¿Por qué faltan medicamentos en la CSS?
En estos momentos que inicia el nuevo gobierno, he escuchado una serie de argumentos, unos válidos y otros que de nada sirven en cuanto al problema de la Caja de Seguro Social (CSS). No me refiero a todos los problemas, sólo nos dedicaremos a un tema sensible como es el caso de los medicamentos, y el porqué la institución no puede aliviar los altos porcentajes de desabastecimiento.
En primer lugar, la Caja de Seguro Social carece de una autonomía al no contar con una legislación que establezca un sistema propio para las compras de medicamentos y de otros insumos médicos-quirúrgicos, lo que resulta ser un factor determinante que contribuye con el aumento del desabastecimiento de los medicamentos.
Las actuales legislaciones operan de la siguiente manera: Por un lado, la Ley 56 de 1995, que se utiliza para todo tipo de compras del Estado, desde un lápiz, igual proceso debe seguir la compra de medicamentos. Esto no es posible, esta norma desatiende las particularidades que tiene el área de medicamentos, además provoca una tramitación engorrosa y tediosa.
Un acto público realizado con la Ley 56 demora entre siete a nueve meses para que el producto esté en las bodegas de la CSS.
En cuanto a la Ley 1 de 2001, que fue aprobada para corregir los vicios y atrasos de la Ley 56, aun cuando si cubre concretamente medicamentos, ha sido desnaturalizada. Pues, al ser reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 178 de 12 de junio 2001, se rebasó el sentido y alcance con el que fue creada, provocando que la Contraloría General de la República la rechazara. Nuevamente fue reglamentada y fue cercenada porque los intereses de unos pocos eran tocados.
Si la institución no recorta los tiempos de contratación, cualquiera que la dirija tendrá los mismos problemas, así como el alto porcentaje de desabastecimiento. Es por ello que propongo que se revise la reglamentación de la Ley 1 y se eliminen los pasos burocráticos.
Por otro lado, el país atraviesa una grave crisis económica que repercute en el cierre de hospitales y centros de salud privados, ocasionando aumentos en el número de recetas médicas y en el consumo de medicamentos. Esto ocasiona que la demanda aumente considerablemente. Aquí proponemos que toda receta expedida por los centros de atención del Ministerio de Salud, emitidos a asegurados, beneficiarios y pensionados sean cancelados por los fondos del gobierno central.
La actual Ley Orgánica, en su artículo 22 acápite C, establece que una de las atribuciones del Director General de la institución es aprobar gastos hasta 20 mil balboas, y en la actualidad, el 68% de las compras tiene un promedio de 80 mil balboas, lo cual contribuye en cierta forma con el desabastecimiento, ya que por los costos actuales de medicamentos y otros insumos, cualquier compra pequeña de escaso volumen sobrepasa esa suma. Son muy complicados y largos los pasos que se tienen que dar, hasta el punto que los trámites oscilan entre 6 a 8 meses para concretarse.
Proponemos que se modifique ese artículo, que se aumente a 100 mil balboas la facultad del director general para comprar solamente medicamentos, material médico quirúrgicos y otros insumos necesarios para el buen desempeño y para atender al derechohabiente oportunamente.
Puedo demostrar que con estas propuestas, la Caja de Seguro Social no solamente ahorrará más de 8 millones de balboas, sino que tendrá un mínimo porcentaje de desabastecimiento.
Una última situación, un 85% de los proveedores de medicamentos incumplen con la entrega oportuna de los productos, esto es fatal; por lo que proponemos mantener una escala de multas considerable para evitar estos abusos y elevar este problema a delitos contra la salud pública y sancionarlos ejemplarmente.
Por último, también los asegurados deben contribuir para resolver estas situaciones tomando conciencia, eliminando el abuso en uso innecesario de los medicamentos producto de las famosas "recetas por complacencia", aumentar los controles en las farmacias y pedir la colaboración de los médicos y enfermeras.
Con estas propuestas consideramos que la Caja de Seguro Social ahorraría unos 12 millones de balboas anuales, y tendríamos los medicamentos oportunamente.
(*)Secretario de Finanzas de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) (sriveracss@hotmail.com)
En primer lugar, la Caja de Seguro Social carece de una autonomía al no contar con una legislación que establezca un sistema propio para las compras de medicamentos y de otros insumos médicos-quirúrgicos, lo que resulta ser un factor determinante que contribuye con el aumento del desabastecimiento de los medicamentos.
Las actuales legislaciones operan de la siguiente manera: Por un lado, la Ley 56 de 1995, que se utiliza para todo tipo de compras del Estado, desde un lápiz, igual proceso debe seguir la compra de medicamentos. Esto no es posible, esta norma desatiende las particularidades que tiene el área de medicamentos, además provoca una tramitación engorrosa y tediosa.
Un acto público realizado con la Ley 56 demora entre siete a nueve meses para que el producto esté en las bodegas de la CSS.
En cuanto a la Ley 1 de 2001, que fue aprobada para corregir los vicios y atrasos de la Ley 56, aun cuando si cubre concretamente medicamentos, ha sido desnaturalizada. Pues, al ser reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 178 de 12 de junio 2001, se rebasó el sentido y alcance con el que fue creada, provocando que la Contraloría General de la República la rechazara. Nuevamente fue reglamentada y fue cercenada porque los intereses de unos pocos eran tocados.
Si la institución no recorta los tiempos de contratación, cualquiera que la dirija tendrá los mismos problemas, así como el alto porcentaje de desabastecimiento. Es por ello que propongo que se revise la reglamentación de la Ley 1 y se eliminen los pasos burocráticos.
Por otro lado, el país atraviesa una grave crisis económica que repercute en el cierre de hospitales y centros de salud privados, ocasionando aumentos en el número de recetas médicas y en el consumo de medicamentos. Esto ocasiona que la demanda aumente considerablemente. Aquí proponemos que toda receta expedida por los centros de atención del Ministerio de Salud, emitidos a asegurados, beneficiarios y pensionados sean cancelados por los fondos del gobierno central.
La actual Ley Orgánica, en su artículo 22 acápite C, establece que una de las atribuciones del Director General de la institución es aprobar gastos hasta 20 mil balboas, y en la actualidad, el 68% de las compras tiene un promedio de 80 mil balboas, lo cual contribuye en cierta forma con el desabastecimiento, ya que por los costos actuales de medicamentos y otros insumos, cualquier compra pequeña de escaso volumen sobrepasa esa suma. Son muy complicados y largos los pasos que se tienen que dar, hasta el punto que los trámites oscilan entre 6 a 8 meses para concretarse.
Proponemos que se modifique ese artículo, que se aumente a 100 mil balboas la facultad del director general para comprar solamente medicamentos, material médico quirúrgicos y otros insumos necesarios para el buen desempeño y para atender al derechohabiente oportunamente.
Puedo demostrar que con estas propuestas, la Caja de Seguro Social no solamente ahorrará más de 8 millones de balboas, sino que tendrá un mínimo porcentaje de desabastecimiento.
Una última situación, un 85% de los proveedores de medicamentos incumplen con la entrega oportuna de los productos, esto es fatal; por lo que proponemos mantener una escala de multas considerable para evitar estos abusos y elevar este problema a delitos contra la salud pública y sancionarlos ejemplarmente.
Por último, también los asegurados deben contribuir para resolver estas situaciones tomando conciencia, eliminando el abuso en uso innecesario de los medicamentos producto de las famosas "recetas por complacencia", aumentar los controles en las farmacias y pedir la colaboración de los médicos y enfermeras.
Con estas propuestas consideramos que la Caja de Seguro Social ahorraría unos 12 millones de balboas anuales, y tendríamos los medicamentos oportunamente.
(*)Secretario de Finanzas de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) (sriveracss@hotmail.com)
