Pretensión por la justicia social
En Panamá, la aspiración por la justicia social no ha sido ni es patrimonio de ningún partido político ni de grupo social alguno. A lo largo de nuestra historia, la justicia social ha sido una de las aspiraciones fundamentales de los panameños. Es más, nuestra Constitución Nacional vigente es resultado de un movimiento de ondas raíces sociales que asignó al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, nuestra Carga Magna conjuga el ejercicio de las libertades individuales con los derechos sociales y concibe la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico y cultural del pueblo panameño.
Nuestra Carta Fundamental postula garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades y al establecimiento de condiciones para el desenvolvimiento de los individuos, las familias, las comunidades, los grupos indígenas, los trabajadores y los sectores productivos. De este modo se establece el derecho de todos los panameños a una educación básica gratuita, obligatoria y laica, el derecho a la protección de la salud; el derecho a la igualdad entre el hombre y a la protección de la salud; el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer; el derecho a la justicia y al trabajo; el derecho de las familias panameñas a una vivienda digna y a la protección de la infancia.
En los inicios de este nuevo siglo XXI, el principal desafío de Panamá, que no de un partido político o gobierno en particular, consiste en disminuir la pobreza y moderar la desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población. Su persistencia no permite el pleno ejercicio de las libertades democráticas ni el despliegue de las capacidades individuales en el proceso productivo, en la educación y en la cultura.
Nadie puede negar que Panamá tiene una larga experiencia en cuanto a instituciones e instrumentos en materia de educación. Si hoy día se advierte un considerable déficit en materia educativa, se debe esencialmente al manejo político en esa tan importante cartera ministerial. Por ejemplo, es notorio la falta de un "Plan de Desarrollo Educativo", sabiamente concebido, ampliamente discutido y menos aún, divulgado y conocido por al ciudadanía: una lamentable falta de responsabilidad del actual gobierno.
A partir de algunos logros del pasado, los panameños reclamamos del actual Gobierno, una política de desarrollo social (no demagógica y espectacular), sino que plantee nuevos retos y perspectivas. Por ejemplo, dejar bien claro que el desarrollo social guarda una relación de fortalecimiento mutuo con la democracia y con una economía competitiva y en crecimiento. La exclusión de diversos grupos de panameños de los beneficios del desarrollo no es compatible con el afianzamiento de un sistema político plural, abierto y estable. Tiene que tener presente que para lograr la consolidación democrática en el marco del Estado de Derecho, es indispensable crear las condiciones que amplíen la satisfacción de las necesidades sociales y el disfrute de los derechos individuales y sociales.
A su vez, el Gobierno actual debe saber y entender que, el bienestar social general y perdurable solamente será posible a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, que garanticen el acceso a la seguridad social, así como por el incremento de la productividad en los ingresos de la población.
No está demás repetir, como es el caso, que sin estabilidad ni crecimiento económico no hay progreso social. Por ello la política fiscal y financiera deben articularse para fortalecer el ahorro y la inversión. Asimismo, el saneamiento de las finanzas públicas debe contribuir a que el gasto público desempeñe satisfactoriamente sus propósitos de equidad social y promoción de la infraestructura económica.
La acción social pública en Panamá, vale decir, la política de desarrollo social que postula el Gobierno actual, aún fragmentaria y carente de coherencia en sus objetivos y criterios de prioridad, debería revaluarse y transformarse para que pueda contribuir con más eficacia al desarrollo y al bienestar humano de los panameños. Las estrategias encaminadas a lograr este fin en el período de gobierno (2000-2004), tendrán que tomar en cuenta las condiciones y tendencias sociales o socioeconómicas. Estas constituyen en cierto modo limitaciones inflexibles para la factibilidad de políticas alternativas. Es más, en mayor grado representan tendencias que, combinadas, están llevando al país a un "impasse" tanto económico como social, pero que puede superarse con la aplicación de políticas vigorosas y coherentes.
En ese sentido, nuestra Carga Magna conjuga el ejercicio de las libertades individuales con los derechos sociales y concibe la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico y cultural del pueblo panameño.
Nuestra Carta Fundamental postula garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades y al establecimiento de condiciones para el desenvolvimiento de los individuos, las familias, las comunidades, los grupos indígenas, los trabajadores y los sectores productivos. De este modo se establece el derecho de todos los panameños a una educación básica gratuita, obligatoria y laica, el derecho a la protección de la salud; el derecho a la igualdad entre el hombre y a la protección de la salud; el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer; el derecho a la justicia y al trabajo; el derecho de las familias panameñas a una vivienda digna y a la protección de la infancia.
En los inicios de este nuevo siglo XXI, el principal desafío de Panamá, que no de un partido político o gobierno en particular, consiste en disminuir la pobreza y moderar la desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la población. Su persistencia no permite el pleno ejercicio de las libertades democráticas ni el despliegue de las capacidades individuales en el proceso productivo, en la educación y en la cultura.
Nadie puede negar que Panamá tiene una larga experiencia en cuanto a instituciones e instrumentos en materia de educación. Si hoy día se advierte un considerable déficit en materia educativa, se debe esencialmente al manejo político en esa tan importante cartera ministerial. Por ejemplo, es notorio la falta de un "Plan de Desarrollo Educativo", sabiamente concebido, ampliamente discutido y menos aún, divulgado y conocido por al ciudadanía: una lamentable falta de responsabilidad del actual gobierno.
A partir de algunos logros del pasado, los panameños reclamamos del actual Gobierno, una política de desarrollo social (no demagógica y espectacular), sino que plantee nuevos retos y perspectivas. Por ejemplo, dejar bien claro que el desarrollo social guarda una relación de fortalecimiento mutuo con la democracia y con una economía competitiva y en crecimiento. La exclusión de diversos grupos de panameños de los beneficios del desarrollo no es compatible con el afianzamiento de un sistema político plural, abierto y estable. Tiene que tener presente que para lograr la consolidación democrática en el marco del Estado de Derecho, es indispensable crear las condiciones que amplíen la satisfacción de las necesidades sociales y el disfrute de los derechos individuales y sociales.
A su vez, el Gobierno actual debe saber y entender que, el bienestar social general y perdurable solamente será posible a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, que garanticen el acceso a la seguridad social, así como por el incremento de la productividad en los ingresos de la población.
No está demás repetir, como es el caso, que sin estabilidad ni crecimiento económico no hay progreso social. Por ello la política fiscal y financiera deben articularse para fortalecer el ahorro y la inversión. Asimismo, el saneamiento de las finanzas públicas debe contribuir a que el gasto público desempeñe satisfactoriamente sus propósitos de equidad social y promoción de la infraestructura económica.
La acción social pública en Panamá, vale decir, la política de desarrollo social que postula el Gobierno actual, aún fragmentaria y carente de coherencia en sus objetivos y criterios de prioridad, debería revaluarse y transformarse para que pueda contribuir con más eficacia al desarrollo y al bienestar humano de los panameños. Las estrategias encaminadas a lograr este fin en el período de gobierno (2000-2004), tendrán que tomar en cuenta las condiciones y tendencias sociales o socioeconómicas. Estas constituyen en cierto modo limitaciones inflexibles para la factibilidad de políticas alternativas. Es más, en mayor grado representan tendencias que, combinadas, están llevando al país a un "impasse" tanto económico como social, pero que puede superarse con la aplicación de políticas vigorosas y coherentes.
