Por un nuevo Órgano Legislativo
LA RECIÉN aprobada legislación para establecer una mayoría especial en la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los Diputados "que será vetada por el Presidente simplemente demuestra que a los "Padres de la Patria", más que legislar les preocupa salvar su pellejo. Nuestro sistema legislativo requiere de una urgente reingeniería para evitar caer en lo que han caído otros países y en lo que, en su momento, Panamá no fue la excepción. Basta recordar que una de las justificaciones de los golpistas en 1968 fue la inexistencia de una verdadera democracia en donde los poderes públicos, ejercidos por los "Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial", tal como lo establecía -y sigue estableciendo- la Constitución no actuasen en concordancia con su mandato de hacerlo en forma "limitada y separadamente, pero en armónica colaboración". Argumentaron que no existía el clásico principio de frenos y contrapesos, soporte de cualquier democracia.
Debemos recordar que en 1968 existía una Asamblea con unos 50 diputados que se reunían 4 meses al año -de octubre a enero- y los otros 8 meses restantes el legislativo lo ejercía la Comisión Legislativa Permanente de sólo 7 diputados; el verdadero poder legislativo, que respondía al gobierno de turno. Las prebendas eran el vínculo que tenían los gobiernos para sumar a cualquier opositor rebelde. Lo que se dio en el 68 en Panamá, es muy parecido a lo de Venezuela, en donde el remedio -Chávez- resultó peor que la enfermedad que existía -partidos políticos tradicionales- con la diferencia de que allá hay mucho dinero producto del petróleo.
De octubre de 1968 a noviembre de 1984, el remedio militar más dañino. Cuando se hizo la Constitución de 1972, todos los poderes en su famoso artículo 277, fueron concedidos al "Líder Máximo de la Revolución", General Omar Torrijos Herrera, Comandante de la Guardia Nacional, y "en consecuencia se le otorgaron por el término de 6 años" el ejercicio de amplia gama de poderes, donde estaba el "separar libremente a los miembros del Consejo Nacional de Legislación". O sea que entre octubre de 1968 a noviembre de 1984, las funciones legislativas fueron ejercidas, primero por el Gabinete, después por la Comisión de Legislación -que con certeza no se sabía quiénes la integraban- y finalmente en 1980 por un híbrido entre la Asamblea de Representantes de Corregimientos: 4 escogidos por cada provincia de entre los representantes electos en 1978 y 2 legisladores electos por cada provincia en 1980. Las reformas constitucionales de 1983, crean por primera vez en 16 años un Órgano Legislativo con algunos visos de tal y establecen el año 1984 para realizar las primeras elecciones generales para escoger Presidente y Vicepresidentes desde el golpe de Estado del 68.
La Asamblea, en su nueva versión desde 1984, lleva ya 5 elecciones. Una bajo los militares -1984- en donde se aseguró que por los menos 15 legisladores llegaron a la Asamblea por vía del fraude, totalmente sumisa, con la férrea oposición de los 5 legisladores demócratas cristianos (Ossa, Arellano, Mejía, Montemayor y este servidor) y con la tibia de algunos panameñistas y otros del MOLIRENA. Es en ese período donde se inventan lo de las partidas circuitales para garantizar el apoyo de los legisladores y hacerlos parte del pastel del gobierno central. Muchos de esos dineros se perdieron y en algunos casos en la DRP todavía se investiga el mal uso que de los mismos se hizo.
En la segunda elección -1989- la Democracia Cristiana obtiene la mayoría de curules, pero no la mayoría de la Asamblea. Al salir el PDC del gobierno de Endara, existe por ende una Asamblea no tan fácil de manejar. Recordemos que el plan de Endara de privatizar el INTEL se impide por la oposición legislativa del PDC y el PRD. Además, la inexistencia de recursos públicos -Endara encontró un país en bancarrota-, así como la rigidez en el manejo de los fondos públicos -con algunas excepciones de laxitud- del Contralor Carles, hacen prácticamente imposible que los legisladores se cambien de bando por alguna prebenda recibida.
En 1994, al ganar Pérez Balladares la Presidencia, gana la mayoría de la Asamblea y, por tanto, gobierna con un legislativo muy complaciente, aunque para mantenerlo así lo tenga que aceitar constantemente. Esa Asamblea se caracterizó por permitir repetidamente que el Organo Ejecutivo legislara por medio de facultades extraordinarias; como fue el caso de la legislación bancaria. En 1999, al ganar Mireya Moscoso se producen tres cambios de control de la Asamblea. Primero, con el Pacto de La Pintada, los Arnulfistas se alían con el PDC, escogen un Contralor arnulfista, y derogan las últimas leyes de la anterior Asamblea -como la que creó la Sala Quinta; el Ejecutivo mangonea a la Asamblea. Después, a través del Pacto META en donde el PDC hace mancuerna con el PRD y controlan la Asamblea, se logran dos presidencias legislativas más independientes y transparentes, presididas por Laurentino Cortizo y Rubén Arosemena. Termina el periodo Moscoso con algunos PRD que ceden ante las ventajas que da la amistad con el gobierno de turno -Alvarado, Afú, Pomares, De la Hoz- y el gobierno Moscoso maneja ese último año a su gusto la Asamblea. En el 2004, con la apabullante mayoría PRD, no hay necesidad de buscar nuevos adeptos a la alianza gubernamental legislativa, pero sigue la misma dependencia hacia el Ejecutivo. Prueba de ello lo fue la Ley del Seguro Social. Hay bastantes evidencias para creer que los legisladores de oposición -prácticamente se desconoce qué opinan- también están en la lista de los receptores de beneficios del régimen.
Frente a estas realidades, se hace necesario crear mecanismos para rehacer el sistema legislativo nacional, para que éste sea más independiente del Gobierno Central, que dé muestras de mayor transparencia y cumpla con su papel de fiscalizador; que sea un verdadero freno y contrapeso del Organo Ejecutivo. Acusaciones de legisladores que cambian cheques de trabajadores que no existen, que contrabandean, que venden sus exoneraciones, que nunca asisten a la Asamblea, que tienen botellas en sus planillas personales, son algunas de las cosas que se han hecho públicas. Debe haber muchas más que horrorizarían a la comunidad, como lo es la planilla que maneja durante su período cada presidente de la Asamblea y los B
10.000 a B/15.000.00 en contratos mensuales adicionales que tienen los diputados oposicionistas, según se desprende de la noticia aparecida en El Panamá América el pasado 24 de abril (Página 2). Quizás ello explique por qué el presupuesto legislativo subió en el último año 7 millones.
La reingeniería que requiere la Asamblea no puede nacer de adentro de la misma. Debe ser promovida por toda la sociedad panameña antes que sea muy tarde. Es un proyecto que han llevado a cabo los medios de comunicación, caso de El Panamá América, pero que debería ser de toda la sociedad panameña. El país entero se beneficiaría con un régimen legislativo con más gente capaz en él, que tenga el valor y la independencia necesaria para servir de verdadero freno y contrapeso a quien sea que llegue a ocupar la Presidencia de la República. Que tengamos diputados que no arrienden su criterio por una mensualidad de contratos para nombrar parientes y amigos y quedarse con una parte de ellos. Que tengamos diputados que respondan solamente a su conciencia y al interés nacional.
(gcochez@cableonda.net)
Debemos recordar que en 1968 existía una Asamblea con unos 50 diputados que se reunían 4 meses al año -de octubre a enero- y los otros 8 meses restantes el legislativo lo ejercía la Comisión Legislativa Permanente de sólo 7 diputados; el verdadero poder legislativo, que respondía al gobierno de turno. Las prebendas eran el vínculo que tenían los gobiernos para sumar a cualquier opositor rebelde. Lo que se dio en el 68 en Panamá, es muy parecido a lo de Venezuela, en donde el remedio -Chávez- resultó peor que la enfermedad que existía -partidos políticos tradicionales- con la diferencia de que allá hay mucho dinero producto del petróleo.
De octubre de 1968 a noviembre de 1984, el remedio militar más dañino. Cuando se hizo la Constitución de 1972, todos los poderes en su famoso artículo 277, fueron concedidos al "Líder Máximo de la Revolución", General Omar Torrijos Herrera, Comandante de la Guardia Nacional, y "en consecuencia se le otorgaron por el término de 6 años" el ejercicio de amplia gama de poderes, donde estaba el "separar libremente a los miembros del Consejo Nacional de Legislación". O sea que entre octubre de 1968 a noviembre de 1984, las funciones legislativas fueron ejercidas, primero por el Gabinete, después por la Comisión de Legislación -que con certeza no se sabía quiénes la integraban- y finalmente en 1980 por un híbrido entre la Asamblea de Representantes de Corregimientos: 4 escogidos por cada provincia de entre los representantes electos en 1978 y 2 legisladores electos por cada provincia en 1980. Las reformas constitucionales de 1983, crean por primera vez en 16 años un Órgano Legislativo con algunos visos de tal y establecen el año 1984 para realizar las primeras elecciones generales para escoger Presidente y Vicepresidentes desde el golpe de Estado del 68.
La Asamblea, en su nueva versión desde 1984, lleva ya 5 elecciones. Una bajo los militares -1984- en donde se aseguró que por los menos 15 legisladores llegaron a la Asamblea por vía del fraude, totalmente sumisa, con la férrea oposición de los 5 legisladores demócratas cristianos (Ossa, Arellano, Mejía, Montemayor y este servidor) y con la tibia de algunos panameñistas y otros del MOLIRENA. Es en ese período donde se inventan lo de las partidas circuitales para garantizar el apoyo de los legisladores y hacerlos parte del pastel del gobierno central. Muchos de esos dineros se perdieron y en algunos casos en la DRP todavía se investiga el mal uso que de los mismos se hizo.
En la segunda elección -1989- la Democracia Cristiana obtiene la mayoría de curules, pero no la mayoría de la Asamblea. Al salir el PDC del gobierno de Endara, existe por ende una Asamblea no tan fácil de manejar. Recordemos que el plan de Endara de privatizar el INTEL se impide por la oposición legislativa del PDC y el PRD. Además, la inexistencia de recursos públicos -Endara encontró un país en bancarrota-, así como la rigidez en el manejo de los fondos públicos -con algunas excepciones de laxitud- del Contralor Carles, hacen prácticamente imposible que los legisladores se cambien de bando por alguna prebenda recibida.
En 1994, al ganar Pérez Balladares la Presidencia, gana la mayoría de la Asamblea y, por tanto, gobierna con un legislativo muy complaciente, aunque para mantenerlo así lo tenga que aceitar constantemente. Esa Asamblea se caracterizó por permitir repetidamente que el Organo Ejecutivo legislara por medio de facultades extraordinarias; como fue el caso de la legislación bancaria. En 1999, al ganar Mireya Moscoso se producen tres cambios de control de la Asamblea. Primero, con el Pacto de La Pintada, los Arnulfistas se alían con el PDC, escogen un Contralor arnulfista, y derogan las últimas leyes de la anterior Asamblea -como la que creó la Sala Quinta; el Ejecutivo mangonea a la Asamblea. Después, a través del Pacto META en donde el PDC hace mancuerna con el PRD y controlan la Asamblea, se logran dos presidencias legislativas más independientes y transparentes, presididas por Laurentino Cortizo y Rubén Arosemena. Termina el periodo Moscoso con algunos PRD que ceden ante las ventajas que da la amistad con el gobierno de turno -Alvarado, Afú, Pomares, De la Hoz- y el gobierno Moscoso maneja ese último año a su gusto la Asamblea. En el 2004, con la apabullante mayoría PRD, no hay necesidad de buscar nuevos adeptos a la alianza gubernamental legislativa, pero sigue la misma dependencia hacia el Ejecutivo. Prueba de ello lo fue la Ley del Seguro Social. Hay bastantes evidencias para creer que los legisladores de oposición -prácticamente se desconoce qué opinan- también están en la lista de los receptores de beneficios del régimen.
Frente a estas realidades, se hace necesario crear mecanismos para rehacer el sistema legislativo nacional, para que éste sea más independiente del Gobierno Central, que dé muestras de mayor transparencia y cumpla con su papel de fiscalizador; que sea un verdadero freno y contrapeso del Organo Ejecutivo. Acusaciones de legisladores que cambian cheques de trabajadores que no existen, que contrabandean, que venden sus exoneraciones, que nunca asisten a la Asamblea, que tienen botellas en sus planillas personales, son algunas de las cosas que se han hecho públicas. Debe haber muchas más que horrorizarían a la comunidad, como lo es la planilla que maneja durante su período cada presidente de la Asamblea y los B
10.000 a B/15.000.00 en contratos mensuales adicionales que tienen los diputados oposicionistas, según se desprende de la noticia aparecida en El Panamá América el pasado 24 de abril (Página 2). Quizás ello explique por qué el presupuesto legislativo subió en el último año 7 millones.
La reingeniería que requiere la Asamblea no puede nacer de adentro de la misma. Debe ser promovida por toda la sociedad panameña antes que sea muy tarde. Es un proyecto que han llevado a cabo los medios de comunicación, caso de El Panamá América, pero que debería ser de toda la sociedad panameña. El país entero se beneficiaría con un régimen legislativo con más gente capaz en él, que tenga el valor y la independencia necesaria para servir de verdadero freno y contrapeso a quien sea que llegue a ocupar la Presidencia de la República. Que tengamos diputados que no arrienden su criterio por una mensualidad de contratos para nombrar parientes y amigos y quedarse con una parte de ellos. Que tengamos diputados que respondan solamente a su conciencia y al interés nacional.
(gcochez@cableonda.net)
