Prensa y seguridad

Los medios de comunicación tienen un importante papel en la lucha por la creación de una sociedad más segura. Ejercen ese papel porque cuentan con el más valioso de los recursos: la libertad de expresión, que les permite crear climas de entendimiento necesarios para abrir a debate, y promover las políticas de Estado que garanticen la participación de los ciudadanos en la lucha diaria por una democracia sana en una sociedad segura.

En toda sociedad democrática, por otra parte, la tarea de contribuir a la creación de un clima de seguridad desde los medios de comunicación entraña una relación siempre compleja, y a veces conflictiva, entre ellos y las autoridades del Estado.

Al definir lo que el país ha querido que sea su fuerza pública, la prensa ha desempeñado un valioso papel como espacio para la discusión nacional y para la orientación, con equívocos y aciertos, de algunos caminos de acción. Al mismo tiempo, también, los medios de comunicación han promovido en ocasiones percepciones que enturbian el vínculo entre la fuerza pública y la prensa con agrias discordias o distanciamientos inconvenientes para ambas partes.

Lo fundamental, en todo caso, es que ambos poderes, el de la fuerza institucional y el de la libertad de expresión representada en la prensa, convergen en un mismo interés por preservar las virtudes de la democracia y llevarla más allá de sus eventuales imperfecciones.

No interesa debatir sobre la superioridad de uno de esos poderes respecto al otro. El hecho es que ambos se requieren, más allá de sus divergencias para llevar a la práctica los valores democráticos que comparten.

El poder y la responsabilidad siempre van de la mano en una sociedad democrática. La prensa debe ejercer el enorme poder de que disfruta con tanta o mayor responsabilidad que la que cabe exigir a los directivos de la fuerza pública. Y ese ejercicio responsable del poder de la prensa es del mayor interés para la fuerza pública, precisamente porque contribuye a preservar la legitimidad en el uso de los instrumentos de la autoridad frente a los riesgos siempre presentes del abuso y la desviación de sus objetivos para satisfacer otros intereses de poder.

En democracia, una relación sana y de beneficio para toda la sociedad entre los poderes de la prensa y del Estado demanda mantener una actitud de permanente autocrítica, guiada por los intereses superiores del bien común, que facilite la tarea de promover la participación ciudadana sin el perjuicio de estereotipos mutuamente excluyentes.

En todo el planeta, las aspiraciones de cada sociedad al desarrollo, el progreso y el bienestar se ven amenazadas por fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, el pandillerismo, la violencia social y la degradación acumulada por las inequidades. Y no es un secreto para nadie que las propias instituciones públicas que permiten a la sociedad enfrentar esas amenazas se encuentran asediadas por el riesgo de que la corrupción limite y desvirtúe la eficacia de su labor.

En estas circunstancias, y quizás como nunca antes, un Estado democrático debe garantizar la libre expresión, que constituye, sin duda, su mayor activo de defensa. Y en un régimen democrático, a su vez, quienes ejercen esa libertad, están obligados a defenderla mediante el más sencillo de los procedimientos: Informar la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, y sustentar sus opiniones en datos y hechos comprobables. A los medios de información les compete una enorme responsabilidad social en el logro de la seguridad pública. Y la verdad es, sin duda, la herramienta más poderosa para el ejercicio de esa responsabilidad.