Privatización en la CSS
Con acierto, todos coinciden que la privatización, en su sentido amplio y absoluto, no es por sí sola la solución de estos problemas. Sus detractores la critican en principio, porque ven como señales claras del porvenir de una CSS, que de alguna forma incorpore la privatización, el alza en los costos de servicios telefónicos y electricidad, con posterioridad a la corporatización del INTEL e IRHE. Además, indican que la privatización es inconsistente con el sistema de solidaridad y que no tiene como objetivo el bienestar de los asegurados, pilares de la Caja.
Desafortunadamente el intercambio entre los detractores y los promotores de la privatización en la CSS se ha mantenido allí. No se ha ido más allá para explicar exactamente qué implica la privatización. En vez de hablar de extremos como el reemplazo del principio de solidaridad por un sistema individual, muy bien se podría discutir un sistema mixto que garantice la solidaridad, pero que a la vez promueva la participación. Lo importante es lograr que la institución perdure y continúe al servicio del país, sin tener que subsidiar sus deficiencias con mayores impuestos para los sectores productivos, ya sea hoy o a mediano plazo.
En materia de servicios de salud, el Estado y la CSS han optado por construir centros médicos, hospitales y comprar algunos privados. Eso es consistente bajo el actual sistema que persigue en parte prestar servicios de salud a los asegurados, pero no puede ser exclusivo de otras modalidades. La fórmula del Hospital de San Miguel Arcángel es una; pero también se pueden establecer acuerdos con clínicas y hospitales privados para que sirvan de complemento de la infraestructura estatal. Si lo puede hacer con entidades extranjeras (cuando, por ejemplo, se carece del servicio), por qué no dárselo a los panameños.
Ni el más vehemente opositor de la privatización se resiste a que ciertos servicios -como seguridad, alimentación, higiene, etc.- sean prestados por terceros y no por personal de la institución. ¿Por qué entonces combatir a priori la utilización de la infraestructura privada para mejorar los servicios de salud y garantizar la permanencia de la seguridad social?
La intransigencia y la exclusión no deben ser reglas en la búsqueda de soluciones a los problemas de la Caja. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizará sus recientes estudios, contribuyendo así a disipar el cuestionamiento de la inspiración que motiva el estudio. Resta que los panameños nos pongamos de acuerdo para lograr un balance que garantice la supervivencia de la institución.
Desafortunadamente el intercambio entre los detractores y los promotores de la privatización en la CSS se ha mantenido allí. No se ha ido más allá para explicar exactamente qué implica la privatización. En vez de hablar de extremos como el reemplazo del principio de solidaridad por un sistema individual, muy bien se podría discutir un sistema mixto que garantice la solidaridad, pero que a la vez promueva la participación. Lo importante es lograr que la institución perdure y continúe al servicio del país, sin tener que subsidiar sus deficiencias con mayores impuestos para los sectores productivos, ya sea hoy o a mediano plazo.
En materia de servicios de salud, el Estado y la CSS han optado por construir centros médicos, hospitales y comprar algunos privados. Eso es consistente bajo el actual sistema que persigue en parte prestar servicios de salud a los asegurados, pero no puede ser exclusivo de otras modalidades. La fórmula del Hospital de San Miguel Arcángel es una; pero también se pueden establecer acuerdos con clínicas y hospitales privados para que sirvan de complemento de la infraestructura estatal. Si lo puede hacer con entidades extranjeras (cuando, por ejemplo, se carece del servicio), por qué no dárselo a los panameños.
Ni el más vehemente opositor de la privatización se resiste a que ciertos servicios -como seguridad, alimentación, higiene, etc.- sean prestados por terceros y no por personal de la institución. ¿Por qué entonces combatir a priori la utilización de la infraestructura privada para mejorar los servicios de salud y garantizar la permanencia de la seguridad social?
La intransigencia y la exclusión no deben ser reglas en la búsqueda de soluciones a los problemas de la Caja. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) actualizará sus recientes estudios, contribuyendo así a disipar el cuestionamiento de la inspiración que motiva el estudio. Resta que los panameños nos pongamos de acuerdo para lograr un balance que garantice la supervivencia de la institución.
