Preocupantes planteamientos sobre el Canal de Panamá
En su más reciente artículo: "El futuro de la expansión del canal", el Dr. Orville K. Goodin nos presenta algunos planteamientos que apuntan hacia la modernización de nuestro Canal, con un tono de sentencias constitucionales rígidas, sobre todo cuando se refiere con énfasis, y varias veces, al espíritu del Título XIV sobre el Canal de la Carta Fundamental de la República. Considero necesario salirle al paso a estas declaraciones por tres motivos fundamentales y de trascendencia nacional, pero antes recordarle al Dr. Goodin que las constituciones no se interpretan por "espíritu" como sí las leyes, sino por lo que expresan sus letras. Veamos el primer motivo:
Los mensajes que se reiteran en ese artículo, no hacen más que ratificar la distorsión viciosa y suspicaz en algunas mentes oportunistas, la que atenta contra nuestra jurisdicción única y consolidación territorial, lograda después de cien años de luchas por virtud del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. Esta tendencia "inaceptable", de que la Autoridad del canal de Panamá (ACP) representa a otro gobierno autónomo o estado soberano en el propio vientre de la República, no debemos permitirlo ni dejar que semejante antojo acicateado por algunos funcionarios, siga generando dudas en las nuevas generaciones de panameños y ganando fuerzas en el pensamiento ciudadano. Segundo, según sus reflexiones, el Dr. Goodin nos quiere imponer el criterio de que a la ACP y su junta directiva, la ampara y autoriza la Constitución, para modernizar, disponer y gastar a su libre albedrío sus utilidades, ahorros y fondos bancarios; contratar empréstitos, etc., independientemente de las prioridades establecidas en la "Estrategia para el Desarrollo Nacional" y la voluntad soberana que resulte en el obligado referendo, como lo estipula claramente el Art. 319 de la Constitución. Bastaría únicamente para ello, según Goodin y como suficiente para proceder, una condición virtual de "saludable calificación de riesgo," sustancialmente superior a la del Gobierno Nacional, al margen de la autorización y prioridades que debe señalar al gobierno soberano que le corresponda.
Aquel decir, ya en boga, de que si no actuamos con la debida prisa para modernizar el Canal, "con el tiempo éste llegue a ser obsoleto", es igual a cuando nuestros padres nos presionaban con el "cuco" si no dejábamos las travesuras. En la obra "Expansión del Canal de Panamá", (Economic Considerations On The Panama Canal Watershed Expansion) de Eduard Niesten PhD y John Reid, al respecto resumen así: "El 60% de las embarcaciones por pedidos son de dimensiones post-panamax. Sin embargo, la capacidad global de los panamax está también aumentando en un 8% al año, contradiciendo los argumentos de que el Canal "será obsoleto" si no se habilitan esclusas más amplias". (El 60% de los post-panamax ya tienen otros mercados y rutas). Y con relación al posible costo de la modernización bajo el modelo, ¡parece ya decidido! post-panamax, el que alcanzaría unos 8 mil millones más un 30% de imprevisto normal cuando se trata de obras gigantescas, Niesten y Reid nos advierten a los panameños: "El análisis de consideraciones financieras sugiere que el ingreso por las ganancias producto de la expansión de la cuenca del canal, no compensará el costo de construcción, mantenimiento y financiamiento de la nueva infraestructura. Las estimaciones actuales del presupuesto del plan de expansión fluctúan entre cinco billones (esclusas panamax) y los ocho billones o más (para esclusas post-panamax). Los préstamos para financiar una obra de tal magnitud, representan un valor mayor al doble de la carga de la deuda panameña.
Solamente el pago de los intereses sobre el monto de una deuda como ésta, podría fácilmente sobrepasar cualquier ingreso por ganancias. Consecuentemente, el costo de la expansión del canal, dejaría al gobierno panameño sin recursos adicionales o probablemente, menos para invertir en la economía nacional, o bien beneficiar a la población panameña. Para evaluar el sacrificio que requiere llevar a cabo el proyecto de expansión de la Cuenca del Canal de Panamá, el pueblo panameño necesita mayor información de lo que hasta ahora ha recibido sobre dicho plan."
Aceptando las cosas con el debido realismo, será imposible prescindir del aval del Estado y pueblo panameño para modernizar nuestro Canal. De manera tal que esta decisión trascendente, la que seguro nos esclavizaría a una deuda centenaria, comprometiendo hasta los panameños que aún no han sido siquiera concebidos, no puede ser asumida por los 15 funcionarios de la ACP y la junta directiva, en nombre y representación de los tres millones de panameños, accionistas y verdaderos dueños del Canal.
Concluyo sugiriéndole a los conspicuos caballeros muy cercanos a Martín Torrijos, que es muy difícil separar sus opiniones y planteamientos públicos del dirigente; los mismos le involucran por simple asociación, sobre todo cuando están tan cerca de éste. Por ello, el acto muy reciente de archivar el saludable y conveniente proyecto de ley en la subcomisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, prohibiendo el trasiego de carga peligrosa radioactiva por nuestras aguas jurisdiccionales y la vía interoceánica, para proteger la vida, salud humana y la ecología de la región continental, en cierta medida ha rozado negativamente al dirigente.
Los mensajes que se reiteran en ese artículo, no hacen más que ratificar la distorsión viciosa y suspicaz en algunas mentes oportunistas, la que atenta contra nuestra jurisdicción única y consolidación territorial, lograda después de cien años de luchas por virtud del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. Esta tendencia "inaceptable", de que la Autoridad del canal de Panamá (ACP) representa a otro gobierno autónomo o estado soberano en el propio vientre de la República, no debemos permitirlo ni dejar que semejante antojo acicateado por algunos funcionarios, siga generando dudas en las nuevas generaciones de panameños y ganando fuerzas en el pensamiento ciudadano. Segundo, según sus reflexiones, el Dr. Goodin nos quiere imponer el criterio de que a la ACP y su junta directiva, la ampara y autoriza la Constitución, para modernizar, disponer y gastar a su libre albedrío sus utilidades, ahorros y fondos bancarios; contratar empréstitos, etc., independientemente de las prioridades establecidas en la "Estrategia para el Desarrollo Nacional" y la voluntad soberana que resulte en el obligado referendo, como lo estipula claramente el Art. 319 de la Constitución. Bastaría únicamente para ello, según Goodin y como suficiente para proceder, una condición virtual de "saludable calificación de riesgo," sustancialmente superior a la del Gobierno Nacional, al margen de la autorización y prioridades que debe señalar al gobierno soberano que le corresponda.
Aquel decir, ya en boga, de que si no actuamos con la debida prisa para modernizar el Canal, "con el tiempo éste llegue a ser obsoleto", es igual a cuando nuestros padres nos presionaban con el "cuco" si no dejábamos las travesuras. En la obra "Expansión del Canal de Panamá", (Economic Considerations On The Panama Canal Watershed Expansion) de Eduard Niesten PhD y John Reid, al respecto resumen así: "El 60% de las embarcaciones por pedidos son de dimensiones post-panamax. Sin embargo, la capacidad global de los panamax está también aumentando en un 8% al año, contradiciendo los argumentos de que el Canal "será obsoleto" si no se habilitan esclusas más amplias". (El 60% de los post-panamax ya tienen otros mercados y rutas). Y con relación al posible costo de la modernización bajo el modelo, ¡parece ya decidido! post-panamax, el que alcanzaría unos 8 mil millones más un 30% de imprevisto normal cuando se trata de obras gigantescas, Niesten y Reid nos advierten a los panameños: "El análisis de consideraciones financieras sugiere que el ingreso por las ganancias producto de la expansión de la cuenca del canal, no compensará el costo de construcción, mantenimiento y financiamiento de la nueva infraestructura. Las estimaciones actuales del presupuesto del plan de expansión fluctúan entre cinco billones (esclusas panamax) y los ocho billones o más (para esclusas post-panamax). Los préstamos para financiar una obra de tal magnitud, representan un valor mayor al doble de la carga de la deuda panameña.
Solamente el pago de los intereses sobre el monto de una deuda como ésta, podría fácilmente sobrepasar cualquier ingreso por ganancias. Consecuentemente, el costo de la expansión del canal, dejaría al gobierno panameño sin recursos adicionales o probablemente, menos para invertir en la economía nacional, o bien beneficiar a la población panameña. Para evaluar el sacrificio que requiere llevar a cabo el proyecto de expansión de la Cuenca del Canal de Panamá, el pueblo panameño necesita mayor información de lo que hasta ahora ha recibido sobre dicho plan."
Aceptando las cosas con el debido realismo, será imposible prescindir del aval del Estado y pueblo panameño para modernizar nuestro Canal. De manera tal que esta decisión trascendente, la que seguro nos esclavizaría a una deuda centenaria, comprometiendo hasta los panameños que aún no han sido siquiera concebidos, no puede ser asumida por los 15 funcionarios de la ACP y la junta directiva, en nombre y representación de los tres millones de panameños, accionistas y verdaderos dueños del Canal.
Concluyo sugiriéndole a los conspicuos caballeros muy cercanos a Martín Torrijos, que es muy difícil separar sus opiniones y planteamientos públicos del dirigente; los mismos le involucran por simple asociación, sobre todo cuando están tan cerca de éste. Por ello, el acto muy reciente de archivar el saludable y conveniente proyecto de ley en la subcomisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, prohibiendo el trasiego de carga peligrosa radioactiva por nuestras aguas jurisdiccionales y la vía interoceánica, para proteger la vida, salud humana y la ecología de la región continental, en cierta medida ha rozado negativamente al dirigente.
