Preocupaciones de los consumidores
Con los comentarios de Juan Carlos Tapia en "Lo Mejor del Boxeo" del 18 de mayo y la publicación el día siguiente del Comunicado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) referente a "Los Agroquímicos en Panamá", los consumidores hemos quedado muy preocupados. El Señor Tapia da una justificada alarma, hace un llamado a la conciencia y dice: ¡Aquí hay contaminación en los alimentos! El Comunicado presenta cifras, muestra a un Ministro que es productor evadiendo la realidad y tratando de dar justificaciones. Y mientras tanto, ha transcurrido casi un mes y los consumidores seguimos esperando a que el MIDA dicte un informe serio y responsable con los resultados de los análisis de contenido residual de productos nacionales e importados, que es lo único que nos puede tranquilizar.
De hecho existen interrogantes que deben ser aclaradas a los consumidores. Primero, sobre la variedad de productos registrados para uso en la agricultura, el MIDA informa que suman más de 1,100, de los cuales 647 son plaguicidas químicos. Esto significa que existe una ventana abierta a la introducción y venta de plaguicidas en el país, lo cual está vinculada a la participación de Panamá en la OMC. No obstante, cabría la pregunta, ¿quién está llevando la información sobre plaguicidas al agricultor? Si son los propios vendedores de plaguicidas, entonces debemos suponer que ellos están promoviendo las ventas y el uso abundante de plaguicidas. La solución de los residuos en los alimentos y en el agua potable está en un control del uso de plaguicidas en el nivel del productor y en el conocimiento que tiene el agricultor, así como en la vigilancia por parte de los funcionarios del MIDA y del Ministerio de Salud (MINSA) en el control residual de los alimentos. Los países mas desarrollados han dictado y establecido políticas claras en esta materia para reducir de forma significativa los plaguicidas usados, y así proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente.
Segundo, hay que revisar las cifras vertidas por el Comunicado referentes a la tasa de uso per capita. De los 44 mil kilos de agroquímicos importados durante 1999, el 8 por ciento (3,520 kilos) representan plaguicidas. Sin embargo, datos de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria indican que en el mismo año 1999 se importaron 5,450 kilos de plaguicidas. Por otro lado, los datos de la Contraloría General de la República vierten la suma de 6,825 kilos de plaguicidas importados como promedio anual para el período 1995-1998 para uso en la agricultura y la ganadería.
Según el X Censo Nacional de Población y datos de la Contraloría General de la República, la población total del país es de 2,778,440 habitantes. Asumiendo que la mitad de la población está vinculada con la agricultura y que los productos comerciales contienen un promedio del 50% de ingredientes activo, entonces se obtienen tasas de plaguicidas per cápita nacionales variables de 1.27, 1.96 y 2.46 kilos, respectivamente. ¿Significa ello que los datos no son bien registrados o que efectivamente se están introduciendo productos por vías fuera del control de los canales oficiales?
Tercero, el control de los residuos en los alimentos se debe hacer con base a normas y limites permisibles. Excepto para la carne de exportación y el agua potable, no se tienen regulaciones sobre residuos en el país. El consumidor debe tener el derecho a saber si el producto que compra ha sido tratado con plaguicidas, cuanto residuo tóxico hay en el mismo y su relación con las normas. En este aspecto existen debilidades que están asociadas a deficiencias en el sistema de acreditación y certificación de laboratorios públicos y privados. Por esta razón es que ni el MIDA y mucho menos el MINSA tienen control de los residuos en los alimentos que consume la comunidad panameña. Aquí es necesario que se tome una decisión que fortalezca los laboratorios para que den resultados con garantía de calidad. La función de un laboratorio para estos fines es el ejecutar pruebas según procedimientos y métodos aprobados por organismos especializados. El laboratorio emite un resultado con un informe de las tareas efectuadas y no interviene en una toma de decisión. De todo esto se desprende una incertidumbre en lo que se refiere a residuos de plaguicidas en los productos de consumo nacional, la cual debe ser mejor caracterizada mediante la intervención efectiva del Estado con los recursos necesarios.
Cuarto, hay que explicar la correlación del uso de pesticidas y enfermedades crónicas, incluyendo cáncer. Informes de organismos de salud como la OPS/OMS, la FDA y el EPA de los Estados Unidos, y de los facultativos médicos, indican claramente que las enfermedades, si no son congénitas, tienen un origen en factores ambientales, es decir, son causadas por lo que comemos, respiramos o estamos en contacto. Hay residuos que están dentro del producto y no pueden ser lavados o eliminados con la cocción. También, el agua puede contener residuos en cantidades muy pequeñas. Lamentablemente, los efectos de pequeñas cantidades de residuos de pesticidas no son bien conocidos por dificultades en los sistemas actuales de evaluación. Por ello, se asume que los residuos de sustancias cancerígenas son de alto riesgo; sin embargo, cuando se trata de residuos de pesticidas no comprobados como cancerígenos, entonces se permiten restos hasta niveles con márgenes de seguridad, los llamados límites permisibles. No obstante, los sistemas endocrinos y de inmunidad personal, los cuales son muy sensibles, parecen ser afectados por factores ambientales, es decir por residuos del entorno. Es bien sabido que residuos de plaguicidas han sido detectados en sitios donde jamás se usaron, tal como los casquetes polares. Aquí el consumidor se pregunta cuándo las ciencias médicas tendrán un claro conocimiento de esta materia.
Y finalmente, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de una estrategia nacional contribuye a acrecentar el problema. Los principales actores en el tema de los residuos de plaguicidas en alimentos y agua potable son el MINSA y el MIDA. No obstante, la ANAN, la CLICAC y SENACYT deben ser considerados parte del equipo de vigilancia, y por lo que hemos visto y escuchado, no parece haber un acuerdo real nacional en la materia. Además, ¿dónde están los importadores de plaguicidas que tienen su cuota de responsabilidad en este tema? Y nos sorprende el silencio que guardan los dueños de supermercados y establecimientos de expendio de alimentos. ¿O será que ellos no comen de la misma comida con que se alimenta el pueblo? El consumidor desea tener clara información de competencias y responsabilidades cuando se trata de algo que le toca tan profundo como es su salud y la alimentación.
Los consumidores estamos preocupados y exhortamos para que las instituciones públicas se organicen y se pongan de acuerdo para trabajar con buena comunicación y coordinación eficaz. A los agricultores se les estima por su labor, pero se les sugiere que se informen bien sobre los plaguicidas que usan, y busquen alternativas para una producción de alimentos libre de residuos.
De hecho existen interrogantes que deben ser aclaradas a los consumidores. Primero, sobre la variedad de productos registrados para uso en la agricultura, el MIDA informa que suman más de 1,100, de los cuales 647 son plaguicidas químicos. Esto significa que existe una ventana abierta a la introducción y venta de plaguicidas en el país, lo cual está vinculada a la participación de Panamá en la OMC. No obstante, cabría la pregunta, ¿quién está llevando la información sobre plaguicidas al agricultor? Si son los propios vendedores de plaguicidas, entonces debemos suponer que ellos están promoviendo las ventas y el uso abundante de plaguicidas. La solución de los residuos en los alimentos y en el agua potable está en un control del uso de plaguicidas en el nivel del productor y en el conocimiento que tiene el agricultor, así como en la vigilancia por parte de los funcionarios del MIDA y del Ministerio de Salud (MINSA) en el control residual de los alimentos. Los países mas desarrollados han dictado y establecido políticas claras en esta materia para reducir de forma significativa los plaguicidas usados, y así proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente.
Segundo, hay que revisar las cifras vertidas por el Comunicado referentes a la tasa de uso per capita. De los 44 mil kilos de agroquímicos importados durante 1999, el 8 por ciento (3,520 kilos) representan plaguicidas. Sin embargo, datos de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria indican que en el mismo año 1999 se importaron 5,450 kilos de plaguicidas. Por otro lado, los datos de la Contraloría General de la República vierten la suma de 6,825 kilos de plaguicidas importados como promedio anual para el período 1995-1998 para uso en la agricultura y la ganadería.
Según el X Censo Nacional de Población y datos de la Contraloría General de la República, la población total del país es de 2,778,440 habitantes. Asumiendo que la mitad de la población está vinculada con la agricultura y que los productos comerciales contienen un promedio del 50% de ingredientes activo, entonces se obtienen tasas de plaguicidas per cápita nacionales variables de 1.27, 1.96 y 2.46 kilos, respectivamente. ¿Significa ello que los datos no son bien registrados o que efectivamente se están introduciendo productos por vías fuera del control de los canales oficiales?
Tercero, el control de los residuos en los alimentos se debe hacer con base a normas y limites permisibles. Excepto para la carne de exportación y el agua potable, no se tienen regulaciones sobre residuos en el país. El consumidor debe tener el derecho a saber si el producto que compra ha sido tratado con plaguicidas, cuanto residuo tóxico hay en el mismo y su relación con las normas. En este aspecto existen debilidades que están asociadas a deficiencias en el sistema de acreditación y certificación de laboratorios públicos y privados. Por esta razón es que ni el MIDA y mucho menos el MINSA tienen control de los residuos en los alimentos que consume la comunidad panameña. Aquí es necesario que se tome una decisión que fortalezca los laboratorios para que den resultados con garantía de calidad. La función de un laboratorio para estos fines es el ejecutar pruebas según procedimientos y métodos aprobados por organismos especializados. El laboratorio emite un resultado con un informe de las tareas efectuadas y no interviene en una toma de decisión. De todo esto se desprende una incertidumbre en lo que se refiere a residuos de plaguicidas en los productos de consumo nacional, la cual debe ser mejor caracterizada mediante la intervención efectiva del Estado con los recursos necesarios.
Cuarto, hay que explicar la correlación del uso de pesticidas y enfermedades crónicas, incluyendo cáncer. Informes de organismos de salud como la OPS/OMS, la FDA y el EPA de los Estados Unidos, y de los facultativos médicos, indican claramente que las enfermedades, si no son congénitas, tienen un origen en factores ambientales, es decir, son causadas por lo que comemos, respiramos o estamos en contacto. Hay residuos que están dentro del producto y no pueden ser lavados o eliminados con la cocción. También, el agua puede contener residuos en cantidades muy pequeñas. Lamentablemente, los efectos de pequeñas cantidades de residuos de pesticidas no son bien conocidos por dificultades en los sistemas actuales de evaluación. Por ello, se asume que los residuos de sustancias cancerígenas son de alto riesgo; sin embargo, cuando se trata de residuos de pesticidas no comprobados como cancerígenos, entonces se permiten restos hasta niveles con márgenes de seguridad, los llamados límites permisibles. No obstante, los sistemas endocrinos y de inmunidad personal, los cuales son muy sensibles, parecen ser afectados por factores ambientales, es decir por residuos del entorno. Es bien sabido que residuos de plaguicidas han sido detectados en sitios donde jamás se usaron, tal como los casquetes polares. Aquí el consumidor se pregunta cuándo las ciencias médicas tendrán un claro conocimiento de esta materia.
Y finalmente, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de una estrategia nacional contribuye a acrecentar el problema. Los principales actores en el tema de los residuos de plaguicidas en alimentos y agua potable son el MINSA y el MIDA. No obstante, la ANAN, la CLICAC y SENACYT deben ser considerados parte del equipo de vigilancia, y por lo que hemos visto y escuchado, no parece haber un acuerdo real nacional en la materia. Además, ¿dónde están los importadores de plaguicidas que tienen su cuota de responsabilidad en este tema? Y nos sorprende el silencio que guardan los dueños de supermercados y establecimientos de expendio de alimentos. ¿O será que ellos no comen de la misma comida con que se alimenta el pueblo? El consumidor desea tener clara información de competencias y responsabilidades cuando se trata de algo que le toca tan profundo como es su salud y la alimentación.
Los consumidores estamos preocupados y exhortamos para que las instituciones públicas se organicen y se pongan de acuerdo para trabajar con buena comunicación y coordinación eficaz. A los agricultores se les estima por su labor, pero se les sugiere que se informen bien sobre los plaguicidas que usan, y busquen alternativas para una producción de alimentos libre de residuos.
