Privacidad y seguridad
La democracia busca establecer un equilibrio entre valores que reclaman igual protección. Es por esta razón por la que los ciudadanos deben aportar activamente a la necesidad de fijar una línea divisoria entre ambos valores, de modo que todos sepamos hasta dónde alcanza la privacidad, y a partir de qué momento es necesario recortarla para proteger la seguridad.
En este contexto, debemos emprender un diálogo social basado en principios para a partir de allí, construir soluciones posibles.
La propuesta del Gobierno, contenida en el proyecto de decreto ley sobre seguridad y defensa nacional, contiene algunos graves problemas de violaciones de principios constitucionales como, por ejemplo, la posibilidad de que las personas comunes puedan ser sometidas a escuchas telefónicas y otras actividades de espionaje, claramente violatorias de sus derechos constitucionales, sin que dichas acciones estén directamente relacionadas con la investigación de delitos y limitadas por ellas.
Sobre el tema se están pronunciando ciudadanos temerosos de que retornen prácticas oscuras del tiempo de Omar Torrijos y Manuel Noriega, y hasta la propia Secretaría de Transparencia y el Defensor del Pueblo.
El Gobierno debe comprender que fuera de las pesquisas que lleva a cabo el Ministerio Público, no es posible instruir un sumario y que los recortes al derecho de la privacidad que no se funden en la premisa de la investigación del delito jamás serán aceptados por la ciudadanía. Esperamos que tampoco por la Corte Suprema, que tendrá la opción de pronunciarse y corregir el entuerto cuando dicha disposición sea demandada, si el Gobierno insiste en tamaño desacierto.
