Presupuesto y ciencia
Una importancia significativa han experimentado en los últimos años la ciencia y la tecnología. Sin embargo, no se advierte que se hayan aumentado los recursos fiscales, ni registrado una mejoría sustancial en los resultados de las investigaciones y del cambio tecnológico. La importancia de los fondos necesarios para estos fines merece una revisión de los mecanismos y criterios de asignación.
La Ley 13 de 15 de abril de 1997, "Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación", constituye la primera legislación que se aprueba en Panamá con relación a esta importante materia y es un claro ejemplo de la voluntad del Gobierno Nacional de respaldar e incorporar las actividades científicas y tecnológicas al quehacer nacional, como pieza importante de su estrategia de desarrollo económico y social.
Así lo ha manifestado el Presidente de la República, quien, al impulsar esta legislación, también acogió las proposiciones de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) de crear y ejecutar el Programa para la formación de investigadores a nivel de doctorado y postdoctorado en universidades extranjeras (Becas 2003), así como la creación de mecanismos de incentivos para el desarrollo tecnológico de la empresa privada. Esta última iniciativa debe modificar el sistema actual, ya que incentiva y estimula la investigación científica y la innovación como factores esenciales para generar, adaptar y aplicar el cambio tecnológico. De esa forma, Panamá podrá adecuarse a los cambios provocados por la globalización, la competitividad, el intercambio masivo de información y el uso intensivo de tecnologías modernas.
La optimización de los desembolsos para ciencias y tecnología merece el apoyo de todos los interesados. La correcta asignación debe contemplar criterios científicos independientes de los beneficiarios, con transparencia y eficiencia. Por lo pronto, la cantidad que contempla anualmente el presupuesto nacional no es suficiente y merece mayor atención. La reformulación de los métodos de distribución aumentaría y mejoraría el aprovechamiento de los medios disponibles y otorgaría un mayor respaldo a los futuros requerimientos. Estos principios, aplicables a todo gasto público no pueden omitirse en esta área del conocimiento.
La investigación científica es un problema de Estado, que trasciende a quienes tienen el poder, pero, al mismo tiempo, excede de las disponibilidades e instituciones públicas nacionales. De allí la necesidad de estimular la participación del sector privado y del extranjero en programas de mediano plazo, que garanticen la excelencia de las investigaciones. Solo de esta manera podrán captarse medios adicionales. En este sentido, vale también la propuesta presidencial de elaborar el primer Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, que consiste en la consolidación regional con otros Estados, empresas e instituciones internacionales. Esta colaboración es posible cuando se logra la confianza de quienes se dedican a las ciencias.
La integración con el resto del mundo y la modernización del país requieren de la participación de científicos capaces de unirse a la comunidad universal del saber y de la investigación. La formación de grupos de estos profesionales de reconocida calificación supone esfuerzos persistentes con metas a largo plazo y debidamente definidas, Por lo mismo, mediante la Ley 13, el Estado panameño asume una responsabilidad histórica en el futuro de la Nación al hacer de la ciencia y la tecnología uno de los factores claves del desarrollo del país. En consecuencia, parece conveniente utilizar la experiencia de otras naciones que han dado prioridad al desarrollo de la ciencia y se decida con responsabilidad a asignar suficientes recursos para que no se postergue la realización del cambio tecnológico.
La Ley 13 de 15 de abril de 1997, "Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación", constituye la primera legislación que se aprueba en Panamá con relación a esta importante materia y es un claro ejemplo de la voluntad del Gobierno Nacional de respaldar e incorporar las actividades científicas y tecnológicas al quehacer nacional, como pieza importante de su estrategia de desarrollo económico y social.
Así lo ha manifestado el Presidente de la República, quien, al impulsar esta legislación, también acogió las proposiciones de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) de crear y ejecutar el Programa para la formación de investigadores a nivel de doctorado y postdoctorado en universidades extranjeras (Becas 2003), así como la creación de mecanismos de incentivos para el desarrollo tecnológico de la empresa privada. Esta última iniciativa debe modificar el sistema actual, ya que incentiva y estimula la investigación científica y la innovación como factores esenciales para generar, adaptar y aplicar el cambio tecnológico. De esa forma, Panamá podrá adecuarse a los cambios provocados por la globalización, la competitividad, el intercambio masivo de información y el uso intensivo de tecnologías modernas.
La optimización de los desembolsos para ciencias y tecnología merece el apoyo de todos los interesados. La correcta asignación debe contemplar criterios científicos independientes de los beneficiarios, con transparencia y eficiencia. Por lo pronto, la cantidad que contempla anualmente el presupuesto nacional no es suficiente y merece mayor atención. La reformulación de los métodos de distribución aumentaría y mejoraría el aprovechamiento de los medios disponibles y otorgaría un mayor respaldo a los futuros requerimientos. Estos principios, aplicables a todo gasto público no pueden omitirse en esta área del conocimiento.
La investigación científica es un problema de Estado, que trasciende a quienes tienen el poder, pero, al mismo tiempo, excede de las disponibilidades e instituciones públicas nacionales. De allí la necesidad de estimular la participación del sector privado y del extranjero en programas de mediano plazo, que garanticen la excelencia de las investigaciones. Solo de esta manera podrán captarse medios adicionales. En este sentido, vale también la propuesta presidencial de elaborar el primer Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, que consiste en la consolidación regional con otros Estados, empresas e instituciones internacionales. Esta colaboración es posible cuando se logra la confianza de quienes se dedican a las ciencias.
La integración con el resto del mundo y la modernización del país requieren de la participación de científicos capaces de unirse a la comunidad universal del saber y de la investigación. La formación de grupos de estos profesionales de reconocida calificación supone esfuerzos persistentes con metas a largo plazo y debidamente definidas, Por lo mismo, mediante la Ley 13, el Estado panameño asume una responsabilidad histórica en el futuro de la Nación al hacer de la ciencia y la tecnología uno de los factores claves del desarrollo del país. En consecuencia, parece conveniente utilizar la experiencia de otras naciones que han dado prioridad al desarrollo de la ciencia y se decida con responsabilidad a asignar suficientes recursos para que no se postergue la realización del cambio tecnológico.
