¿Por qué son pobres los y las indígenas?
Los pueblos indígenas viven una abismal situación de pobreza que desafía al país a ubicarla como tema de alta prioridad, y a éstos desplegar sus variadas potencialidades para superarla. La pobreza se explica con razones como éstas: La pobreza indígena tiene una raíz histórica producto de la subordinación socioeconómica, segregación y discriminación a las que han estado sometidos secularmente las poblaciones aborígenes a partir de la Conquista y Colonización europea. Por más de cinco siglos los indígenas, y también sectores rurales y urbanos han vivido -en diversos grados y proporciones- la correspondencia entre discriminación (cholos, negros, indios, algunos extranjeros) y subordinación político-económica.
La pobreza indígena es expresión de desequilibrio regional. A diferencia de Centroamérica, Panamá se inserta en el rol que el país cumplió secularmente como componente de la aceleración de la circulación de la mercancía a escala mundial, a través de la acentuación del rol transitista, el centralismo político administrativo y el énfasis terciario de la economía, contrastado con débiles acentos en los sectores primarios e incluso secundarios de la economía. Esto delimita grandes desequilibrios regionales, como la asimetría entre un "interior" rural subdotado y subequipado, y una zona de tránsito urbanizada compuesta de una plataforma de infraestructuras y servicios donde resalta el Canal, el centro bancario y financiero internacional, la Zona Libre de Colón, actividades de seguros y reaseguros, y otras.
El modelo segregacionista o integracionista de las políticas estatales, al visualizar a los pueblos indígenas como minorías subordinadas, ha generado diversas formas de exclusión social y la fragmentación, ineficiencia e incluso politización del gasto social. A pesar que se han producido avances en legislación, educación y territorios, no han existido políticas públicas, coherentes y participativas del Estado con relación a los pueblos indígenas. La inversión económica privada ha sido más bien extractivista, es decir centrada en explotaciones de recursos naturales en las áreas indígenas, vistas además como reservorios de mano de obra de bajo costo. Las poblaciones rurales e indígenas se encuentran entre dos formas de organizar la vida social y la vida cotidiana. Por un lado la competencia que es el principio rector del sistema económico y sostén de la modernización, y por otro la reciprocidad expresada en formas comunitarias profundas de solidaridad. Es decir por un lado la sobreexplotación y el sobretrabajo familiar, la informalización y el individualismo que imponen la economía; y por otro la propiedad comunal, la ayuda mutua, la cooperación social de las formas de vida autóctonas. Esta contradicción no se da sólo en el campo sino también en la ciudad, donde miles de migrantes campesinos e indígenas se desenvuelven también entre estas dos lógicas, en la medida que parte de ellos logra adquirir visibilidad y agrupación en las aglomeraciones urbanas.
Los pueblos indígenas en la actualidad viven un proceso de transición entre una economía de subsistencia, y una incipiente inserción en una economía de mercado. La expansión de las economías de mercado en el campo acentúa las desigualdades socioeconómicas y de género dentro de los pueblos indígenas, y entre éstos y el resto del país. Esa inserción se da por la vía de actividades productivas, artesanías y algunos productos agrícolas, pero fundamentalmente por el movimiento de mano de obra orbitando fuera de su ambiente natural. Miles de trabajadores indígenas -principalmente Ngöbe bugles- son la fuerza de trabajo barata de bananeras, cafetales, huertas y cañaverales. La cosmovisión indígena que tradicionalmente se expresaba en el manejo del valor de uso sostenible de los bienes materiales, hace contacto con el sistema económico fundamentado en el valor de cambio, creando nuevas necesidades básicas fuera del alcance de la economía tradicional de autosubsistencia, incorporando en forma dominante el factor monetario (dinero) en la sociedad indígena tradicional.
Por ello recursos forestales (árboles maderables), marinos (langostas y otros), culturales (turismo, artesanías) se convierten en fuentes generadores de ingreso monetario para las comunidades, que al mismo tiempo desorganiza las relaciones basadas en la solidaridad. "En una sociedad globalizante de mercados y bloques, las comunidades indígenas se debaten entre mantener sus procesos locales y su identidad cultural y la adecuación a nuevas realidades y necesidades sociales" (Eligio Alvarado, 2000). Las relaciones muchas veces conflictivas entre macroproyectos de inversión y los pueblos indígenas, pues se visualizan y viabilizan diversos proyectos y macroproyectos (mineros, farmacéuticos, turísticas, madereros, energéticos) generalmente transnacionales, en espacios habitados -comarcales o no- por pueblos indígenas que a su vez demandan mejores niveles de vida y participación en beneficios y decisiones. Estos territorios constituyen hoy en día casi las últimas áreas forestales de Panamá, todavía ricas en flora, fauna y agua, además, son los principales depósitos de minerales, y por ello se convierten en elementos de atracción de estos proyectos, pero sin estar enmarcados en políticas públicas coherentes e incluyentes. Seguiremos la próxima semana.
(raulleisr@hotmail.com)
La pobreza indígena es expresión de desequilibrio regional. A diferencia de Centroamérica, Panamá se inserta en el rol que el país cumplió secularmente como componente de la aceleración de la circulación de la mercancía a escala mundial, a través de la acentuación del rol transitista, el centralismo político administrativo y el énfasis terciario de la economía, contrastado con débiles acentos en los sectores primarios e incluso secundarios de la economía. Esto delimita grandes desequilibrios regionales, como la asimetría entre un "interior" rural subdotado y subequipado, y una zona de tránsito urbanizada compuesta de una plataforma de infraestructuras y servicios donde resalta el Canal, el centro bancario y financiero internacional, la Zona Libre de Colón, actividades de seguros y reaseguros, y otras.
El modelo segregacionista o integracionista de las políticas estatales, al visualizar a los pueblos indígenas como minorías subordinadas, ha generado diversas formas de exclusión social y la fragmentación, ineficiencia e incluso politización del gasto social. A pesar que se han producido avances en legislación, educación y territorios, no han existido políticas públicas, coherentes y participativas del Estado con relación a los pueblos indígenas. La inversión económica privada ha sido más bien extractivista, es decir centrada en explotaciones de recursos naturales en las áreas indígenas, vistas además como reservorios de mano de obra de bajo costo. Las poblaciones rurales e indígenas se encuentran entre dos formas de organizar la vida social y la vida cotidiana. Por un lado la competencia que es el principio rector del sistema económico y sostén de la modernización, y por otro la reciprocidad expresada en formas comunitarias profundas de solidaridad. Es decir por un lado la sobreexplotación y el sobretrabajo familiar, la informalización y el individualismo que imponen la economía; y por otro la propiedad comunal, la ayuda mutua, la cooperación social de las formas de vida autóctonas. Esta contradicción no se da sólo en el campo sino también en la ciudad, donde miles de migrantes campesinos e indígenas se desenvuelven también entre estas dos lógicas, en la medida que parte de ellos logra adquirir visibilidad y agrupación en las aglomeraciones urbanas.
Los pueblos indígenas en la actualidad viven un proceso de transición entre una economía de subsistencia, y una incipiente inserción en una economía de mercado. La expansión de las economías de mercado en el campo acentúa las desigualdades socioeconómicas y de género dentro de los pueblos indígenas, y entre éstos y el resto del país. Esa inserción se da por la vía de actividades productivas, artesanías y algunos productos agrícolas, pero fundamentalmente por el movimiento de mano de obra orbitando fuera de su ambiente natural. Miles de trabajadores indígenas -principalmente Ngöbe bugles- son la fuerza de trabajo barata de bananeras, cafetales, huertas y cañaverales. La cosmovisión indígena que tradicionalmente se expresaba en el manejo del valor de uso sostenible de los bienes materiales, hace contacto con el sistema económico fundamentado en el valor de cambio, creando nuevas necesidades básicas fuera del alcance de la economía tradicional de autosubsistencia, incorporando en forma dominante el factor monetario (dinero) en la sociedad indígena tradicional.
Por ello recursos forestales (árboles maderables), marinos (langostas y otros), culturales (turismo, artesanías) se convierten en fuentes generadores de ingreso monetario para las comunidades, que al mismo tiempo desorganiza las relaciones basadas en la solidaridad. "En una sociedad globalizante de mercados y bloques, las comunidades indígenas se debaten entre mantener sus procesos locales y su identidad cultural y la adecuación a nuevas realidades y necesidades sociales" (Eligio Alvarado, 2000). Las relaciones muchas veces conflictivas entre macroproyectos de inversión y los pueblos indígenas, pues se visualizan y viabilizan diversos proyectos y macroproyectos (mineros, farmacéuticos, turísticas, madereros, energéticos) generalmente transnacionales, en espacios habitados -comarcales o no- por pueblos indígenas que a su vez demandan mejores niveles de vida y participación en beneficios y decisiones. Estos territorios constituyen hoy en día casi las últimas áreas forestales de Panamá, todavía ricas en flora, fauna y agua, además, son los principales depósitos de minerales, y por ello se convierten en elementos de atracción de estos proyectos, pero sin estar enmarcados en políticas públicas coherentes e incluyentes. Seguiremos la próxima semana.
(raulleisr@hotmail.com)
