Primero el español, después lo demás

A nivel internacional, los países que defienden su soberanía no titubean ante presiones comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha consolidado un giro histórico radical al designar formalmente el inglés como el idioma oficial.

Esta medida, más allá de la unificación burocrática, responde a una doctrina de seguridad nacional, cohesión interna y orden social. La potencia del norte entendió que la proliferación desordenada de servicios en múltiples lenguas debilita el tejido común, fractura la identidad nacional y genera guetos que atentan contra la estabilidad del Estado. Si la mayor potencia económica del mundo trata el dominio del idioma oficial como una salvaguarda de su propia seguridad y supervivencia institucional, ¿por qué nosotros en Panamá rebajamos el español a una categoría secundaria? Mientras otras naciones desarrolladas imponen estrictos exámenes lingüísticos de migración y asimilación porque comprenden que el descontrol idiomático satura y fragmenta sus sociedades, las autoridades panameñas operan desde una pasividad alarmante.

En Panamá debemos reaccionar con esa misma firmeza soberana. La naturaleza de la exigencia lingüística no es un capricho discriminatorio; es una facultad del Estado para garantizar que quien decida vivir aquí se integre de verdad, respete nuestras leyes y comprenda nuestros valores. El analfabetismo en el idioma oficial por parte de residentes foráneos solo precariza el empleo, segmenta la justicia y debilita la soberanía. El mercado económico puede ser todo lo diverso que quiera, pero las reglas de la casa las pone el dueño. Si los grandes modelos globales priorizan sus lenguas nativas por seguridad nacional, Panamá no tiene excusa para seguir postergando lo propio. En Panamá, primero es el español; después, todo lo demás.