Por la seguridad y la democracia
Un mito ha invadido la mente de muchos panameños en los últimos diez años. Se insiste que donde un militar asoma la cabeza con protagonismo -como alcanzar el cargo de director de la Policía, por ejemplo, hasta ahí llega la democracia. La democracia, como concepto ideal queda así supeditado a la presencia de la jerarquía castrense y no, como debe ser, a la cultura política de los civiles en el poder.
No debe sorprender, pero sí alertarnos que en la última década el modelo de administración policial ha fracasado. Si antes fue el autoritarismo, ahora ha predominado la ineficacia, la improvisación que igual daño hace. Por ello, requerimos que este importante tema llegue al recinto legislativo para que, mediante las reformas pertinentes, le ofertemos a la sociedad la paz social y seguridad que reclama.
Sobre la Policía Nacional, en particular, la preocupación sobre quién debe dirigirla no es lo esencial en el problema de la seguridad, aunque sí guarda relación. De ahí las declaraciones del entonces candidato Martín Torrijos sobre la inseguridad que sufrimos y su criterio de que "la ley debería permitir que el Presidente pueda optar por un civil o un miembro de la carrera policial para ser designados en las jefaturas de dicha instituciones". Esto alarmó a los que, a la fecha, no han logrado darle al país la tranquilidad necesaria.
Tenemos que reconocer que en los últimos años se han dado cambios esenciales; en la misma Constitución se estableció que "la República de Panamá no tendrá ejército" (art. 305). A partir de aquí sobran razones que dicen que el debate hoy no es entre militarismo y democracia (este es asunto superado); el debate se ubica, principalmente, entre institucionalidad, eficacia y seguridad en las calles. El componente político al estilo de los años 70 y 80 queda reducido a un asunto ideológico que incluso lo controla la misma Constitución y la Ley. En efecto, la Carta Magna prohíbe a los miembros de la Policía hacer declaraciones políticas en forma individual o colectiva, como intervenir en la política partidista so pena de ser destituidos de inmediato (art. 306).
La Ley 18 de la Policía, por su parte, obliga a sus miembros a actuar con absoluta neutralidad política. Es algo que alcanza al Director General del organismo pero que tiene éxito relativo por el hecho del cómo- a juicio nuestro- se nombra a este funcionario. La ley dice: "será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República", y agrega que sólo se podrá nombrar a "personas civiles que no pertenezcan a la carrera policial".
La población reclama seguridad y por lo tanto, el Ejecutivo, para el período que se avecina, tendrá que darle a esta materia una atención que supere sustancialmente la desidia como se le ha manejado. Al respecto, el candidato electo considera que la seguridad de un país no puede aislarse y reducirse al cuerpo de policía.
Hay que atender aquellos asuntos, hoy por hoy descuidados, entre ellos la seguridad y la educación. Un gobierno que atienda estos aspectos estaría estaría creando las condiciones para que funcione la democracia y no surja, como antaño, los "golpes" al orden institucional venido desde los uniformados y desde civiles en el poder.
A la fecha, desde inicios de los 90, el cargo de Director de la Policía ha estado sujeto cada cinco años a quien alcance la presidencia, con el agravante que quien llega a dirigir la institución lo hace "sin los conocimientos mínimos de carrera". Los conflictos han sido permanentes.
En esas condiciones, el organismo policial es proclive a los vaivenes de los partidos políticos y ¡cuidado! que a ello es que responde la inseguridad como la falta de orientación que reina en el país. De repente, habría que ir más allá y pensar en la posibilidad de que el nombramiento y remoción sea realmente despolitizado y que no dependa, como lo es hoy, del partido en el poder. Creemos que ello deberá ser también tarea en el camino de repensar en la "patria nueva" , en los cambios constitucionales de manera que la Policía Nacional, logre coherencia y continuidad administrativa. Así respiraremos seguridad.
(djayans@hotmail.com)
No debe sorprender, pero sí alertarnos que en la última década el modelo de administración policial ha fracasado. Si antes fue el autoritarismo, ahora ha predominado la ineficacia, la improvisación que igual daño hace. Por ello, requerimos que este importante tema llegue al recinto legislativo para que, mediante las reformas pertinentes, le ofertemos a la sociedad la paz social y seguridad que reclama.
Sobre la Policía Nacional, en particular, la preocupación sobre quién debe dirigirla no es lo esencial en el problema de la seguridad, aunque sí guarda relación. De ahí las declaraciones del entonces candidato Martín Torrijos sobre la inseguridad que sufrimos y su criterio de que "la ley debería permitir que el Presidente pueda optar por un civil o un miembro de la carrera policial para ser designados en las jefaturas de dicha instituciones". Esto alarmó a los que, a la fecha, no han logrado darle al país la tranquilidad necesaria.
Tenemos que reconocer que en los últimos años se han dado cambios esenciales; en la misma Constitución se estableció que "la República de Panamá no tendrá ejército" (art. 305). A partir de aquí sobran razones que dicen que el debate hoy no es entre militarismo y democracia (este es asunto superado); el debate se ubica, principalmente, entre institucionalidad, eficacia y seguridad en las calles. El componente político al estilo de los años 70 y 80 queda reducido a un asunto ideológico que incluso lo controla la misma Constitución y la Ley. En efecto, la Carta Magna prohíbe a los miembros de la Policía hacer declaraciones políticas en forma individual o colectiva, como intervenir en la política partidista so pena de ser destituidos de inmediato (art. 306).
La Ley 18 de la Policía, por su parte, obliga a sus miembros a actuar con absoluta neutralidad política. Es algo que alcanza al Director General del organismo pero que tiene éxito relativo por el hecho del cómo- a juicio nuestro- se nombra a este funcionario. La ley dice: "será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República", y agrega que sólo se podrá nombrar a "personas civiles que no pertenezcan a la carrera policial".
La población reclama seguridad y por lo tanto, el Ejecutivo, para el período que se avecina, tendrá que darle a esta materia una atención que supere sustancialmente la desidia como se le ha manejado. Al respecto, el candidato electo considera que la seguridad de un país no puede aislarse y reducirse al cuerpo de policía.
Hay que atender aquellos asuntos, hoy por hoy descuidados, entre ellos la seguridad y la educación. Un gobierno que atienda estos aspectos estaría estaría creando las condiciones para que funcione la democracia y no surja, como antaño, los "golpes" al orden institucional venido desde los uniformados y desde civiles en el poder.
A la fecha, desde inicios de los 90, el cargo de Director de la Policía ha estado sujeto cada cinco años a quien alcance la presidencia, con el agravante que quien llega a dirigir la institución lo hace "sin los conocimientos mínimos de carrera". Los conflictos han sido permanentes.
En esas condiciones, el organismo policial es proclive a los vaivenes de los partidos políticos y ¡cuidado! que a ello es que responde la inseguridad como la falta de orientación que reina en el país. De repente, habría que ir más allá y pensar en la posibilidad de que el nombramiento y remoción sea realmente despolitizado y que no dependa, como lo es hoy, del partido en el poder. Creemos que ello deberá ser también tarea en el camino de repensar en la "patria nueva" , en los cambios constitucionales de manera que la Policía Nacional, logre coherencia y continuidad administrativa. Así respiraremos seguridad.
(djayans@hotmail.com)
