¿Por qué tanto miedo a una constitución nueva?
En múltiples ocasiones he señalado que no se puede abordar la modernización del Estado Nacional panameño y de todo su sistema institucional (jurídico-político), si no se entra a revisar con una conciencia crítica y científica, valga la redundancia, el andamiaje jurídico fundamental que lo legitima.
¿Necesitamos una constitución nueva o reformas radicales que conlleven a un corte con los contenidos y correlatos que la actual contiene, para edificar nuevos contenidos y correlaciones que aseguren un perfeccionamiento del Estado Nacional? ¿Asegura la actual constitución, un escenario lo suficientemente democrático, para un funcionamiento equilibrado, coherente de la relación Estado y la sociedad civil? ¿Acaso no ha llegado el momento de introducir reformas a todo el sistema político y de representación, contenido en la Carta Magna?
¿Asegura y propicia el actual articulado, una administración de justicia, sin interferencia de los polos de poder político?
Las respuestas a algunas de las preguntas mencionadas nos llevan a sostener que los actuales correlatos que contienen la actual Constitución, han llegado a un límite peligroso, que como nos decía el Dr. José Dolores Moscote, nos puede conducir a un caos institucional. Veamos: No podemos seguir incorporando a nuestro sistema jurídico constitucional, normas que no están expresamente contenidas en ella. La discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia para determinar por autoridad de sentencia, qué normas internacionales, de acuerdo con la doctrina del Bloque Constitucional, hacen parte del ordenamiento jurídico nacional. No estamos cuestionando las disposiciones en cuestión. Ha llegado el momento que la Constitución las contenga de manera clara. En reiteradas ocasiones, he cuestionado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no considerar los Convenios 98 y 87 de la O.I.T., como parte del Bloque de la constitucionalidad panameña. En este campo de la jurisdicción, se requiere reformas profundas, dirigidas a simplificar el excesivo carácter tecnicista y ritualista del proceso. Se trata entonces, de desacralizar este último, en aras de la justicia. El proceso por el proceso es una aberración que tiende a la deshumanización. No puedo concebir, que jueces y magistrados, por tecnicismos rigurosos, no entren al fondo de una contradicción y en consecuencia, resolver. Se requiere una simplificación del proceso judicial para priorizar el fondo. En la medida que no haya una norma constitucional que axiológicamente apunte hacia estos aspectos teológicos, el proceso seguirá caminando lejos de la justicia. Como si lo anterior fuera poco, la actual Constitución no garantiza niveles óptimos relacionados con la jurisdicción de las libertades. Resulta un atentado a la dignidad y la libertad, que los fallos de sala no puedan ser objeto de revisión, cuando estén en juego o peligren valores superiores como la libertad, igualdad, etc. El sistema político y de representación, demanda ajustes constitucionales. Hay que revisar los alcances de la función legislativa y las circunscripciones territoriales y geográficos que le sirven de bases (aprovecho para compartir la propuesta de que hay que eliminar las denominadas partidas circuitales). Constitucionalmente hay que formular nuevos métodos y formas de relacionarse el Estado con la sociedad civil y viceversa. Se requiere revitalizar el carácter excesivamente partidocrático de nuestro sistema político.(Postulaciones independientes).
Como podemos observar, hay suficiente materia que legitiman el debate constitucional. La clase política debe despojarse de ese conservadurismo que actualmente le caracteriza, en no pocas ocasiones, antecedidos de fatuos y mezquinos intereses que le impide ver y priorizar los intereses nacionales.
A pesar de que he sostenido la conveniencia de una constituyente con poder originario, sería saludable que empecemos por debatir si el país necesita o no, una nueva constitución. Dejemos el miedo a este debate y construyamos todos, un sólido Estado de Derecho Social Democrático.
¿Necesitamos una constitución nueva o reformas radicales que conlleven a un corte con los contenidos y correlatos que la actual contiene, para edificar nuevos contenidos y correlaciones que aseguren un perfeccionamiento del Estado Nacional? ¿Asegura la actual constitución, un escenario lo suficientemente democrático, para un funcionamiento equilibrado, coherente de la relación Estado y la sociedad civil? ¿Acaso no ha llegado el momento de introducir reformas a todo el sistema político y de representación, contenido en la Carta Magna?
¿Asegura y propicia el actual articulado, una administración de justicia, sin interferencia de los polos de poder político?
Las respuestas a algunas de las preguntas mencionadas nos llevan a sostener que los actuales correlatos que contienen la actual Constitución, han llegado a un límite peligroso, que como nos decía el Dr. José Dolores Moscote, nos puede conducir a un caos institucional. Veamos: No podemos seguir incorporando a nuestro sistema jurídico constitucional, normas que no están expresamente contenidas en ella. La discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia para determinar por autoridad de sentencia, qué normas internacionales, de acuerdo con la doctrina del Bloque Constitucional, hacen parte del ordenamiento jurídico nacional. No estamos cuestionando las disposiciones en cuestión. Ha llegado el momento que la Constitución las contenga de manera clara. En reiteradas ocasiones, he cuestionado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no considerar los Convenios 98 y 87 de la O.I.T., como parte del Bloque de la constitucionalidad panameña. En este campo de la jurisdicción, se requiere reformas profundas, dirigidas a simplificar el excesivo carácter tecnicista y ritualista del proceso. Se trata entonces, de desacralizar este último, en aras de la justicia. El proceso por el proceso es una aberración que tiende a la deshumanización. No puedo concebir, que jueces y magistrados, por tecnicismos rigurosos, no entren al fondo de una contradicción y en consecuencia, resolver. Se requiere una simplificación del proceso judicial para priorizar el fondo. En la medida que no haya una norma constitucional que axiológicamente apunte hacia estos aspectos teológicos, el proceso seguirá caminando lejos de la justicia. Como si lo anterior fuera poco, la actual Constitución no garantiza niveles óptimos relacionados con la jurisdicción de las libertades. Resulta un atentado a la dignidad y la libertad, que los fallos de sala no puedan ser objeto de revisión, cuando estén en juego o peligren valores superiores como la libertad, igualdad, etc. El sistema político y de representación, demanda ajustes constitucionales. Hay que revisar los alcances de la función legislativa y las circunscripciones territoriales y geográficos que le sirven de bases (aprovecho para compartir la propuesta de que hay que eliminar las denominadas partidas circuitales). Constitucionalmente hay que formular nuevos métodos y formas de relacionarse el Estado con la sociedad civil y viceversa. Se requiere revitalizar el carácter excesivamente partidocrático de nuestro sistema político.(Postulaciones independientes).
Como podemos observar, hay suficiente materia que legitiman el debate constitucional. La clase política debe despojarse de ese conservadurismo que actualmente le caracteriza, en no pocas ocasiones, antecedidos de fatuos y mezquinos intereses que le impide ver y priorizar los intereses nacionales.
A pesar de que he sostenido la conveniencia de una constituyente con poder originario, sería saludable que empecemos por debatir si el país necesita o no, una nueva constitución. Dejemos el miedo a este debate y construyamos todos, un sólido Estado de Derecho Social Democrático.
