PRAA, presente y futuro
Al cumplirse 7 años de estar operando el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), es obligatorio hacer un análisis integral del mismo. Para la creación del plan se realizó un estudio actuarial previo y entre otras recomendaciones, se estableció el aporte del 7.90% del salario de los educadores participantes (4.40% el Estado y 3.50% los docentes); además se debe mantener un rendimiento ponderado del 6% en los fondos del portafolio de inversiones realizados en instrumentos y bancos con garantía de inversión. Eso se ha cumplido.
Recordemos que las jubilaciones especiales fueron eliminadas con anterioridad a la creación del PRAA, el cual contempla dos beneficios básicos para sus miembros: una pensión de retiro anticipado temporal equivalente al 85% del salario promedio de los siete mejores años laborados en el MEDUCA o en el IPHE, y los que no se acogen a la pensión anticipada y opten por seguir laborando, recibirán al momento en que decidan acogerse o lleguen a la edad de pensión de vejez de la CSS, un porcentaje de la suma equivalente al importe de las pensiones que hubieran recibido hasta ese momento. En ambos casos, los educadores tienen que haber cumplido 28 años de servicio docente y tener como mínimo 56 años de edad los hombres y 52 años y seis meses, las mujeres.
La ley del PRAA contempla estudios aduanales por el fiduciario cada dos años desde su creación, a la fecha sólo se ha realizado uno, con datos a diciembre de 2005. Los fondos del plan superan los B/. 135 millones, invertidos en instrumentos y bancos con garantía de inversión como lo establece su ley. Los dueños de esos dineros somos los más de 18,000 educadores que a él pertenecemos. La CSS, como fiduciario de esos ahorros, obtiene ganancias y genera empleos; además es responsable del presente y el futuro del PRAA. Es preocupante que miembros de la comisión de alto nivel de dicho plan y funcionarios de la CSS den información a los medios, creando expectativas y diagnosticando situaciones, sin realizar o haber esperado un análisis financiero económico de todas las partes.
Los representantes de los gremios magisteriales deben explicar a los miembros del PRAA el porqué aceptaron crear y participar de una comisión de alto nivel, donde el gobierno controla una mayoría que utilizará para modificar la ley, y hacer lo que desee con el plan, se les olvidó lo ocurrido en el 2005 con las reformas de la ley de la CSS; y en el 2006, en la lucha por un merecido ajuste salarial a los docentes.
A muchos educadores que califican para el plan no se le ha realizado el descuento, lo que es preocupante.
Es urgente que las finanzas, proyecciones económicas y cualquier modificación que se pretenda hacer a la Ley N°. 54 de 27 de diciembre de 2000, se analice integralmente en una Comisión Técnica Económica y Financiera de nivel óptimo, integrada primordialmente por representantes del gobierno y de los miembros del plan con sus asesores, donde se debe incluir a los Comisionados del PRAA elegidos en votación popular por sus miembros. Si no actuamos inteligentemente, habrá decepciones, sorpresas y sorprendidos.
