Por una Autoridad Marítima eficiente
Hacíamos ayer una síntesis de cómo desde los años 20 un grupo de visionarios panameños, entre los cuales figuraron Harmodio Arias, Galileo Solís y Ricardo J. Alfaro, sentaron las bases para forjar lo que hoy conocemos como el centro internacional, comercial, marítimo, bancario y de servicios de Panamá, responsable de generar no menos del 70% del Producto Nacional Bruto.
Expresamos también nuestra preocupación con la reciente decisión de la Autoridad Marítima (AMP) de dar a una sola empresa, la Phoenix Group, la aprobación de los planes de cumplimiento del nuevo código de seguridad ISPS por las 6,500 naves de la primera flota del mundo, inscrita bajo nuestra bandera, tanto por razones de alto costo del servicio (cinco más caro que Liberia), como por los riesgos inherentes a todo monopolio y la nula conveniencia económica para el Erario Público (Liberia presta y cobra el servicio, mientras que aquí esencialmente lo cobraría Phoenix).
A lo anterior agregamos que, por razones de sana práctica administrativa, por regla general, ningún gobierno debe adoptar inconsultamente cargas decisorias que afecten el interés nacional cuyos efectos excedan su mandato y que graviten sobre futuros gobiernos los cuales, al asumir el poder, se verían maniatados por acuerdos que tendrían que respetar bajo la doctrina de la seguridad jurídica. En este caso, la AMP adopta una vital decisión a un año de concluir el mandato de su actual directiva, suscribiendo un compromiso monopólico cuya duración excederá seguramente la vigencia de su término.
Por otra parte, la AMP requiere esforzarse para mejorar el servicio que presta. No puede ser que, por ejemplo, todavía se estén parando barcos de su flota en otros puertos del mundo, por incumplir elementales condiciones de navegación, debido a que, por falta de presupuesto o lo que fuere, no se paga a los inspectores los honorarios para inspeccionar anualmente los barcos, pese haber cobrado la AMP previamente el servicio. Eso desdice de nuestra bandera.
Tampoco da buena imagen que se cobre multas a las navieras por infracciones de vieja data. Eso proyecta una impresión de desgreño, puesto que esas multas debieran ser aplicadas y cobradas en el acto, para que tengan un efecto ejemplarizante. Del mismo modo hay que tener mayor cuidado con los inspectores que, fuera de los viáticos, cobran por servicios ya pagados.
Debe mejorarse y agilizarse, igualmente, los distintos trámites, tales como las patentes de navegación, los abanderamientos, las licencias de radio, etc., las cuales deben finiquitarse si no el mismo día, al menos el día siguiente, sin necesidad del diario coro de ruegos y favores. Lamentablemente, la tendencia actual es demorar esos trámites, que debieran estar totalmente automatizados, hasta tres días, lo cual es excesivo. Debe asimismo eliminarse toda discrecionalidad y darles un trámite objetivo, para evitar el riesgo de demoras y las tentaciones inherentes. Hay que profesionalizar y despolitizar el servicio y mejorar la comunicación con el usuario y sus asistentes, no entorpecerlo con papelitos, carné de B/.5 que enseguida se desechan y otras trabas sin sentido.
Expresamos también nuestra preocupación con la reciente decisión de la Autoridad Marítima (AMP) de dar a una sola empresa, la Phoenix Group, la aprobación de los planes de cumplimiento del nuevo código de seguridad ISPS por las 6,500 naves de la primera flota del mundo, inscrita bajo nuestra bandera, tanto por razones de alto costo del servicio (cinco más caro que Liberia), como por los riesgos inherentes a todo monopolio y la nula conveniencia económica para el Erario Público (Liberia presta y cobra el servicio, mientras que aquí esencialmente lo cobraría Phoenix).
A lo anterior agregamos que, por razones de sana práctica administrativa, por regla general, ningún gobierno debe adoptar inconsultamente cargas decisorias que afecten el interés nacional cuyos efectos excedan su mandato y que graviten sobre futuros gobiernos los cuales, al asumir el poder, se verían maniatados por acuerdos que tendrían que respetar bajo la doctrina de la seguridad jurídica. En este caso, la AMP adopta una vital decisión a un año de concluir el mandato de su actual directiva, suscribiendo un compromiso monopólico cuya duración excederá seguramente la vigencia de su término.
Por otra parte, la AMP requiere esforzarse para mejorar el servicio que presta. No puede ser que, por ejemplo, todavía se estén parando barcos de su flota en otros puertos del mundo, por incumplir elementales condiciones de navegación, debido a que, por falta de presupuesto o lo que fuere, no se paga a los inspectores los honorarios para inspeccionar anualmente los barcos, pese haber cobrado la AMP previamente el servicio. Eso desdice de nuestra bandera.
Tampoco da buena imagen que se cobre multas a las navieras por infracciones de vieja data. Eso proyecta una impresión de desgreño, puesto que esas multas debieran ser aplicadas y cobradas en el acto, para que tengan un efecto ejemplarizante. Del mismo modo hay que tener mayor cuidado con los inspectores que, fuera de los viáticos, cobran por servicios ya pagados.
Debe mejorarse y agilizarse, igualmente, los distintos trámites, tales como las patentes de navegación, los abanderamientos, las licencias de radio, etc., las cuales deben finiquitarse si no el mismo día, al menos el día siguiente, sin necesidad del diario coro de ruegos y favores. Lamentablemente, la tendencia actual es demorar esos trámites, que debieran estar totalmente automatizados, hasta tres días, lo cual es excesivo. Debe asimismo eliminarse toda discrecionalidad y darles un trámite objetivo, para evitar el riesgo de demoras y las tentaciones inherentes. Hay que profesionalizar y despolitizar el servicio y mejorar la comunicación con el usuario y sus asistentes, no entorpecerlo con papelitos, carné de B/.5 que enseguida se desechan y otras trabas sin sentido.
