura, en la que todos los actores sociales: gobierno, partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales y profesionales y todas las otras fuerzas que forman y mueven la opinión pública cumplan su responsabilidad política con altura patriótica. Pero, para darle esa proyección, el ejemplo tiene que darlo el gobierno y la ACP.
Para restaurar el edificio monumental a fondo se realizó un estudio, se diseñó un plano con las dimensiones reales sobre la situación de la estructura y las técnicas a utilizarse antes de intervenir.
También se han documentado todos los edificios, levantamientos arquitectónicos y se diagnosticaron los principales problemas de las estructuras.
Para los trabajos de la Catedral y las Monjas de la Concepción se han llevado a cabo estudios de levantamiento arquitectónico, patología de la piedra y estudios estructurales para conocer su estabilidad.
Informaciones revelan que las intervenciones más críticas que se han hecho en la torre de la Catedral han consistido en reintegrar la masa del muro que ha perdido 30 centímetros de espesor para devolverle su originalidad. El costo aproximado es de un millón 200 mil dólares.
Los trabajos que se han realizado en la torre de la Catedral fueron financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Patronato de Panamá Viejo.
