Por una directiva reformista de la Asamblea
El "rgano Legislativo es la instancia clave para la democracia. En efecto, frente al absolutismo que caracterizó al poder público hasta inicios de la época moderna, históricamente la primera conquista democrática de los pueblos fue la representación legislativa. Ello fue así, porque la democracia es en el fondo el régimen de gobierno que reconoce y consagra el pluralismo en la toma de decisiones y el "rgano Legislativo expresa dicho pluralismo.
Cuando se privilegia el valor de la unidad en la composición y conducción de la sociedad se configura en el mejor de los casos una monarquía -etimológicamente significa el poder o principado de uno sólo- y en el peor de los casos una tiranía. Los gobernantes autoritarios y los dictatoriales usan como pretexto la necesaria unidad del Estado. Un caso contemporáneo es el de Fidel Castro que rehúsa el multipartidismo so pretexto de una monolítica unidad del pueblo cubano ante el reto de los Estados Unidos. Por lo contrario, cuando se reconoce el valor de la pluralidad en la composición y conducción de la sociedad se configura en el mejor de los casos una democracia -etimológicamente significa el poder del pueblo, considerado en la multitud de sus integrantes- y en el peor de los casos una anarquía, donde a fuerza de disgregar el poder público éste cesa de funcionar.
Por eso en sana teoría política el Legislativo es el primordial "rgano del Estado democrático. Este principio se mantiene vigente especialmente en el sistema parlamentario, en el cual el Ejecutivo surge de un voto parlamentario. En el sistema presidencial el principio es menos fuerte, pero no desaparece. Por eso, cuando el presidencialismo se exacerba, tiende hacia un régimen plebiscitario, en el cual la relación electoral del líder con los votantes reduce, a veces hasta anula prácticamente, el papel de la representación popular y desnaturaliza el equilibrio constitucional de los poderes. Entonces la democracia se debilita e incluso corre el riesgo de desaparecer.
Ello se ha estado dando en Perú con Fujimori y en Venezuela con Chávez. En México, por lo contrario, la democracia se consolida y se perfecciona, no sólo por el hecho transcendental de que se produce la primera alternancia presidencial en setenta años, sino además porque ningún partido controla una mayoría en el "rgano Legislativo y, por ende, ninguna fuerza política puede absorber el proceso de decisión de la diversidad de representantes populares. Este doble hecho ha contribuido en México a la transición hacia su plena democratización.
En Panamá se da una coyuntura favorable para una reafirmación del "rgano Legislativo y por ende para perfeccionar nuestra democracia. Durante la presidencia de Endara, la necesidad de consolidar nuestra recién estrenada democracia era la primera prioridad. Cuando el Partido Demócrata Cristiano fue excluido del Gobierno, debió ejercer en la Asamblea una oposición constructiva muy cuidadosa para evitar un daño al régimen democrático, aún a costa de que la opinión pública no apreciara su actitud. Durante la presidencia de Pérez Balladares, éste subordinó casi por completo a la bancada del PRD y, por su parte, la bancada del Partido Arnulfista no supo hacer una oposición efectiva. La función legislativa pasó desapercibida y las directivas de la Asamblea se ocuparon sobre todo de acumular recursos para repartírselos.
Ahora, al no tener ni el Partido Arnulfista ni el PRD una mayoría legislativa segura, la importancia de los legisladores se potencia. El país siguió con especial atención las negociaciones para escoger la primera Junta Directiva de la Asamblea y para aprobar o improbar legislativamente los nombramientos o proyectos que el Ejecutivo ha presentado. Ahora sigue con interés creciente los trámites para escoger la segunda Junta Directiva de cara al 1 de septiembre, cuando la Asamblea iniciará su nuevo período de sesiones.
Para el primer período de sesiones era importante elegir una junta directiva que no obstaculizara sistemáticamente la posibilidad de que el nuevo Gobierno emprendiera su obra. Por eso la Bancada Popular y Solidaridad optaron por suscribir el Pacto de la Pintada a favor de una determinada directiva de la Asamblea, pero sin comprometerse a votar positivamente por proyectos de Ley o nombramientos específicos. De esta manera contribuian a la gobernabilidad bajo la presidenta Moscoso, pero guardando su propia independencia de criterio.
El Presidente de la Asamblea en este primer período, miembro de la Bancada Popular, ha sido el primer indígena en llegar a la cabeza de un "rgano del Estado -lo cual ha sido muy positivo. l ha propiciado un tratamiento aceptable de las propuestas de la presidenta, sin retrasos indebidos, y se mantuvo por debajo de la tasa de incremento en la repartición de puestos y prebendas de la que hicieron gala los Presidentes de la pasada Asamblea.
Pero recientemente legisladores del Partido Arnulfista han roto la cohesión en su apoyo a la Presidenta. Primero fue en cuanto al proyecto de Ley sobre el Fondo Fiduciario, que la Presidenta había pedido a legisladores Arnulfistas y de Molirena negociar con la Bancada Popular. Luego es en cuanto a la escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea de acuerdo con lo acordado en el Pacto de La Pintada. Ello indica que el oficialismo no estaría en condiciones de garantizar la totalidad de sus votos en favor de su propio acuerdo de gobernabilidad y de una Presidencia correspondiente de la Asamblea.
De este hecho puede resultar una oportunidad para la valorización de la Asamblea Legislativa. La credibilidad de la Asamblea está por los suelos. Con el reingreso de un magistrado que fue juzgado por corrupción y la desconfianza en la administración de justicia, el "rgano Judicial no está mucho mejor. Ello a pesar de que ambos "rganos cumplen mucho mejor con sus funciones que bajo la dictadura. El Ejecutivo, por su parte, tenía un nivel más alto de aceptación, por lo menos lo tenía la Presidenta al inicio de su Gobierno, pero ya está en rápido descenso. Una democracia que no renueva su credibilidad se condena al estancamiento o a una aventura cualquiera. Venezuela proporciona suficiente advertencia, incluso si el demagogo que podría surgir en Panamá no fuera evidentemente un militar.
Los Legisladores de todas las bancadas o por lo menos una clara mayoría de los mismos tienen la oportunidad de hacer algo al respecto. En vez de elegir un presidente en base a un acuerdo que sólo distribuya los puestos directivos y los privilegios, pueden elegir como nuevo presidente con un compromiso de reformas. Debería ser un legislador o legisladora serio y honesto, de entre los que asisten regularmente a las sesiones plenarias y de comisión, tienen experiencia como presidente de una comisión, intervienen en los debates con inteligencia y vigor y han tenido la iniciativa de promover proyectos de ley sensatos y creativos. Debe estar exento de manejos dudosos de su partidas circuital y libre de la sospecha de que negocia su voto con el Ejecutivo por nombramientos o beneficios individuales. Considerar otras candidaturas sería una irresponsabilidad. Quienes lo hagan asumen por cuenta propia la culpa por aumentar el desprestigio de la Asamblea y merecen la reprobación de la opinión pública.
Los legisladores que se participen en este empeño de reforma deben proponerse ordenar el régimen interno de la Asamblea. Sería mejor eliminar las partidas circuitales, pero si han a existir deben distribuirse equitativamente en función de la población y de su grado de pobreza y su ejecución debe estar sometida a normas estrictas que garanticen que no se conviertan en fuentes de enriquecimiento personal o de politiquería reeleccionista. Los llamados nombramientos por contrato deben desaparecer y, si necesario, se le debe atribuir a cada legislador un mayor presupuesto para el nombramiento de su equipo de trabajo legislativo y circuital, pero de trabajo de verdad. Los privilegios de exención de autos deben reducirse y los pasaportes diplomáticos deben restringirse al cónyuge y a los hijos cuando viajan juntos con el Legislador.
Los legisladores deben, además, comprometerse a establecer una verdadera carrera administrativa para el personal de la Asamblea, de manera a evitar la repetición de los irregulares ingresos a dicha carrera que se escenificaron al término de la pasada Asamblea y los despidos arbitrarios que se han repetido al comienzo de la Asamblea actual.
El aumento en la población justificaría, de acuerdo con las normas legales vigentes, un aumento de hasta nueve legisladores. Se podría calcular que, si 71 legisladores le cuestan actualmente al pueblo panameño B/38 millones aproximadamente, los nueve legisladores adicionales podrían costarle aproximadamente B/4.5 millones. Si la Asamblea no mejora su realidad y su imagen, la opinión pública, sin duda, considerará ese aumento como injustificable. Pero el número de legisladores adicionales podría dar pie a introducir una reforma constitucional cualitativamente muy beneficiosa, si se acordara que los legisladores adicionales en vez de ser electos circuitalmente serían electos como legisladores nacionales, para mejorar el reclutamiento y el rendimiento de la Asamblea.
Para hacer realidad estos cambios en el "rgano Legislativo y por ende perfeccionar nuestra democracia, todos los legisladores tienen responsabilidad. Pero entre más numerosa sea una bancada mayor es su responsabilidad. Algún que otro Legislador o Legisladora ya se ha declarado a favor de un esfuerzo semejante por enseriar el funcionamiento de la Asamblea y mejorar así su credibilidad. Y se sabe de conversaciones entre algunas Bancadas en las que se ha abordado el tema, pero no se ha decidido todavía nada en concreto.
Los panameños y panameñas estamos a la espera de que los legisladores aprovechen la oportunidad de rescatar a la Asamblea como el primer "rgano de la democracia, al servicio de nuestro pueblo y no de ellos mismos, eligiendo una directiva reformista. Debemos prestar atención a quienes favorecen y a quienes obstaculizan este urgente propósito, para premiar a los primeros y castigar a los segundos con nuestro voto.
Cuando se privilegia el valor de la unidad en la composición y conducción de la sociedad se configura en el mejor de los casos una monarquía -etimológicamente significa el poder o principado de uno sólo- y en el peor de los casos una tiranía. Los gobernantes autoritarios y los dictatoriales usan como pretexto la necesaria unidad del Estado. Un caso contemporáneo es el de Fidel Castro que rehúsa el multipartidismo so pretexto de una monolítica unidad del pueblo cubano ante el reto de los Estados Unidos. Por lo contrario, cuando se reconoce el valor de la pluralidad en la composición y conducción de la sociedad se configura en el mejor de los casos una democracia -etimológicamente significa el poder del pueblo, considerado en la multitud de sus integrantes- y en el peor de los casos una anarquía, donde a fuerza de disgregar el poder público éste cesa de funcionar.
Por eso en sana teoría política el Legislativo es el primordial "rgano del Estado democrático. Este principio se mantiene vigente especialmente en el sistema parlamentario, en el cual el Ejecutivo surge de un voto parlamentario. En el sistema presidencial el principio es menos fuerte, pero no desaparece. Por eso, cuando el presidencialismo se exacerba, tiende hacia un régimen plebiscitario, en el cual la relación electoral del líder con los votantes reduce, a veces hasta anula prácticamente, el papel de la representación popular y desnaturaliza el equilibrio constitucional de los poderes. Entonces la democracia se debilita e incluso corre el riesgo de desaparecer.
Ello se ha estado dando en Perú con Fujimori y en Venezuela con Chávez. En México, por lo contrario, la democracia se consolida y se perfecciona, no sólo por el hecho transcendental de que se produce la primera alternancia presidencial en setenta años, sino además porque ningún partido controla una mayoría en el "rgano Legislativo y, por ende, ninguna fuerza política puede absorber el proceso de decisión de la diversidad de representantes populares. Este doble hecho ha contribuido en México a la transición hacia su plena democratización.
En Panamá se da una coyuntura favorable para una reafirmación del "rgano Legislativo y por ende para perfeccionar nuestra democracia. Durante la presidencia de Endara, la necesidad de consolidar nuestra recién estrenada democracia era la primera prioridad. Cuando el Partido Demócrata Cristiano fue excluido del Gobierno, debió ejercer en la Asamblea una oposición constructiva muy cuidadosa para evitar un daño al régimen democrático, aún a costa de que la opinión pública no apreciara su actitud. Durante la presidencia de Pérez Balladares, éste subordinó casi por completo a la bancada del PRD y, por su parte, la bancada del Partido Arnulfista no supo hacer una oposición efectiva. La función legislativa pasó desapercibida y las directivas de la Asamblea se ocuparon sobre todo de acumular recursos para repartírselos.
Ahora, al no tener ni el Partido Arnulfista ni el PRD una mayoría legislativa segura, la importancia de los legisladores se potencia. El país siguió con especial atención las negociaciones para escoger la primera Junta Directiva de la Asamblea y para aprobar o improbar legislativamente los nombramientos o proyectos que el Ejecutivo ha presentado. Ahora sigue con interés creciente los trámites para escoger la segunda Junta Directiva de cara al 1 de septiembre, cuando la Asamblea iniciará su nuevo período de sesiones.
Para el primer período de sesiones era importante elegir una junta directiva que no obstaculizara sistemáticamente la posibilidad de que el nuevo Gobierno emprendiera su obra. Por eso la Bancada Popular y Solidaridad optaron por suscribir el Pacto de la Pintada a favor de una determinada directiva de la Asamblea, pero sin comprometerse a votar positivamente por proyectos de Ley o nombramientos específicos. De esta manera contribuian a la gobernabilidad bajo la presidenta Moscoso, pero guardando su propia independencia de criterio.
El Presidente de la Asamblea en este primer período, miembro de la Bancada Popular, ha sido el primer indígena en llegar a la cabeza de un "rgano del Estado -lo cual ha sido muy positivo. l ha propiciado un tratamiento aceptable de las propuestas de la presidenta, sin retrasos indebidos, y se mantuvo por debajo de la tasa de incremento en la repartición de puestos y prebendas de la que hicieron gala los Presidentes de la pasada Asamblea.
Pero recientemente legisladores del Partido Arnulfista han roto la cohesión en su apoyo a la Presidenta. Primero fue en cuanto al proyecto de Ley sobre el Fondo Fiduciario, que la Presidenta había pedido a legisladores Arnulfistas y de Molirena negociar con la Bancada Popular. Luego es en cuanto a la escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea de acuerdo con lo acordado en el Pacto de La Pintada. Ello indica que el oficialismo no estaría en condiciones de garantizar la totalidad de sus votos en favor de su propio acuerdo de gobernabilidad y de una Presidencia correspondiente de la Asamblea.
De este hecho puede resultar una oportunidad para la valorización de la Asamblea Legislativa. La credibilidad de la Asamblea está por los suelos. Con el reingreso de un magistrado que fue juzgado por corrupción y la desconfianza en la administración de justicia, el "rgano Judicial no está mucho mejor. Ello a pesar de que ambos "rganos cumplen mucho mejor con sus funciones que bajo la dictadura. El Ejecutivo, por su parte, tenía un nivel más alto de aceptación, por lo menos lo tenía la Presidenta al inicio de su Gobierno, pero ya está en rápido descenso. Una democracia que no renueva su credibilidad se condena al estancamiento o a una aventura cualquiera. Venezuela proporciona suficiente advertencia, incluso si el demagogo que podría surgir en Panamá no fuera evidentemente un militar.
Los Legisladores de todas las bancadas o por lo menos una clara mayoría de los mismos tienen la oportunidad de hacer algo al respecto. En vez de elegir un presidente en base a un acuerdo que sólo distribuya los puestos directivos y los privilegios, pueden elegir como nuevo presidente con un compromiso de reformas. Debería ser un legislador o legisladora serio y honesto, de entre los que asisten regularmente a las sesiones plenarias y de comisión, tienen experiencia como presidente de una comisión, intervienen en los debates con inteligencia y vigor y han tenido la iniciativa de promover proyectos de ley sensatos y creativos. Debe estar exento de manejos dudosos de su partidas circuital y libre de la sospecha de que negocia su voto con el Ejecutivo por nombramientos o beneficios individuales. Considerar otras candidaturas sería una irresponsabilidad. Quienes lo hagan asumen por cuenta propia la culpa por aumentar el desprestigio de la Asamblea y merecen la reprobación de la opinión pública.
Los legisladores que se participen en este empeño de reforma deben proponerse ordenar el régimen interno de la Asamblea. Sería mejor eliminar las partidas circuitales, pero si han a existir deben distribuirse equitativamente en función de la población y de su grado de pobreza y su ejecución debe estar sometida a normas estrictas que garanticen que no se conviertan en fuentes de enriquecimiento personal o de politiquería reeleccionista. Los llamados nombramientos por contrato deben desaparecer y, si necesario, se le debe atribuir a cada legislador un mayor presupuesto para el nombramiento de su equipo de trabajo legislativo y circuital, pero de trabajo de verdad. Los privilegios de exención de autos deben reducirse y los pasaportes diplomáticos deben restringirse al cónyuge y a los hijos cuando viajan juntos con el Legislador.
Los legisladores deben, además, comprometerse a establecer una verdadera carrera administrativa para el personal de la Asamblea, de manera a evitar la repetición de los irregulares ingresos a dicha carrera que se escenificaron al término de la pasada Asamblea y los despidos arbitrarios que se han repetido al comienzo de la Asamblea actual.
El aumento en la población justificaría, de acuerdo con las normas legales vigentes, un aumento de hasta nueve legisladores. Se podría calcular que, si 71 legisladores le cuestan actualmente al pueblo panameño B/38 millones aproximadamente, los nueve legisladores adicionales podrían costarle aproximadamente B/4.5 millones. Si la Asamblea no mejora su realidad y su imagen, la opinión pública, sin duda, considerará ese aumento como injustificable. Pero el número de legisladores adicionales podría dar pie a introducir una reforma constitucional cualitativamente muy beneficiosa, si se acordara que los legisladores adicionales en vez de ser electos circuitalmente serían electos como legisladores nacionales, para mejorar el reclutamiento y el rendimiento de la Asamblea.
Para hacer realidad estos cambios en el "rgano Legislativo y por ende perfeccionar nuestra democracia, todos los legisladores tienen responsabilidad. Pero entre más numerosa sea una bancada mayor es su responsabilidad. Algún que otro Legislador o Legisladora ya se ha declarado a favor de un esfuerzo semejante por enseriar el funcionamiento de la Asamblea y mejorar así su credibilidad. Y se sabe de conversaciones entre algunas Bancadas en las que se ha abordado el tema, pero no se ha decidido todavía nada en concreto.
Los panameños y panameñas estamos a la espera de que los legisladores aprovechen la oportunidad de rescatar a la Asamblea como el primer "rgano de la democracia, al servicio de nuestro pueblo y no de ellos mismos, eligiendo una directiva reformista. Debemos prestar atención a quienes favorecen y a quienes obstaculizan este urgente propósito, para premiar a los primeros y castigar a los segundos con nuestro voto.
