Privatización del IRHE ¿beneficios?
Desde que culminó el proceso de Reestructuración y Privatización del antiguo IRHE (18 de noviembre de 1998) han transcurrido quince meses, y hasta la fecha, no hemos visto una evaluación que muestre resultados positivos; ni mucho menos un método que sirva para estimar los efectos de esa privatización, ni para hacer comparaciones precisas. Por ejemplo, en cualquier análisis económico, los profesionales de esa ciencia se sirven de indicadores, tales como: el nivel de inversión y de rentabilidad, de empleo, de salarios, etcétera, para confrontar las situaciones antes y después del análisis; y en el caso de empresas públicas, el referente a la calidad de los servicios.
Definitivamente que nadie se va a ocupar de este examen porque la privatización, antes de ser una estrategia económica, es una acción política, de venta de los activos principales del Estado a intereses privados, que no hace nada para incrementar el nivel de ahorro e inversión, ni generar nuevos empleos, ni mucho menos crear nuevas fuerzas productivas. Por otra parte, el proceso de privatización no ha sido fundamentalmente un medio para apoderarse de las instituciones y penetrar en los mercados de los países en vías de desarrollo, sino un instrumento para eliminar estructuras de producción alternas que pudieran competir, o incluso desafiar, a las transnacionales. Por eso, a los dueños estadounidenses y españoles de las empresas de generación, distribución y comercialización en que se dividió, en parte, el IRHE, no les preocupan los resultados actuales, sino el tiempo y el alcance de la privatización.
Contrario a todos los planteamientos esgrimidos para convencernos de la necesidad de privatizar el IRHE, los usuarios hemos podido observar que este proceso, en vez de "corregir" dizque los males causados por la intervención del Estado (entiéndase monopolio y costos del servicio elevados) los ha profundizado, al crear una estructura económica ajena a nuestras necesidades y a las de los grupos menos favorecidos de la "sociedad civil".
Así, por ejemplo, la instalación de un medidor, que antes tenía una tarifa de B/ 20.00, ahora es el doble; la reconexión, que era de B/ 3.00, ahora es de B/ 7.50, si la morosidad es menor de B/ 75.00 y de B/ 15.00, si es superior a los B/ 75.00; las pérdidas técnicas se le cargan al usuario; el recargo por pago atrasado es de 0.67, según interés bancario, a 30 días; la lectura del medidor, que debe ser por 30 días, pareciera que es de 40 días ¿será que hay mora en el sistema?
Sumado a esta situación, cuando todos creíamos que las nuevas empresas incrementarían su personal, hay evidencias que la cantidad de "cesados", en quince meses, supera la cifra de 1700 empleados; ya sea por destitución o por los mal llamados "acuerdos mutuos"; además, se incumple con lo establecido en el Código de Trabajo. Desdichadamente, los puestos de trabajo no se recuperarán por la falta de políticas de inversión y expansión de las empresas. Estos despidos han provocado una disminución drástica del nivel de vida de los trabajadores y han empujado a un porcentaje considerable de ellos a participar de la nueva capa social de pobre urbano o "empleado informal", con posibilidades nulas de ser contratados en otros menesteres.
Pero todo esto no termina aquí. En los últimos meses, como resultado de la prolongación de la estación lluviosa, se está generando más energía hidráulica que térmica; las plantas hidráulicas, en vez de derramar enormes volúmenes de agua, venden la energía más barata; sin embargo, la tarifa de "la luz" aumentó. Sucede que existe un concepto, permitido en la norma, conocido como Energía Asociada, que no es otra cosa que la posibilidad que tienen las empresas de generación térmica, que producen energía más cara, de comprar energía (más barata) producida por las hidroeléctricas y vendérsela a los distribuidores como si fuera de origen térmico. Parece que las generadoras térmicas compran el kilovatio hora a las hidroeléctricas en 2.5 centésimos y se lo revenden a las distribuidoras en 5 centésimos, obteniendo igual o mayor ganancia que los productores hidroeléctricos, independientemente que sus máquinas estén fuera de servicio. Al final es el usuario el que paga, como si hubiese consumido energía térmica. La posibilidad de que este tipo de conducta se lleve a la práctica debe ser eliminada de la norma, no por ilegal, sino por inmoral, porque priva al usuario de beneficiarse de una tarifa más baja.
La verdad es que hasta el día de hoy no hemos visto los beneficios de la desestatización del IRHE, ni de las otras instituciones. Por el contrario, la privatización, en sí, ha llevado a que el Organo Legislativo pierda su poder de vigilancia sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos, ya que la responsabilidad de las empresas privadas es hacia su junta directiva, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Las comisiones de la Asamblea Legislativa que vigilan las actividades de las empresas públicas han quedado desactivadas. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.
Mientras que los ideólogos del libre mercado argumentan que la inversión extranjera y el libre comercio son la única alternativa para el desarrollo económico, hay otros que argumentamos que existe un enfoque diferente que asegura el crecimiento a largo plazo y a gran escala con las ventajas del desarrollo capitalista, pero reduciendo los costos sociales, políticos y económicos. Nuestro argumento se desarrolla en dos niveles: primero, que el desarrollo centrado en lo público es superior al que se basa en lo privado (nacional o internacional) y que la propiedad social en el sector público es superior a la propiedad estatal.
Definitivamente que nadie se va a ocupar de este examen porque la privatización, antes de ser una estrategia económica, es una acción política, de venta de los activos principales del Estado a intereses privados, que no hace nada para incrementar el nivel de ahorro e inversión, ni generar nuevos empleos, ni mucho menos crear nuevas fuerzas productivas. Por otra parte, el proceso de privatización no ha sido fundamentalmente un medio para apoderarse de las instituciones y penetrar en los mercados de los países en vías de desarrollo, sino un instrumento para eliminar estructuras de producción alternas que pudieran competir, o incluso desafiar, a las transnacionales. Por eso, a los dueños estadounidenses y españoles de las empresas de generación, distribución y comercialización en que se dividió, en parte, el IRHE, no les preocupan los resultados actuales, sino el tiempo y el alcance de la privatización.
Contrario a todos los planteamientos esgrimidos para convencernos de la necesidad de privatizar el IRHE, los usuarios hemos podido observar que este proceso, en vez de "corregir" dizque los males causados por la intervención del Estado (entiéndase monopolio y costos del servicio elevados) los ha profundizado, al crear una estructura económica ajena a nuestras necesidades y a las de los grupos menos favorecidos de la "sociedad civil".
Así, por ejemplo, la instalación de un medidor, que antes tenía una tarifa de B/ 20.00, ahora es el doble; la reconexión, que era de B/ 3.00, ahora es de B/ 7.50, si la morosidad es menor de B/ 75.00 y de B/ 15.00, si es superior a los B/ 75.00; las pérdidas técnicas se le cargan al usuario; el recargo por pago atrasado es de 0.67, según interés bancario, a 30 días; la lectura del medidor, que debe ser por 30 días, pareciera que es de 40 días ¿será que hay mora en el sistema?
Sumado a esta situación, cuando todos creíamos que las nuevas empresas incrementarían su personal, hay evidencias que la cantidad de "cesados", en quince meses, supera la cifra de 1700 empleados; ya sea por destitución o por los mal llamados "acuerdos mutuos"; además, se incumple con lo establecido en el Código de Trabajo. Desdichadamente, los puestos de trabajo no se recuperarán por la falta de políticas de inversión y expansión de las empresas. Estos despidos han provocado una disminución drástica del nivel de vida de los trabajadores y han empujado a un porcentaje considerable de ellos a participar de la nueva capa social de pobre urbano o "empleado informal", con posibilidades nulas de ser contratados en otros menesteres.
Pero todo esto no termina aquí. En los últimos meses, como resultado de la prolongación de la estación lluviosa, se está generando más energía hidráulica que térmica; las plantas hidráulicas, en vez de derramar enormes volúmenes de agua, venden la energía más barata; sin embargo, la tarifa de "la luz" aumentó. Sucede que existe un concepto, permitido en la norma, conocido como Energía Asociada, que no es otra cosa que la posibilidad que tienen las empresas de generación térmica, que producen energía más cara, de comprar energía (más barata) producida por las hidroeléctricas y vendérsela a los distribuidores como si fuera de origen térmico. Parece que las generadoras térmicas compran el kilovatio hora a las hidroeléctricas en 2.5 centésimos y se lo revenden a las distribuidoras en 5 centésimos, obteniendo igual o mayor ganancia que los productores hidroeléctricos, independientemente que sus máquinas estén fuera de servicio. Al final es el usuario el que paga, como si hubiese consumido energía térmica. La posibilidad de que este tipo de conducta se lleve a la práctica debe ser eliminada de la norma, no por ilegal, sino por inmoral, porque priva al usuario de beneficiarse de una tarifa más baja.
La verdad es que hasta el día de hoy no hemos visto los beneficios de la desestatización del IRHE, ni de las otras instituciones. Por el contrario, la privatización, en sí, ha llevado a que el Organo Legislativo pierda su poder de vigilancia sobre el funcionamiento esencial de los sectores económicos, ya que la responsabilidad de las empresas privadas es hacia su junta directiva, que en la mayoría de los casos ni siquiera está en el país. Las comisiones de la Asamblea Legislativa que vigilan las actividades de las empresas públicas han quedado desactivadas. El sector privado no responde ni es responsable ante ninguna autoridad pública, sólo ante los intereses privados.
Mientras que los ideólogos del libre mercado argumentan que la inversión extranjera y el libre comercio son la única alternativa para el desarrollo económico, hay otros que argumentamos que existe un enfoque diferente que asegura el crecimiento a largo plazo y a gran escala con las ventajas del desarrollo capitalista, pero reduciendo los costos sociales, políticos y económicos. Nuestro argumento se desarrolla en dos niveles: primero, que el desarrollo centrado en lo público es superior al que se basa en lo privado (nacional o internacional) y que la propiedad social en el sector público es superior a la propiedad estatal.
