Por un veto a favor de la independencia judicial

Este país sufre de una débil capacidad en sus instituciones al momento de exigir responsabilidades, a las personas que ocupan los altos cargos del Estado. Además de la falta de probidad y la componenda, el paisaje de la transparencia se oscurece con la existencia de reglas poco claras que permiten una variedad de interpretaciones que se utilizan de modo acomodaticio para impedir las investigaciones o eximir de los cargos investigados.

La reforma constitucional del 2004 acabó con el régimen de inmunidad existente a la fecha, pero estableció el disparate de convertir a la Corte Suprema en fiscalía, tribunal penal y corregiduría para ventilar los casos de los diputados, lo que se ha convertido en un inmejorable escudo en beneficio de la tranquilidad de los diputados y en detrimento de la integridad que debe caracterizar a las figuras políticas. Es cierto que la nueva norma constitucional tenía que ser reglamentada mediante una ley de la República, para entonces proceder a evacuar los trámites correspondientes de las causas contra diputados que se encuentran pendientes.

No obstante, el proyecto de ley que sobre este respecto recientemente aprobaron los diputados no se encuentra alineado con los principios de la lucha contra la corrupción pues establece exigencias inconstitucionales para que la Corte Suprema cumpla con las funciones que la Constitución le impone. Al requerir que la Corte tome sus decisiones por una mayoría calificada de dos tercios, se viola el principio de independencia judicial que consagra la Constitución.

Ahora que este proyecto de ley fue enviado al Ejecutivo para su sanción, el Presidente de la República debe impedir que esta nueva barrera en la lucha contra la corrupción se convierta en ley de la República y por eso pedimos que ejerza su derecho al veto.