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Por qué me opongo al uso del Fondo Fiduciario


Al igual que la mayoría del pueblo panameño, me opongo al proyecto de ley que la administración Moscoso pretende aprobar, con el fin de usar el "Fondo Fiduciario", que actualmente asciende a B/ 1,300 millones, para pagar anticipadamente una parte de la deuda pública externa, la cual existe en la forma de bonos denominados "bonos Brady".
El Ministro de Economía, Víctor Juliao, argumenta que el gobierno "se ahorra dinero", porque con $1,300 millones del Fondo Fiduciario podría comprar bonos Brady que valen $1,800 millones. Así, afirma Juliao, el estado se ahorraría $ 500 millones.
Sin embargo, nada garantiza dicho "ahorro". El gobierno supone que con habilidad podrá comprarlos a "descuento".
Sin embargo, bien podríamos suponer que el valor de los bonos subirá al momento de anunciar el gobierno que se dispone a comprarlos. Si eso llegase a ocurrir, entonces en lugar de ahorrarnos dinero estaríamos perdiéndolo.
El Ministro Juliao también argumenta que nos ahorraríamos dinero en intereses. Los bonos Brady, dice, le cuestan al gobierno también aproximadamente 5% anual en intereses, y como lo que se adeuda en bonos Brady son $1,800 millones, entonces se están pagando $90 millones en intereses. En comparación el Fondo Fiduciario solamente le rinde al gobierno intereses promedio de aproximadamente 5% anuales, lo que equivale a unos 60 millones de dólares por año.
De manera que si el gobierno cancela los bonos con el Fondo, termina el Ministro Juliao, el gobierno se ahorraría B/ 30 millones por año, que es la diferencia entre el rendimiento actual del Fondo y el pago de intereses por los bonos Brady. Semejante razonamiento parte de un craso error, y es el de suponer que el Fondo Fiduciario no podría obtener un rendimiento superior al 5% anual.
Yo considero que el gobierno sí puede obtener un rendimiento muy superior a ese porcentaje invirtiendo el capital del Fondo Fiduciario en proyectos comerciales con contenido social, como serían el desarrollo de la infraestructura turística y de servicios comerciales necesaria para aprovechar las áreas y edificaciones revertidas a Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999; la ampliación y modernización del servicio de abastecimiento de agua potable en el sector metropolitano; el desarrollo de parte de la infraestructura tendiente a establecer un canal seco o "multi-modal", a manera de alternativa al Canal de Panamá; programas de vivienda de clase media y populares, que podrían desarrollarse en las áreas revertidas a Panamá; la rehabilitación, ampliación y modernización parcial del sistema de salud y educación públicas de Panamá; la rehabilitación y ampliación de caminos de producción, y el suministro, a los pequeños y medianos productores agropecuarios, de apoyo en materia de técnicas productivas, transporte; almacenamiento, y distribución de sus productos. Estas medidas podrían ser apoyadas por una reforma tributaria, por la venta de algunas tierras y edificaciones revertidas por el Tratado de 1977, y por un aumento de las tarifas del Canal de Panamá.
Utilizar el Fondo Fiduciario para pagar la deuda pública externa, privaría al gobierno de la posibilidad de realizar proyectos como los citados, a no ser que recurriese al crédito externo, lo cual dejaría al país en igual o peor situación de endeudamiento.
Por otro lado el recurrir, como pretende el gobierno, a la venta del 49% de las acciones de la Cable & Wireless, como una salida alterna al problema, nos parece igualmente negativo, ya que se perdería totalmente el control sobre las telecomunicaciones, y también una importante y creciente fuente de ingresos como son los dividendos que generan dichas acciones, y que en el largo plazo superarían con creces el interés que paga el gobierno por los bonos Brady.
En conclusión, consideramos que la propuesta de usar el Fondo Fiduciario para pagar la porción de la deuda pública externa que representan los "bonos Brady", o de cualquier otro tipo de préstamo, no beneficiaría, sino que por el contrario, sería perjudicial para el pueblo panameño. Como lo demuestran las encuestas de opinión pública, el pueblo intuye todo esto, y rechaza dicha propuesta. La Asamblea debe acatar la voluntad de sus electores.

101 años de Panamá América

 
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