¿Por qué el Banco Mundial?
Un elemento a la vez curioso y significativo es la polémica que se ha dado en torno a un reciente informe del Banco Mundial sobre la situación de la CSS, el cual parece haber sido dado verbalmente a un grupo de altos funcionarios en un reciente viaje a Washington, ya que, dicho sea de paso, nadie parece haberlo visto en forma física.
Sin embargo, lo importante es que el mismo sea entendido y evaluado en su real dimensión. Para esto en primer lugar, se debe establecer la relación entre esta entidad y el problema de la seguridad social a nivel macroeconómico.
Pese a que algunos como Juan Planells señalan que introducir el tema es "desenfocar la discusión sobre el problema de la institución"; mientras que el viceministro Cortés lo declara un tema prácticamente vedado para el Director de la Caja de Seguro Social y, probablemente, para cualquier ciudadano común y corriente, lo cierto es que hasta los economistas que trabajan para el FMI aceptan de buen grado que ésta es una discusión válida y central. Así, Nicholas Barr en un trabajo realizado para el Banco Mundial bajo el título de "Reforming Pensions. Myths, Truths, and Policy Choice", establece claramente que el buen funcionamiento de la producción y su crecimiento resultan centrales para el buen funcionamiento de los sistemas de pensión, independientemente del esquema financiero en que el mismo se apoye. Más allá de esto un número de trabajos recientes han destacado que uno de los problemas fundamentales de los sistemas de seguridad social de América Latina, incluyendo los de aportación definida, está en la falta de niveles de empleo adecuado y dignos, de salarios precarizados, hechos que limitan las posibilidades de ingresos y capitalización de dichos sistemas.
Dicho esto, es conveniente recordar que la política promovida e impuesta por los llamados organismos financieros por la vía de condicionalidad vinculada a la deuda externa, se basa en lo que John Williams sintetizó bajo el concepto del "Consenso de Washington". Se trata de un conjunto de políticas que cualquier panameño puede reconocer, ya que las mismas han sido sistemáticamente aplicadas. Entre estas se destacan el siguiente decálogo de la política neoliberal: disciplina fiscal extrema y reducción del tamaño del Estado; reordenamiento del gasto público en condiciones que se evite el financiamiento de cualquier elemento que se reconozca como derecho universal; aplicación de reformas tributarias guiadas hacia la reducción de la imposición hacia los más altos niveles de ingresos y la mayor incidencia sobre el consumo; liberalización de la tasa de interés; el mantenimiento de una tasa de cambio competitiva; plena y rápida apertura del comercio al exterior; liberalización completa de los flujos de capital; privatización de las empresas públicas; desregulación de los mercados de bienes (eliminación del control de precios) y del mercado de trabajo (reforma del Código de Trabajo); y plena seguridad jurídica.
Lo importante, sin duda, no es solo destacar que esta política ha sido aplicada consistentemente en Panamá, salvo, posiblemente, la existencia de altos aranceles para el azúcar, lo que lógicamente beneficia a los propietarios de esta industria. De hecho, resulta más importante destacar que entre sus efectos se cuentan algunos elementos como son el hecho de que por primera vez desde 1980 la economía panameña tiene cuatro años seguidos de crecer por debajo de su tasa de largo plazo (3.56 por ciento), así como el hecho de que esto ha generado la pérdida de miles de empleos formales, la precarización del trabajo y el abultamiento del sector informal.
Esta situación no puede menos que afectar a una institución cono la Caja de Seguro Social (CSS), que obtiene aproximadamente el 80 por ciento de sus ingresos de las cuotas pagadas por los afiliados. Ello queda completamente claro si se tiene en cuenta que en dos años la institución ha perdido cerca de 21, 817 cotizantes. No menos importantes es destacar el hecho de que mientras que en el 2000 el 61.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) cotizaba en la CSS, para el 2002 esta cifra se había reducido hasta del 52.4 por ciento, lo que en términos de cobertura significa una regresión de 20 años. El cálculo econométrico del costo de esta situación para la CSS, vale la pena añadir, se encuentra en alrededor de 125.7 millones de balboas.
En estas condiciones el hecho de que algunos funcionarios de la Cámara de Comercio insistan en que el argumento de los efectos de la política neoliberal sobre la CSS "debe quedar atrás", no solo carece de carácter científico, ya que cercena uno de los elementos básicos de la discusión, sino que, además, evitan que la población entienda con claridad los efectos de dicha política.
Por otra parte, a nuestro juicio, pese a las declaraciones de la Cámara de Comercio y otros grupos similares hayan declarado que no tienen interés en la privatización, los mismos deben reconocer que han estado proponiendo la generación de un llamado segundo pilar no solidario en el sistema de seguridad social. Dado ese hecho, es conveniente recordar que piensa el Banco Mundial, con quien dicen estar de acuerdo en él diagnóstico, sobre este elemento: "El segundo pilar obligatorio podría consistir en cuentas de ahorro personales o, en algunos casos, planes ocupacionales. El punto importante es que este pilar debería estar totalmente financiado, ser administrado por el sector privado pero estar reglamentado por el gobierno" (Banco Mundial, Envejecimiento sin Crisis, 1994, p. 276, subrayado nuestro).
En definitiva es fácil entender la preferencia que puede tener la Cámara de Comercio por las políticas del Banco Mundial. Lo que no nos parece transparente es querer evitar el tema para que, nuevamente, sean los sectores más necesitados los que sean obligados a cargar con el costo que implica salvar a la CSS, sobre todo si se tiene en cuenta que en gran medida los problemas provienen de los abusos que, como en el caso de la evasión, han surgido precisamente de los sectores que este gremio representa.
Sin embargo, lo importante es que el mismo sea entendido y evaluado en su real dimensión. Para esto en primer lugar, se debe establecer la relación entre esta entidad y el problema de la seguridad social a nivel macroeconómico.
Pese a que algunos como Juan Planells señalan que introducir el tema es "desenfocar la discusión sobre el problema de la institución"; mientras que el viceministro Cortés lo declara un tema prácticamente vedado para el Director de la Caja de Seguro Social y, probablemente, para cualquier ciudadano común y corriente, lo cierto es que hasta los economistas que trabajan para el FMI aceptan de buen grado que ésta es una discusión válida y central. Así, Nicholas Barr en un trabajo realizado para el Banco Mundial bajo el título de "Reforming Pensions. Myths, Truths, and Policy Choice", establece claramente que el buen funcionamiento de la producción y su crecimiento resultan centrales para el buen funcionamiento de los sistemas de pensión, independientemente del esquema financiero en que el mismo se apoye. Más allá de esto un número de trabajos recientes han destacado que uno de los problemas fundamentales de los sistemas de seguridad social de América Latina, incluyendo los de aportación definida, está en la falta de niveles de empleo adecuado y dignos, de salarios precarizados, hechos que limitan las posibilidades de ingresos y capitalización de dichos sistemas.
Dicho esto, es conveniente recordar que la política promovida e impuesta por los llamados organismos financieros por la vía de condicionalidad vinculada a la deuda externa, se basa en lo que John Williams sintetizó bajo el concepto del "Consenso de Washington". Se trata de un conjunto de políticas que cualquier panameño puede reconocer, ya que las mismas han sido sistemáticamente aplicadas. Entre estas se destacan el siguiente decálogo de la política neoliberal: disciplina fiscal extrema y reducción del tamaño del Estado; reordenamiento del gasto público en condiciones que se evite el financiamiento de cualquier elemento que se reconozca como derecho universal; aplicación de reformas tributarias guiadas hacia la reducción de la imposición hacia los más altos niveles de ingresos y la mayor incidencia sobre el consumo; liberalización de la tasa de interés; el mantenimiento de una tasa de cambio competitiva; plena y rápida apertura del comercio al exterior; liberalización completa de los flujos de capital; privatización de las empresas públicas; desregulación de los mercados de bienes (eliminación del control de precios) y del mercado de trabajo (reforma del Código de Trabajo); y plena seguridad jurídica.
Lo importante, sin duda, no es solo destacar que esta política ha sido aplicada consistentemente en Panamá, salvo, posiblemente, la existencia de altos aranceles para el azúcar, lo que lógicamente beneficia a los propietarios de esta industria. De hecho, resulta más importante destacar que entre sus efectos se cuentan algunos elementos como son el hecho de que por primera vez desde 1980 la economía panameña tiene cuatro años seguidos de crecer por debajo de su tasa de largo plazo (3.56 por ciento), así como el hecho de que esto ha generado la pérdida de miles de empleos formales, la precarización del trabajo y el abultamiento del sector informal.
Esta situación no puede menos que afectar a una institución cono la Caja de Seguro Social (CSS), que obtiene aproximadamente el 80 por ciento de sus ingresos de las cuotas pagadas por los afiliados. Ello queda completamente claro si se tiene en cuenta que en dos años la institución ha perdido cerca de 21, 817 cotizantes. No menos importantes es destacar el hecho de que mientras que en el 2000 el 61.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) cotizaba en la CSS, para el 2002 esta cifra se había reducido hasta del 52.4 por ciento, lo que en términos de cobertura significa una regresión de 20 años. El cálculo econométrico del costo de esta situación para la CSS, vale la pena añadir, se encuentra en alrededor de 125.7 millones de balboas.
En estas condiciones el hecho de que algunos funcionarios de la Cámara de Comercio insistan en que el argumento de los efectos de la política neoliberal sobre la CSS "debe quedar atrás", no solo carece de carácter científico, ya que cercena uno de los elementos básicos de la discusión, sino que, además, evitan que la población entienda con claridad los efectos de dicha política.
Por otra parte, a nuestro juicio, pese a las declaraciones de la Cámara de Comercio y otros grupos similares hayan declarado que no tienen interés en la privatización, los mismos deben reconocer que han estado proponiendo la generación de un llamado segundo pilar no solidario en el sistema de seguridad social. Dado ese hecho, es conveniente recordar que piensa el Banco Mundial, con quien dicen estar de acuerdo en él diagnóstico, sobre este elemento: "El segundo pilar obligatorio podría consistir en cuentas de ahorro personales o, en algunos casos, planes ocupacionales. El punto importante es que este pilar debería estar totalmente financiado, ser administrado por el sector privado pero estar reglamentado por el gobierno" (Banco Mundial, Envejecimiento sin Crisis, 1994, p. 276, subrayado nuestro).
En definitiva es fácil entender la preferencia que puede tener la Cámara de Comercio por las políticas del Banco Mundial. Lo que no nos parece transparente es querer evitar el tema para que, nuevamente, sean los sectores más necesitados los que sean obligados a cargar con el costo que implica salvar a la CSS, sobre todo si se tiene en cuenta que en gran medida los problemas provienen de los abusos que, como en el caso de la evasión, han surgido precisamente de los sectores que este gremio representa.
