Por un salario mínimo al margen de la emoción
Cada dos años los gremios de trabajadores y empresarios se ven forzados a negociar el tope que ha de tener el salario mínimo en este país. A fin de cuenta, entre pujas y repujas interminables, le toca al gobierno de turno dar el veredicto final y que no siempre, o mejor dicho, nunca obedece a la demanda de los trabajadores, pero que terminan aceptándolo a regañadientes, calificando el aumento aprobado de humillante.
Sentimos que ya es tiempo que bajo la directriz del gobierno, se discuta y apruebe una metodología sustentada científicamente, con asesorías de expertos con vivencias internacionales, si el caso así lo requiere, pero que coadyuve a determinar una vez por todas un procedimiento confiable de fijación del salario mínimo sin mayores influencias de los intereses aviesos de ciertos grupos, ni menos aún para que se tome como botín de los políticos.
En este orden de ideas proponemos lo siguiente:
En el contexto de esto último, se tomarán en cuenta otras variables de tipo político y de tendencia social que no dejan de gravitar sobre este tema.
Asimismo, es imperativo sostener una unidad de análisis con cierto nivel de permanencia, conformada, similar a la Comisión de Salario Mínimo, por técnicos de los gremios, a objeto de ejercer toda la labor de evaluación de los indicadores y demás variables; de presentar el informe final y consensuado. De igual manera, sería función de este ente emitir juicios sobre las posibles consecuencias que acarrearía el aumento salarial de este tipo, lo que es particularmente necesario toda vez que estudios hechos en otras economías y con sobrada experiencia en estos aspectos, enfatizan sobre los efectos contradictorios que genera semejante medida, particularmente en su contribución a la espiral inflacionaria y a partir de ello, la inminente caída de la demanda y el mayor riesgo para la inversión.
De conformidad a lo sugerido, se tiende a honrar el esfuerzo dado por el trabajador sin pretender conspirar con la remuneración del capital que converge en un escenario que cada vez tiende a priorizar los valores de justicia y de derechos humanos y que, por ende, no deben tener cabida decisiones antojadizas como la de congelar el salario mínimo o la de otro extremo, como la de llevar el mismo a niveles (B/.745.97) que desarticularían el sistema.
Después de todo, ¿quién creen ustedes que llevará la peor parte en esta controversia? Obviamente será el país, que somos todos...personas de bien e inescrupulosos (de los sectores públicos y privados), Iglesia Católica, partidos políticos y medios de comunicación social. Estamos a tiempo para que, por el bien de la Patria, pongamos un alto al desprestigio nacional generado, el cual se está aupando por diferentes intereses. De igual manera, el Ministerio Público tiene el deber de hacer buen uso de esta oportunidad única para dar un verdadero escarmiento a los responsables de estas violaciones y, de una vez por todas, dar el buen ejemplo poniéndole de verdad el cascabel al gato.
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños.
Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
Sentimos que ya es tiempo que bajo la directriz del gobierno, se discuta y apruebe una metodología sustentada científicamente, con asesorías de expertos con vivencias internacionales, si el caso así lo requiere, pero que coadyuve a determinar una vez por todas un procedimiento confiable de fijación del salario mínimo sin mayores influencias de los intereses aviesos de ciertos grupos, ni menos aún para que se tome como botín de los políticos.
En este orden de ideas proponemos lo siguiente:
Identificar los indicadores (sistema de indicadores) cuyo comportamiento determinarán las variaciones que sufrirá el salario en cuestión, a saber: Productividad promedio de los trabajadores. Entiéndase, por ende, entre mayor será la productividad mayor será el incremento salarial y viceversa. Con ello pierde sustento el argumento empresarial de su sacrificio marginal y que se está premiando al holgazán y; por otro lado, los trabajadores superan un tanto la condición de grupo abusado de su real rendimiento. Medir este indicador será conveniente a nivel de cada trabajador afectado en su respectiva empresa, lo que será comprobado por técnicos idóneos.
Para la anterior se tiene igualmente que contar con un concepto claro de canasta básica familiar, que a nuestro criterio ha de implicar, aparte de los artículos alimenticios, los gastos mínimos de educación, salud, de gas y transporte requeridos por el promedio de miembros de estas familias. El análisis de la variación de los precios de los artículos que conforman dicha canasta permitirá ajustar el salario mínimo nominal de tal suerte que el poder adquisitivo del trabajador no se verá menguado; es decir conserve, en el peor de los casos, el nivel de satisfacción que ha logrado. Evidentemente que elaborar una guía metodológica sobre esta base sugiere una gran dosis de desprendimiento por parte de los patronos y de conciencia hacia el trabajo productivo por parte del trabajador, habida cuenta que de estos indicadores y otros como variación del PIB, de precios al por mayor, se determinaría un índice que nos aproximaría al margen de crecimiento de estos salarios, lo que serviría de marco de referencia para iniciar las diversas negociaciones entre las partes.
En el contexto de esto último, se tomarán en cuenta otras variables de tipo político y de tendencia social que no dejan de gravitar sobre este tema.
Asimismo, es imperativo sostener una unidad de análisis con cierto nivel de permanencia, conformada, similar a la Comisión de Salario Mínimo, por técnicos de los gremios, a objeto de ejercer toda la labor de evaluación de los indicadores y demás variables; de presentar el informe final y consensuado. De igual manera, sería función de este ente emitir juicios sobre las posibles consecuencias que acarrearía el aumento salarial de este tipo, lo que es particularmente necesario toda vez que estudios hechos en otras economías y con sobrada experiencia en estos aspectos, enfatizan sobre los efectos contradictorios que genera semejante medida, particularmente en su contribución a la espiral inflacionaria y a partir de ello, la inminente caída de la demanda y el mayor riesgo para la inversión.
De conformidad a lo sugerido, se tiende a honrar el esfuerzo dado por el trabajador sin pretender conspirar con la remuneración del capital que converge en un escenario que cada vez tiende a priorizar los valores de justicia y de derechos humanos y que, por ende, no deben tener cabida decisiones antojadizas como la de congelar el salario mínimo o la de otro extremo, como la de llevar el mismo a niveles (B/.745.97) que desarticularían el sistema.
Después de todo, ¿quién creen ustedes que llevará la peor parte en esta controversia? Obviamente será el país, que somos todos...personas de bien e inescrupulosos (de los sectores públicos y privados), Iglesia Católica, partidos políticos y medios de comunicación social. Estamos a tiempo para que, por el bien de la Patria, pongamos un alto al desprestigio nacional generado, el cual se está aupando por diferentes intereses. De igual manera, el Ministerio Público tiene el deber de hacer buen uso de esta oportunidad única para dar un verdadero escarmiento a los responsables de estas violaciones y, de una vez por todas, dar el buen ejemplo poniéndole de verdad el cascabel al gato.
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños.
Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo.
La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
El fiscal primero de Familia, Adolfo Pineda, afirma que "la situación es grave".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito".
La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
