Prensa en Latinoamérica
Símbolo argentino es Clarín, el Diario más premiado del mundo, que se edita en centenares de miles de ejemplares, desde hace 65 años.
A este grupo, calificado como magnífico conglomerado de medios, el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, que sigue con fidelidad las desacertadas acciones del mandatario venezolano Hugo Chávez, le canceló la proveedora de Internet.
A este último hecho se le ha identificado como ilegal y arbitrario, además como un nuevo paso en la brutal campaña oficialista de persecución, ataques y hostigamiento, en contra de la prensa independiente y pluralista. Los principales periódicos de esa nación coinciden en denunciar que son blancos de permanentes ofensivas, para desprestigiarles o desaparecerles.
Mientras la libertad de expresión está sufriendo serias arremetidas en la culta Argentina, esta onda de lodo y odio se acrecienta en los países donde influye el socialismo del siglo XXI, inspirado en lo que practican los tiranos de Cuba.
San tantas las aberraciones que, en este campo, se perpetran en Venezuela, que es imposible detallarlas en una columna periodística.
En Nicaragua y Bolivia, la situación va por ese mismo rumbo de intolerancia e intentos de ejercer el absoluto control político en los medios, para manipular la información y las opiniones.
En estos ámbitos, no se entiende que la subordinación incondicional a los gobernantes es indigna de la prensa y de los escritores que aman la libertad y la democracia.
En Ecuador, donde el Presidente Rafael Correa demuestra antipatías para la prensa que no es gubernamental, los asambleístas tienen una responsabilidad que la Historia sabrá sancionar o reconocer, si aprueban o no ciertas disposiciones del proyecto en trámite de la Ley Orgánica de Comunicación que, por su naturaleza, no debe ser mordaza.
En los principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lee: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación”.
¿Qué sucede cuando el propio Gobierno vulnera las garantías y derechos ciudadanos que, por disposiciones legales y responsabilidades éticas, está llamado a defender y no a quebrantar? Allí, el absolutismo reemplaza al imperio del Derecho y quienes emiten su pensamiento que no agrada a los déspotas son reducidos a prisión, se les persigue obstinadamente, se les ataca con los insultos más rastreros e inclusive se les desaparece.
En América Latina y el Caribe, la libertad de prensa jamás debe eclipsarse.
