Potabilizadora en estado crítico
El subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rafael Reyes, dijo la semana pasada a este diario que la potabilizadora de Chilibre funciona forzada, con su estructura en "situación crítica", lo cual es explicable porque es una planta vieja que ya cumplió sus expectativas y que tiene dificultades en encontrar piezas de repuesto. Mientras eso ocurría, en Tocumen, los vecinos de las populosas barriadas del sector, provocaron un tranque monumental que duró varias horas. En teoría, Tocumen debe ser servida por la proyectada línea de suministro de Panamá Este, no por Chilibre, ubicada al Norte, pero las obras no se terminan y el agua escasea. Rafael Reyes habla de 700 mil panameños. Se equivoca. El casco urbano metropolitano, hace tiempo excede del millón de habitantes. Es cosa de revisar las cifras del censo, que no han sido publicadas íntegramente.
Si usáramos un lenguaje bélico, propio de estos agitados días, sería correcto decir que la capital ha de estar servida de agua desde el Norte por Chilibre, desde el Sur y el Oeste por la planta que opera la Autoridad del Canal, y desde el Este por la citada línea del mismo nombre. Pero la capacidad de Chilibre ha sido sobrepasada y la vieja planta anda a gatas.
Al mismo tiempo, ya dijimos que la línea del Este no es operativa. La situación es extremadamente grave porque a las tribulaciones de funcionamiento de la achacosa planta de Chilibre, se suman los apagones de electricidad, tan frecuentes en estos días. Para la ciudadanía pueden ser incómodas una o varias interrupciones de fluido eléctrico, y de hecho lo son; pero el concomitante corte del suministro del vital líquido es insoportable y tiene harta a la población capitalina.
El director de la entidad, Laurencio Guardia, dice que las leyes de privatización prohíben tener una planta de energía propia, ajena a las generadoras y distribuidoras autorizadas. La ley dispone que no tengan competencia ajena a las reglas, aunque sea para suministro propio, salvo el de las plantas de emergencia en caso de fallas. No están en lo correcto.
El suministro de agua es un servicio público básico para la vida y salud públicas. El de electricidad puede que sea estratégico, pero no es vital, salvo que de él dependan servicios vitales, como en el caso que nos ocupa. Uno puede vivir sin luz y electricidad, pero no sin agua. Si las empresas encargadas no son capaces de asegurar un suministro confiable y continuo de electricidad a la planta de agua de Chilibre, el Estado debe suministrárselo por cualquier otro medio por encima de todo, porque prevalece el interés social sobre el individual a más de tratarse de una situación de orden público e interés social, bajo la doctrina universal de la fuerza mayor.
Por lo demás, deben acelerarse los trámites para la ampliación de la potabilizadora de Chilibre y la línea de suministro del Este. Hasta el momento, la burocracia inoperante ha paralizado ambos trabajos, en cuyo impulso a fondo está la solución definitiva del problema, al menos por una década.
Sobre los ataques prohibidos, en observancia de la prohibición del empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar daños extensos y duraderos al ambiente, se advierte que en el desarrollo de las hostilidades se velará por la protección del medio ambiente natural a efectos de evitarle daños extensos, duraderos y graves. Se prohíben los ataques al ambiente como represalias.
El Derecho de la Guerra también limita los ataques de los combatientes con el objeto de proteger a las personas civiles, a los bienes culturales y los bienes necesarios para la supervivencia de la población, y al personal y a las unidades sanitarias, proscribiéndose los ataques indiscriminados.
Todo lo anterior nos confirma que hasta la guerra tiene límites, los cuales deben ser respetados por los combatientes. Aun cuando en la guerra es lícito atacar al adversario, los derechos fundamentales de la persona humana y, en general, los derechos de salvaguardia de las víctimas de los conflictos armados conferidos por los instrumentos del Derechos Internacional Humanitario, permanecen incólumes y su vulneración constituye un atentado contra la humanidad toda.
(solisgon@cwpanama.net)
Si usáramos un lenguaje bélico, propio de estos agitados días, sería correcto decir que la capital ha de estar servida de agua desde el Norte por Chilibre, desde el Sur y el Oeste por la planta que opera la Autoridad del Canal, y desde el Este por la citada línea del mismo nombre. Pero la capacidad de Chilibre ha sido sobrepasada y la vieja planta anda a gatas.
Al mismo tiempo, ya dijimos que la línea del Este no es operativa. La situación es extremadamente grave porque a las tribulaciones de funcionamiento de la achacosa planta de Chilibre, se suman los apagones de electricidad, tan frecuentes en estos días. Para la ciudadanía pueden ser incómodas una o varias interrupciones de fluido eléctrico, y de hecho lo son; pero el concomitante corte del suministro del vital líquido es insoportable y tiene harta a la población capitalina.
El director de la entidad, Laurencio Guardia, dice que las leyes de privatización prohíben tener una planta de energía propia, ajena a las generadoras y distribuidoras autorizadas. La ley dispone que no tengan competencia ajena a las reglas, aunque sea para suministro propio, salvo el de las plantas de emergencia en caso de fallas. No están en lo correcto.
El suministro de agua es un servicio público básico para la vida y salud públicas. El de electricidad puede que sea estratégico, pero no es vital, salvo que de él dependan servicios vitales, como en el caso que nos ocupa. Uno puede vivir sin luz y electricidad, pero no sin agua. Si las empresas encargadas no son capaces de asegurar un suministro confiable y continuo de electricidad a la planta de agua de Chilibre, el Estado debe suministrárselo por cualquier otro medio por encima de todo, porque prevalece el interés social sobre el individual a más de tratarse de una situación de orden público e interés social, bajo la doctrina universal de la fuerza mayor.
Por lo demás, deben acelerarse los trámites para la ampliación de la potabilizadora de Chilibre y la línea de suministro del Este. Hasta el momento, la burocracia inoperante ha paralizado ambos trabajos, en cuyo impulso a fondo está la solución definitiva del problema, al menos por una década.
Sobre los ataques prohibidos, en observancia de la prohibición del empleo de métodos o medios de guerra concebidos para causar daños extensos y duraderos al ambiente, se advierte que en el desarrollo de las hostilidades se velará por la protección del medio ambiente natural a efectos de evitarle daños extensos, duraderos y graves. Se prohíben los ataques al ambiente como represalias.
El Derecho de la Guerra también limita los ataques de los combatientes con el objeto de proteger a las personas civiles, a los bienes culturales y los bienes necesarios para la supervivencia de la población, y al personal y a las unidades sanitarias, proscribiéndose los ataques indiscriminados.
Todo lo anterior nos confirma que hasta la guerra tiene límites, los cuales deben ser respetados por los combatientes. Aun cuando en la guerra es lícito atacar al adversario, los derechos fundamentales de la persona humana y, en general, los derechos de salvaguardia de las víctimas de los conflictos armados conferidos por los instrumentos del Derechos Internacional Humanitario, permanecen incólumes y su vulneración constituye un atentado contra la humanidad toda.
(solisgon@cwpanama.net)
