¿Por qué tuvimos que llegar al borde del caos?
SI AL ACTUAL inquilino del Palacio de las Garzas lo reconforta la explicación de que tomó la decisión de solicitar a la Asamblea Nacional que suspenda por noventa días los efectos de la nefasta Ley 17, porque así lo pidieron los participantes en un diálogo que, dicho sea de paso, todavía no ha empezado, allá él. El país entero sabe cual fue la verdadera causa; y los esfuerzos oficiales no podrán maquillarla, no importa cuanta palabrería y dinero inviertan para tratar de disfrazar la realidad.
En resumidas cuentas, es poco importante si al Sr. Torrijos y al grupo de sus asesores y colaboradores más íntimos los satisface la justificación que han ensayado, con el propósito inútil de tratar de "salvar cara". Más importante sería que los actuales gobernantes, aunque no lo acepten públicamente, entiendan: primero, que haber ganado las elecciones no les da derecho a administrar el Estado como si fuera su hacienda particular; y, segundo, que las victorias electorales son un voto de confianza, por esencia frágil, porque los pueblos cada día tienen mas conciencia de que ellos son la única fuente del poder.
Ignorar y despreciar la voluntad popular, como lo ha hecho el gobierno del PRD, es un error garrafal que, como los últimos acontecimientos han demostrado, puede borrar, en pocos días, la base de sustentación ciudadana que todo mandatario requiere para poder gobernar. ¡Ojalá aprendan la lección!
Que el gobierno de turno pagará el costo político por su incapacidad para interpretar el clamor general de la nación, que sólo les demandaba un espacio para el diálogo, de eso no hay la menor duda. Pero a la mayoría del país eso le importa, en mi opinión, muy poco. El pueblo, que en estas circunstancias también sabe ser paciente, ajustará las cuentas cuando llegue el momento de las próximas elecciones.
Afortunadamente para este gobierno, en Panamá no existe la revocatoria de mandato similar a la que establece la constitución venezolana. Sería particularmente interesante que a alguna de nuestra "diligentes encuestadoras" se le ocurriera preguntar, en lugar de cómo hacen con frecuencia: ¿Si las elecciones fueran hoy, usted por quien votaría? ¿Si las elecciones pasadas se repitieran, usted por quien votaría?
Al llegar a su fin esta primera etapa de la confrontación con los actuales gobernantes, que ha ganado el pueblo, porque no podía ser de otra manera, el gobierno del PRD ha quedado bastante maltrecho; y el país ha quedado peor.
Pero al hacer las cuentas y los balances, debe quedar claro, muy claro, que la responsabilidad de que llegáramos al borde del caos es exclusivamente del gobierno. La inestabilidad social y la represión que hemos vivido y sufrido; las cuantiosas pérdidas económicas que han afectado a toda la nación, pero especialmente a los sectores más vulnerables, tienen un solo responsable: el gobierno de turno que, con su desprecio por la voluntad popular, innecesariamente, nos arrastró al borde del precipicio.
Cuando los representantes de sectores obreros, educadores y de gremios profesionales anunciaron que se declararían en huelga si no se detenía el proceso de aprobación a tambor batiente del proyecto de reformas, desde los sectores oficiales se subestimó y ridiculizó la advertencia. Con desfachatada soberbia, altos personeros del régimen se pavonearon lanzando amenazas contra quienes se atrevieran a protestar en las calles. Con su prepotencia, cerraron el camino para el diálogo y precipitaron la huelga. La huelga no se dio porque la quisieran los dirigentes del FRENADESO; la huelga se dio, porque el gobierno la provocó. Con su obcecación no dejó otra alternativa.
Ante la realidad evidente de que las protestas, a pesar de las represiones, no disminuían sino que aumentaban, el gobierno, tomó el único camino sensato que le quedaba: retrotraer los hechos y convocar al diálogo que, de manera absurda e incomprensible, se había negado a realizar, antes de aprobar las reformas. Que esa decisión es positiva, no hay la menor duda. Pero ella no puede borrar, como ahora pretenden algunos, los errores del gobierno y, muchos menos, los desastrosos efectos que tuvieron sobre el país.
El diálogo debe celebrarse; y, ojalá produzca resultados que devuelvan al país la tranquilidad. Pero para que ello ocurra, es imprescindible que el gobierno juegue con todas sus cartas sobre la mesa. Por su conducta y antecedentes, con razón el pueblo no confía en su sinceridad. Su papel, especialmente en la primera etapa, en la que se decidirán los aspectos de metodología y de representatividad, debe ser secundario, para permitir que los otros actores sociales, que fueron marginados indebidamente del proceso que culminó con la aprobación de la Ley 17, asuman el liderazgo. El gobierno, así deben reconocerlo sus representantes en el diálogo, equivocó su estrategia y precipitó la crisis que estuvo a punto de llevarnos al despeñadero. Ahora debe tener la humildad de hacerse a un lado y dar paso para que otros aporten nuevas ideas.
En resumidas cuentas, es poco importante si al Sr. Torrijos y al grupo de sus asesores y colaboradores más íntimos los satisface la justificación que han ensayado, con el propósito inútil de tratar de "salvar cara". Más importante sería que los actuales gobernantes, aunque no lo acepten públicamente, entiendan: primero, que haber ganado las elecciones no les da derecho a administrar el Estado como si fuera su hacienda particular; y, segundo, que las victorias electorales son un voto de confianza, por esencia frágil, porque los pueblos cada día tienen mas conciencia de que ellos son la única fuente del poder.
Ignorar y despreciar la voluntad popular, como lo ha hecho el gobierno del PRD, es un error garrafal que, como los últimos acontecimientos han demostrado, puede borrar, en pocos días, la base de sustentación ciudadana que todo mandatario requiere para poder gobernar. ¡Ojalá aprendan la lección!
Que el gobierno de turno pagará el costo político por su incapacidad para interpretar el clamor general de la nación, que sólo les demandaba un espacio para el diálogo, de eso no hay la menor duda. Pero a la mayoría del país eso le importa, en mi opinión, muy poco. El pueblo, que en estas circunstancias también sabe ser paciente, ajustará las cuentas cuando llegue el momento de las próximas elecciones.
Afortunadamente para este gobierno, en Panamá no existe la revocatoria de mandato similar a la que establece la constitución venezolana. Sería particularmente interesante que a alguna de nuestra "diligentes encuestadoras" se le ocurriera preguntar, en lugar de cómo hacen con frecuencia: ¿Si las elecciones fueran hoy, usted por quien votaría? ¿Si las elecciones pasadas se repitieran, usted por quien votaría?
Al llegar a su fin esta primera etapa de la confrontación con los actuales gobernantes, que ha ganado el pueblo, porque no podía ser de otra manera, el gobierno del PRD ha quedado bastante maltrecho; y el país ha quedado peor.
Pero al hacer las cuentas y los balances, debe quedar claro, muy claro, que la responsabilidad de que llegáramos al borde del caos es exclusivamente del gobierno. La inestabilidad social y la represión que hemos vivido y sufrido; las cuantiosas pérdidas económicas que han afectado a toda la nación, pero especialmente a los sectores más vulnerables, tienen un solo responsable: el gobierno de turno que, con su desprecio por la voluntad popular, innecesariamente, nos arrastró al borde del precipicio.
Cuando los representantes de sectores obreros, educadores y de gremios profesionales anunciaron que se declararían en huelga si no se detenía el proceso de aprobación a tambor batiente del proyecto de reformas, desde los sectores oficiales se subestimó y ridiculizó la advertencia. Con desfachatada soberbia, altos personeros del régimen se pavonearon lanzando amenazas contra quienes se atrevieran a protestar en las calles. Con su prepotencia, cerraron el camino para el diálogo y precipitaron la huelga. La huelga no se dio porque la quisieran los dirigentes del FRENADESO; la huelga se dio, porque el gobierno la provocó. Con su obcecación no dejó otra alternativa.
Ante la realidad evidente de que las protestas, a pesar de las represiones, no disminuían sino que aumentaban, el gobierno, tomó el único camino sensato que le quedaba: retrotraer los hechos y convocar al diálogo que, de manera absurda e incomprensible, se había negado a realizar, antes de aprobar las reformas. Que esa decisión es positiva, no hay la menor duda. Pero ella no puede borrar, como ahora pretenden algunos, los errores del gobierno y, muchos menos, los desastrosos efectos que tuvieron sobre el país.
El diálogo debe celebrarse; y, ojalá produzca resultados que devuelvan al país la tranquilidad. Pero para que ello ocurra, es imprescindible que el gobierno juegue con todas sus cartas sobre la mesa. Por su conducta y antecedentes, con razón el pueblo no confía en su sinceridad. Su papel, especialmente en la primera etapa, en la que se decidirán los aspectos de metodología y de representatividad, debe ser secundario, para permitir que los otros actores sociales, que fueron marginados indebidamente del proceso que culminó con la aprobación de la Ley 17, asuman el liderazgo. El gobierno, así deben reconocerlo sus representantes en el diálogo, equivocó su estrategia y precipitó la crisis que estuvo a punto de llevarnos al despeñadero. Ahora debe tener la humildad de hacerse a un lado y dar paso para que otros aporten nuevas ideas.
