Presupuesto y madurez política
Por encima de mi formación como abogado me considero fundamentalmente un político. Esto lo pongo por delante porque debido a los parcialmente justificados embates que sufre la política y los políticos en casi todos los países, y mayormente en los del entorno latinoamericano, por momentos parece que muchos de mis colegas, los políticos me refiero, tienen aprehensión para ostentar su condición. Creo firmemente que la política, practicada responsablemente, es la actividad más comprensiva y también la que puede influir en mayor grado en el desarrollo de las sociedades. Las buenas decisiones políticas pueden mejorar sustantivamente las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.
Sin embargo, en esa ofensiva que se ha desatado, principalmente por los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad civil, se presume, sin beneficio para la duda, que los políticos, especialmente los que ejercen el gobierno, sólo son capaces de producir decisiones contrarias al interés popular. Y en desarrollo de esa cultura de la negatividad y de presunción de culpabilidad se abusa, desproporcionadamente a mi juicio, de la crítica negativa, dejándose muy poco espacio para la constructiva.
Cuando se desmoronó el llamado Pacto Meta, comenté que el cambio de rumbo en la dirección de la Asamblea Legislativa era positivo, entre otras razones, porque abría la posibilidad para que el Presupuesto del año 2003 fuera aprobado en tiempo. Por lo que recuerdo, la mayoría de los medios de comunicación, los metásicos desplazados, desde luego, e importantes líderes de la llamada sociedad civil coincidían entonces en afirmar que estábamos a las puertas de una dictadura, porque el Organo Ejecutivo controlaba los tres poderes del Estado, atacaron sin contemplaciones a la Presidenta de la República y presagiaron todos los males. Me complace que se hayan equivocado.
La nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa asumió funciones el 1 de septiembre pasado. Bajo su liderazgo y el de la Comisión de Presupuesto, y trabajando en colaboración constructiva con el Organo Ejecutivo, se logró, como no ocurría hace bastante tiempo, aprobar cuarenta y cinco días antes de que entre en vigencia el Presupuesto General del Estado. Este hecho, fundamental para el desarrollo de las acciones gubernamentales, básico para la gobernabilidad y para la imagen externa de nuestro país, constituye un crédito que merece destacarse. Sin embargo, poco he leído que abone a su importancia. Para el año 2003 se contará con un Presupuesto que, como consecuencia de su temprana aprobación, podrá comenzar a ejecutarse desde el mismo 1 de enero del 2003. Y eso no es poca cosa.
El año pasado, la Asamblea Legislativa, entonces bajo el control del Pacto Meta, de manera irresponsable saboteó la aprobación del Presupuesto y durante el presente año sólo pudo funcionarse, gracias a la sabia previsión constitucional, introducida por el Acto Constitucional de 1983 que, ante ese evento, dispone la prórroga del presupuesto anterior.
Y si se analiza el contenido del Presupuesto aprobado todavía hay mayor razón para felicitar a sus gestores. En él no se incluyen las absurdas partidas circuitales y está cuadrado con una estimación realista de los ingresos esperados.
No todo es malo en el mundo de la política. Esto ha quedado demostrado con la aprobación oportuna y sin disidencias que merezcan registrarse de un Presupuesto sensato y realista por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, en esa ofensiva que se ha desatado, principalmente por los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad civil, se presume, sin beneficio para la duda, que los políticos, especialmente los que ejercen el gobierno, sólo son capaces de producir decisiones contrarias al interés popular. Y en desarrollo de esa cultura de la negatividad y de presunción de culpabilidad se abusa, desproporcionadamente a mi juicio, de la crítica negativa, dejándose muy poco espacio para la constructiva.
Cuando se desmoronó el llamado Pacto Meta, comenté que el cambio de rumbo en la dirección de la Asamblea Legislativa era positivo, entre otras razones, porque abría la posibilidad para que el Presupuesto del año 2003 fuera aprobado en tiempo. Por lo que recuerdo, la mayoría de los medios de comunicación, los metásicos desplazados, desde luego, e importantes líderes de la llamada sociedad civil coincidían entonces en afirmar que estábamos a las puertas de una dictadura, porque el Organo Ejecutivo controlaba los tres poderes del Estado, atacaron sin contemplaciones a la Presidenta de la República y presagiaron todos los males. Me complace que se hayan equivocado.
La nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa asumió funciones el 1 de septiembre pasado. Bajo su liderazgo y el de la Comisión de Presupuesto, y trabajando en colaboración constructiva con el Organo Ejecutivo, se logró, como no ocurría hace bastante tiempo, aprobar cuarenta y cinco días antes de que entre en vigencia el Presupuesto General del Estado. Este hecho, fundamental para el desarrollo de las acciones gubernamentales, básico para la gobernabilidad y para la imagen externa de nuestro país, constituye un crédito que merece destacarse. Sin embargo, poco he leído que abone a su importancia. Para el año 2003 se contará con un Presupuesto que, como consecuencia de su temprana aprobación, podrá comenzar a ejecutarse desde el mismo 1 de enero del 2003. Y eso no es poca cosa.
El año pasado, la Asamblea Legislativa, entonces bajo el control del Pacto Meta, de manera irresponsable saboteó la aprobación del Presupuesto y durante el presente año sólo pudo funcionarse, gracias a la sabia previsión constitucional, introducida por el Acto Constitucional de 1983 que, ante ese evento, dispone la prórroga del presupuesto anterior.
Y si se analiza el contenido del Presupuesto aprobado todavía hay mayor razón para felicitar a sus gestores. En él no se incluyen las absurdas partidas circuitales y está cuadrado con una estimación realista de los ingresos esperados.
No todo es malo en el mundo de la política. Esto ha quedado demostrado con la aprobación oportuna y sin disidencias que merezcan registrarse de un Presupuesto sensato y realista por la Asamblea Legislativa.
