¿Por qué la prisa?
A pesar de mi prolongado silencio de los últimos meses, luego de verter algunas consideraciones públicas sobre la ampliación del Canal, no he dejado de leer con mucho cuidado, pero con creciente preocupación, todos los artículos que se han venido publicando sobre el particular, en los diferentes medios escritos de comunicación, entre ellos El Faro, que edita la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); porque es notorio el interés en muchos de ellos de presionar para que la opinión pública se pronuncie de acuerdo con definir, cuanto antes, lo que conviene hacer con respecto al futuro de la vía acuática.
Precisamente, en la primera plana de la edición de El Panamá América, del martes 17 de febrero pasado, el periodista Oscar Martínez informó que la Cámara de Comercio de Panamá presentó un pliego de peticiones a los candidatos presidenciales, entre las que se halla la recomendación de tomar una decisión "rápida" sobre la ampliación del Canal, lo cual resulta sorprendente, por decir lo menos, dado que hace pocos meses el administrador del Canal dictó una interesante conferencia, la misma que ha ofrecido en otros escenarios, y en la que luego de una prolija y bien documentada exposición concluye que aún falta mucho por definir, especialmente en materia de proyecciones financieras que permita adoptar la mejor decisión sobre el tema.
Ya en ocasión anterior había opinado que el problema del futuro de dicha vía no era técnico sino más bien económico, dado que su ampliación más allá de la que se ha venido llevando a cabo con los recursos de cada presupuesto anual, considerando inclusive un tercer juego de esclusas para darle paso a los barcos post-Panamax es técnicamente viable si la rentabilidad de la operación no es un factor determinante. Pero es el caso que sí lo es, como no se cansan de declararlo los que aspiran a la modernización de la vía, entre otros, la Administración actual.
Admito que se trata de un asunto muy complejo cuando se analiza como se debe, tomando en cuenta no sólo lo pertinente a este importante activo de la Nación, sino también su incidencia en el desarrollo de la economía nacional, considerando que el mismo debe ser equilibrado para que al final de cuentas favorezca, en forma directa, a la mayoría de los panameños, especialmente a los más pobres entre los pobres.
En otras palabras, los escasos recursos de que dispone el Erario Publico deben ser repartidos juiciosamente a fin de que los mismos den pie a un efecto multiplicador en todos los órdenes de la vida nacional, y no sólo en lo que respecta a la comunicación interoceánica, evitando así poner "todos los huevos en la misma canasta".
Se habla del compromiso que tiene nuestro país con el comercio mundial, en cuanto a favorecerlo con las costosas inversiones que demandan un tercer juego de esclusas, cuyo valor se ha estimado en más de 8 mil millones de dólares, sin ningún tipo de garantía de que una vez concretado el proyecto no surjan otras alternativas, que eliminen a los usuarios potenciales de la mejorada ruta canalera.
Opino que la única decisión inteligente que puede adoptar el nuevo gobierno, es continuar perfeccionando los estudios económicos que se han adelantado a la fecha, sin ningún tipo de apremio que lleve a improvisaciones que luego tengamos que lamentar, que es lo que la Administración actual ha declarado ser en todas sus intervenciones su política institucional.
Después de todo, el Canal continuará siendo un activo importante del país con sólo la ampliación que pueda financiarse con los recursos generados por su operación, como ha estado ocurriendo desde hace muchos años de forma casi imperceptible, sin decisiones que luego cuando sea demasiado tarde se comprueben erradas y de efectos traumáticos.
Con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, declaro que frente a la elección de un nuevo gobierno el próximo mes de mayo, lo que cabe es que éste se dedique a atacar los principales problemas que padecemos desde hace mucho tiempo, sin siquiera hasta ahora haber logrado no su eliminación, pero sí por lo menos su marcada reducción, entre ellos, la injusta distribución de la riqueza, el alto índice del desempleo, la corrupción incontrolada, la falta de una verdadera justicia igual para todos, y, quizás, el más importante: la seguridad social, cuyo colapso podría provocar la quiebra del Estado. Frente a ellos, lo del Canal pasa a un segundo plano.
Y es que no pocas veces por tratar de abarcar demasiado, como ha sido el común denominador hasta ahora de todas las intervenciones públicas de los candidatos presidenciales, no se logra concretar en realidad ni siquiera los temas ya mencionados.
Pero volviendo al tema principal de este escrito sobre lo que debe hacerse con relación a la modernización futura del Canal, todavía no se cuenta con toda la información necesaria para una decisión inteligente al respecto, por lo que repito el título de este escrito que cuestiona la prisa con la que la Cámara de Comercio recomienda actuar al régimen que llegue al poder como resultado de las elecciones de mayo. Dejemos, entonces, por fuera de este apremio todo lo que concierna al futuro del Canal de Panamá.
Precisamente, en la primera plana de la edición de El Panamá América, del martes 17 de febrero pasado, el periodista Oscar Martínez informó que la Cámara de Comercio de Panamá presentó un pliego de peticiones a los candidatos presidenciales, entre las que se halla la recomendación de tomar una decisión "rápida" sobre la ampliación del Canal, lo cual resulta sorprendente, por decir lo menos, dado que hace pocos meses el administrador del Canal dictó una interesante conferencia, la misma que ha ofrecido en otros escenarios, y en la que luego de una prolija y bien documentada exposición concluye que aún falta mucho por definir, especialmente en materia de proyecciones financieras que permita adoptar la mejor decisión sobre el tema.
Ya en ocasión anterior había opinado que el problema del futuro de dicha vía no era técnico sino más bien económico, dado que su ampliación más allá de la que se ha venido llevando a cabo con los recursos de cada presupuesto anual, considerando inclusive un tercer juego de esclusas para darle paso a los barcos post-Panamax es técnicamente viable si la rentabilidad de la operación no es un factor determinante. Pero es el caso que sí lo es, como no se cansan de declararlo los que aspiran a la modernización de la vía, entre otros, la Administración actual.
Admito que se trata de un asunto muy complejo cuando se analiza como se debe, tomando en cuenta no sólo lo pertinente a este importante activo de la Nación, sino también su incidencia en el desarrollo de la economía nacional, considerando que el mismo debe ser equilibrado para que al final de cuentas favorezca, en forma directa, a la mayoría de los panameños, especialmente a los más pobres entre los pobres.
En otras palabras, los escasos recursos de que dispone el Erario Publico deben ser repartidos juiciosamente a fin de que los mismos den pie a un efecto multiplicador en todos los órdenes de la vida nacional, y no sólo en lo que respecta a la comunicación interoceánica, evitando así poner "todos los huevos en la misma canasta".
Se habla del compromiso que tiene nuestro país con el comercio mundial, en cuanto a favorecerlo con las costosas inversiones que demandan un tercer juego de esclusas, cuyo valor se ha estimado en más de 8 mil millones de dólares, sin ningún tipo de garantía de que una vez concretado el proyecto no surjan otras alternativas, que eliminen a los usuarios potenciales de la mejorada ruta canalera.
Opino que la única decisión inteligente que puede adoptar el nuevo gobierno, es continuar perfeccionando los estudios económicos que se han adelantado a la fecha, sin ningún tipo de apremio que lleve a improvisaciones que luego tengamos que lamentar, que es lo que la Administración actual ha declarado ser en todas sus intervenciones su política institucional.
Después de todo, el Canal continuará siendo un activo importante del país con sólo la ampliación que pueda financiarse con los recursos generados por su operación, como ha estado ocurriendo desde hace muchos años de forma casi imperceptible, sin decisiones que luego cuando sea demasiado tarde se comprueben erradas y de efectos traumáticos.
Con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, declaro que frente a la elección de un nuevo gobierno el próximo mes de mayo, lo que cabe es que éste se dedique a atacar los principales problemas que padecemos desde hace mucho tiempo, sin siquiera hasta ahora haber logrado no su eliminación, pero sí por lo menos su marcada reducción, entre ellos, la injusta distribución de la riqueza, el alto índice del desempleo, la corrupción incontrolada, la falta de una verdadera justicia igual para todos, y, quizás, el más importante: la seguridad social, cuyo colapso podría provocar la quiebra del Estado. Frente a ellos, lo del Canal pasa a un segundo plano.
Y es que no pocas veces por tratar de abarcar demasiado, como ha sido el común denominador hasta ahora de todas las intervenciones públicas de los candidatos presidenciales, no se logra concretar en realidad ni siquiera los temas ya mencionados.
Pero volviendo al tema principal de este escrito sobre lo que debe hacerse con relación a la modernización futura del Canal, todavía no se cuenta con toda la información necesaria para una decisión inteligente al respecto, por lo que repito el título de este escrito que cuestiona la prisa con la que la Cámara de Comercio recomienda actuar al régimen que llegue al poder como resultado de las elecciones de mayo. Dejemos, entonces, por fuera de este apremio todo lo que concierna al futuro del Canal de Panamá.
