Privacidad financiera en peligro
La libertad y privacidad financiera son temas importantes que están causando debates en el Congreso sobre la omnipotencia gubernamental en restringir los lenguajes en clave, de confiscar propiedades y, más recientemente, por tratar de convertir a los bancos comerciales en agentes estatales encargados de monitorear las actividades de sus clientes. En este último caso, las acciones del gobierno de Estados Unidos se basan en la Ley de Secreto Bancario (LSB) de 1970.
La LSB es en realidad una ley antisecreto porque obliga a los bancos a espiar a sus clientes, monitoreando sus cuentas en busca de "actividades sospechosas". Los bancos que no cumplen con esta ley están sujetos a juicios y multas. Desde que el Congreso promulgó la LSB, el alcance de la ley y la burocracia para hacerla cumplir han ido creciendo a un ritmo constante, convirtiéndose en modelo ilustrativo de cómo políticas gubernamentales fracasadas crean, a su vez, nuevas políticas y mayor intervención estatal.
El más reciente intento de ampliar la LSB ocurrió en diciembre, cuando el Seguro Federal de Depósitos y el Departamento del Tesoro propusieron una nueva regulación llamada "Conozca a su cliente" y que hubiera obligado a los bancos a crear un perfil de cada cliente y a reportar toda operación que se saliera de ese perfil "normal".
Originalmente, la LSB exigía que los bancos monitorearan operaciones de más de $10.000, cantidad que luego fue rebajada a $5.000 al comprobarse que no lograba detener el lavado de dinero y demás delitos financieros. También obliga a los bancos a reportar actividades sospechosas. La nueva propuesta incluía el monitoreo de todas las transacciones, no importando cuán pequeñas fuesen.
La noticia de esta nueva regulación apareció en el Internet y en la prensa. El resultado fue que el Seguro Federal de Depósitos recibió unos 254,000 mensajes en contra de la nueva regulación y 72 a favor. El plan fue rápidamente retirado, pero el gobierno considera un plan revisado.
Por años, la LSB gozó de apoyo en el Congreso, pero eso parece estar cambiando. Los congresistas Ron Paul y Tom Campbell han introducido una ley que revocaría la LSB y le da el derecho a la gente a revisar y a desafiar la información recabada por el gobierno. Este proyecto de ley está logrando adherentes de ambos partidos.
De igual importancia es el hecho que varias agencias gubernamentales han reconocido la inutilidad de la LSB. Entre 1987 y 1996, los bancos reportaron más de 77 millones de transacciones financieras. Esa avalancha de documentos resultó en apenas 580 condenas. El congresista Paul comentó que "más del 99,999% de los ciudadanos cuya privacidad fue violada resultaron ser respetuosos de las leyes". Por otra parte, el costo tanto en el sector privado como en el gobierno ha sido de varias decenas de millones de dólares por cada condena lograda, varias veces el costo de la investigación adelantada por el fiscal especial Kenneth Starr en cada condena que éste ha logrado en su supuestamente extravagante investigación.
Es más, con las nuevas tecnologías digitales, no importa la severidad de la aplicación de la LSB, el lavado de dinero y demás delitos financieros serán cada día más difíciles de detectar. Los diferentes órganos policiales revisan nerviosamente estos nuevos mecanismos que dificultan su labor, especialmente los nuevos sistemas de mensajes en clave que son prácticamente imposibles de descifrar. Estas nuevas tecnologías permitirán a la gente mover su dinero y activos financieros de manera instantánea a casi cualquier rincón de la Tierra, sin que se entere ningún gobierno.
Muchos gobiernos quieren impedir tales desarrollos tecnológicos, o porque temen perder su posición de árbitros económicos o porque verdaderamente temen que las nuevas tecnologías le facilitará a los narcotraficantes y demás delincuentes lavar el dinero. Indudablemente que estas tecnologías le facilitan la vida a los delincuentes, lo mismo que el teléfono y el automóvil. Pero, por otra parte, la tecnología digital también le ha dado a las policías nuevas herramientas para detectar actividades delictivas. Las policías deben adaptar las nuevas tecnologías a su trabajo en vez de tratar de hacerlas ilegales en un intento fútil de prohibirlas.
A medida que avanza la tecnología digital, las leyes promulgadas en otra época se harán cada vez más difíciles de hacerlas cumplir. Debemos, entonces, escoger entre revocar leyes anticuadas y aprovechar las nuevas tecnologías o pagar un alto precio en ineficiencia económica, atraso tecnológico y entremetimiento gubernamental. Lo que suceda con la Ley de Secreto Bancario en el futuro próximo será indicativo del camino que tomamos.
(Presidente de Novecon Financial, académico del Discovery Institute y autor de "El fin del dinero y la lucha por la privacidad financiera")
La LSB es en realidad una ley antisecreto porque obliga a los bancos a espiar a sus clientes, monitoreando sus cuentas en busca de "actividades sospechosas". Los bancos que no cumplen con esta ley están sujetos a juicios y multas. Desde que el Congreso promulgó la LSB, el alcance de la ley y la burocracia para hacerla cumplir han ido creciendo a un ritmo constante, convirtiéndose en modelo ilustrativo de cómo políticas gubernamentales fracasadas crean, a su vez, nuevas políticas y mayor intervención estatal.
El más reciente intento de ampliar la LSB ocurrió en diciembre, cuando el Seguro Federal de Depósitos y el Departamento del Tesoro propusieron una nueva regulación llamada "Conozca a su cliente" y que hubiera obligado a los bancos a crear un perfil de cada cliente y a reportar toda operación que se saliera de ese perfil "normal".
Originalmente, la LSB exigía que los bancos monitorearan operaciones de más de $10.000, cantidad que luego fue rebajada a $5.000 al comprobarse que no lograba detener el lavado de dinero y demás delitos financieros. También obliga a los bancos a reportar actividades sospechosas. La nueva propuesta incluía el monitoreo de todas las transacciones, no importando cuán pequeñas fuesen.
La noticia de esta nueva regulación apareció en el Internet y en la prensa. El resultado fue que el Seguro Federal de Depósitos recibió unos 254,000 mensajes en contra de la nueva regulación y 72 a favor. El plan fue rápidamente retirado, pero el gobierno considera un plan revisado.
Por años, la LSB gozó de apoyo en el Congreso, pero eso parece estar cambiando. Los congresistas Ron Paul y Tom Campbell han introducido una ley que revocaría la LSB y le da el derecho a la gente a revisar y a desafiar la información recabada por el gobierno. Este proyecto de ley está logrando adherentes de ambos partidos.
De igual importancia es el hecho que varias agencias gubernamentales han reconocido la inutilidad de la LSB. Entre 1987 y 1996, los bancos reportaron más de 77 millones de transacciones financieras. Esa avalancha de documentos resultó en apenas 580 condenas. El congresista Paul comentó que "más del 99,999% de los ciudadanos cuya privacidad fue violada resultaron ser respetuosos de las leyes". Por otra parte, el costo tanto en el sector privado como en el gobierno ha sido de varias decenas de millones de dólares por cada condena lograda, varias veces el costo de la investigación adelantada por el fiscal especial Kenneth Starr en cada condena que éste ha logrado en su supuestamente extravagante investigación.
Es más, con las nuevas tecnologías digitales, no importa la severidad de la aplicación de la LSB, el lavado de dinero y demás delitos financieros serán cada día más difíciles de detectar. Los diferentes órganos policiales revisan nerviosamente estos nuevos mecanismos que dificultan su labor, especialmente los nuevos sistemas de mensajes en clave que son prácticamente imposibles de descifrar. Estas nuevas tecnologías permitirán a la gente mover su dinero y activos financieros de manera instantánea a casi cualquier rincón de la Tierra, sin que se entere ningún gobierno.
Muchos gobiernos quieren impedir tales desarrollos tecnológicos, o porque temen perder su posición de árbitros económicos o porque verdaderamente temen que las nuevas tecnologías le facilitará a los narcotraficantes y demás delincuentes lavar el dinero. Indudablemente que estas tecnologías le facilitan la vida a los delincuentes, lo mismo que el teléfono y el automóvil. Pero, por otra parte, la tecnología digital también le ha dado a las policías nuevas herramientas para detectar actividades delictivas. Las policías deben adaptar las nuevas tecnologías a su trabajo en vez de tratar de hacerlas ilegales en un intento fútil de prohibirlas.
A medida que avanza la tecnología digital, las leyes promulgadas en otra época se harán cada vez más difíciles de hacerlas cumplir. Debemos, entonces, escoger entre revocar leyes anticuadas y aprovechar las nuevas tecnologías o pagar un alto precio en ineficiencia económica, atraso tecnológico y entremetimiento gubernamental. Lo que suceda con la Ley de Secreto Bancario en el futuro próximo será indicativo del camino que tomamos.
(Presidente de Novecon Financial, académico del Discovery Institute y autor de "El fin del dinero y la lucha por la privacidad financiera")
