Privatización prohibido hablar de eso
En tiempo de campaña, los políticos utilizan la palabra privatización como si fuera un insulto. Se la usa para atacar al contrincante y descalificarlo acusándolo de privatizador. Es por ello que los candidatos no quieren saber nada del tema y llenan las pantallas de televisión con promesas que aseguran que bajo ningún punto de vista van a privatizar el Instituto de Acuenductos y Alcantarillado (IDAAN) o la Caja de Seguro Social.
Esta visión negativa de las privatizaciones contrasta con la posición de algunos calificados especialistas panameños que aseguran que el problema mayor de los servicios públicos es precisamente estar en manos del Estado.
Para el empresario Juan Planells, por ejemplo, a través de las privatizaciones se busca lograr una mayor eficiencia en el manejo de los recursos disponibles, ya que está demostrado que la empresa privada es más eficiente en el manejo de los recursos que las entidades públicas, pero esto es consecuencia de la burocracia y los compromisos políticos.
Sin embargo admitió que las instituciones públicas pueden ser eficientes si verdaderamente existe una voluntad política. Se puede empezar a demostrarlo con el IDAAN donde actualmente no tenemos un buen servicio ni una buena cobertura, señaló Planells.
Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennett, las privatizaciones contribuyen al desarrollo social del país porque “fomentan la capacidad competitiva y de desarrollo y evitan continuar nuestra histórica situación de nación subdesarrollada”.
Recalcó que no es a través de las acciones gubernamentales que se desarrolla un pueblo, sino mediante los emprendimientos ciudadanos que a menudo son tildados de privatizaciones. “La palabra “privatizar” ha sido ensuciada sin mucho sentido, más que el de la envidia y el odio. Por lo que tantos extranjeros que llegan a Panamá y no tienen estas visiones empobrecedoras, logran tanto éxito”, recalcó.
Lo cierto es que en Panamá, más allá del discurso de campaña de los políticos, las privatizaciones son una realidad y hay sectores que la consideran la única salida posible para atacar los dramas y deficiencias de la burocracia estatal.
A tal punto es así que hasta la fecha se han privatizado alrededor de 20 actividades. Entre ellas figuran el Hotel de Taboga, Hotel Washignton en Colón, Proyecto de Palma Aceitera Barú, Matadero de Azuero, Cítricos de Chiriquí, Empresa Estatal de Cemento Bayano, Telefonía al servicio de móvil Banda A, INTEL, S.A, Puerto Balboa y Cristóbal, Terminales de Transporte de Santiago y David, Hipódromo Presidente Ramón, Casinos Nacionales específicamente contrato de administración a un operador internacional de máquinas traga monedas por 20 años, Planta de tratamiento de Laguna Alta , Digitalización del Registro Público, Ferrocarril de Panamá, Puerto Coco Solo muelles 3 y 4.
Además las Empresas de Electrificación IRHE, el Aeropuerto de Tocumen y el Centro de Convenciones de Atlapa.
La historia de las privatizaciones se inició en 1997 cuando el gobierno vendió el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones a la transnacional Cable & Wireless, de Inglaterra, que pagó alrededor de 652 millones de dólares. Otro 2% fue vendido a los empleados. En 1998 la empresa inglesa inició un programa de inversiones por unos 572 millones de dólares para modernizar la red telefónica.
También se vendió el derecho a operar las bandas A y B de telefonía celular, ambas por más de 140 millones de dólares. La banda A es explotada por la estadounidense Bell South y la B por la británica Cable & Wireless Móvil.
El 15 de julio de 1998 se inscribieron 26 consorcios internacionales para participar en la privatización de cuatro empresas generadoras de electricidad. El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) planeaba ofrecer en licitación las cuatro empresas el 15 de octubre de 1998, para lo que tuvo que reestructurarse seriamente en 1997/98. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1998 inició la licitación de tres de las ocho firmas generadoras en que se había dividido el IRHE. Se vendería también el 51% de las acciones de tres empresas de distribución de energía.
A los aspirantes que se inscribieron se les exigía como mínimo tener un capital social de 500 millones de dólares. Entre ellos se encontraban Endesa Internacional SA y Unión Fenosa de España; Gener de Chile, Emgesa de Colombia y Corporación EDC de Venezuela. De Estados Unidos se inscribieron 16: Dominion Energy Inc, Southern Energy Inc, CMS Transmission & Storage y Enron Caribe III, entre otras.
Participaron también Inglaterra, Bélgica, Canadá, Suecia y Suiza. Contrataron al CFI -Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- para asesoría en el proceso de venta de las acciones de las eléctricas. Se estima que el IRHE tenía unos 4,200 empleados, sobre todo en distribución y comercialización.
Con las privatizaciones, el gobierno de Panamá creó un fondo de desarrollo a partir del dinero de éstas. A mediados de junio de 1998 tenía ya casi 775 millones de dólares, adicionalmente a los 29.4 millones de dólares en dividendos que recibió en esa fecha por su capital en la telefónica que comparte con Cable & Wireless. Realmente es un fondo fiduciario, porque el gobierno no consume los 775 millones.
De acuerdo con el secretario General del Sindicato de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA), Rodrigo Batista, con las privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) un 70% de los empleados quedaron desempleados.
Además, durante el proceso algunos empleados se retiraron por mutuo acuerdo otros quedaron subcontratados por dos o tres años y no llegaron a los tres años porque las mismas empresas les ponían condiciones que no podían cumplir y les fueron quitando los contratos hoy en día la mayor parte de los contratos los hacen empresas extranjeras.
Batista señaló que la organización está totalmente en desacuerdo con las privatizaciones, pero lamentablemente el Estado lo que hizo fue una caja común donde entraba el dinero del IRHE, INTEL, IDAAN y con eso subsidiaba todas las demás entidades.
Admitió sin embargo que si no se hubiera privatizado, ahora mismo la entidad estuviera a punto de un colapso que llevaría a que muchas empresas estuvieran sin energía eléctrica.
La privatización trae asociado el problema del monopolio, lo que provoca un control sobre los servicios y los precios que termina afectando a los consumidores porque las empresas no tienen competencia, como ocurre en el caso de la electricidad.
De acuerdo con el empresario Juan Planells, este problema es consecuencia de las deficiencias de las leyes vigentes. “Es lamentable que la legislación que se aprobó para garantizar que no existiera monopolio o que no se perjudicará a los consumidores no es completa y adecuada; de modo que en el caso específico de la electricidad, nos ha dejado un servicio en donde el precio en lugar de bajar como debió haber ocurrido con un manejo eficiente, lo que ha hecho es subir y no se nota un servicio de más calidad”, señaló.
A su criterio debe haber una regulación estricta con respecto a las tarifas y la calidad de servicio que se presta.
En el caso de la telefonía hay una situación muy especial porque en este sector sí se estaádando una mayor competencia y han surgido más empresas que han generado mayor plazas de trabajo; además han podido ofrecer una tecnología que atrae otro tipo de empresas. “Aquí no hubiera podido venir un call station con el manejo que se le daba al sistema de comunicación a través del INTEL porque estaba centralizado, burocratizado y no contaba con los suficientes fondos para hacer las inversiones” indicó.
Desde la vereda de los consumidores, Pedro Acosta (UNCUREPA), cuestionó las privatizaciones realizadas debido a la crisis que sufrió el país, ya que las empresas en cuestión “rendían sus utilidades y cumplían una función social”.
Si bien aceptó que con las privatizaciones Panamá “ha entrado a la etapa del modernismo y tecnología que le permite mantener el país a nivel competitivo”, lamentó que “el consumidor panameño todavía sufre el alto costo de las tarifas y debe luchar para que los costos sean más equitativos y no se deje de lado el costado humano porque estos servicios cumplen una función social verdadera al permitir que cada día más panameños tengan acceso a energía eléctrica barata y telecomunicaciones”.
De acuerdo con Acosta, a las empresas que compraron los servicios públicos se les garantizó todo con un riesgo cero, “ellos no asumen ningún tipo de riesgo en sus operaciones y cualquier situación que amenaza sus intereses se los cargan a los usuarios”, recalcó.
Esta visión negativa de las privatizaciones contrasta con la posición de algunos calificados especialistas panameños que aseguran que el problema mayor de los servicios públicos es precisamente estar en manos del Estado.
Para el empresario Juan Planells, por ejemplo, a través de las privatizaciones se busca lograr una mayor eficiencia en el manejo de los recursos disponibles, ya que está demostrado que la empresa privada es más eficiente en el manejo de los recursos que las entidades públicas, pero esto es consecuencia de la burocracia y los compromisos políticos.
Sin embargo admitió que las instituciones públicas pueden ser eficientes si verdaderamente existe una voluntad política. Se puede empezar a demostrarlo con el IDAAN donde actualmente no tenemos un buen servicio ni una buena cobertura, señaló Planells.
Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennett, las privatizaciones contribuyen al desarrollo social del país porque “fomentan la capacidad competitiva y de desarrollo y evitan continuar nuestra histórica situación de nación subdesarrollada”.
Recalcó que no es a través de las acciones gubernamentales que se desarrolla un pueblo, sino mediante los emprendimientos ciudadanos que a menudo son tildados de privatizaciones. “La palabra “privatizar” ha sido ensuciada sin mucho sentido, más que el de la envidia y el odio. Por lo que tantos extranjeros que llegan a Panamá y no tienen estas visiones empobrecedoras, logran tanto éxito”, recalcó.
Lo cierto es que en Panamá, más allá del discurso de campaña de los políticos, las privatizaciones son una realidad y hay sectores que la consideran la única salida posible para atacar los dramas y deficiencias de la burocracia estatal.
A tal punto es así que hasta la fecha se han privatizado alrededor de 20 actividades. Entre ellas figuran el Hotel de Taboga, Hotel Washignton en Colón, Proyecto de Palma Aceitera Barú, Matadero de Azuero, Cítricos de Chiriquí, Empresa Estatal de Cemento Bayano, Telefonía al servicio de móvil Banda A, INTEL, S.A, Puerto Balboa y Cristóbal, Terminales de Transporte de Santiago y David, Hipódromo Presidente Ramón, Casinos Nacionales específicamente contrato de administración a un operador internacional de máquinas traga monedas por 20 años, Planta de tratamiento de Laguna Alta , Digitalización del Registro Público, Ferrocarril de Panamá, Puerto Coco Solo muelles 3 y 4.
Además las Empresas de Electrificación IRHE, el Aeropuerto de Tocumen y el Centro de Convenciones de Atlapa.
La historia de las privatizaciones se inició en 1997 cuando el gobierno vendió el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Telecomunicaciones a la transnacional Cable & Wireless, de Inglaterra, que pagó alrededor de 652 millones de dólares. Otro 2% fue vendido a los empleados. En 1998 la empresa inglesa inició un programa de inversiones por unos 572 millones de dólares para modernizar la red telefónica.
También se vendió el derecho a operar las bandas A y B de telefonía celular, ambas por más de 140 millones de dólares. La banda A es explotada por la estadounidense Bell South y la B por la británica Cable & Wireless Móvil.
El 15 de julio de 1998 se inscribieron 26 consorcios internacionales para participar en la privatización de cuatro empresas generadoras de electricidad. El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) planeaba ofrecer en licitación las cuatro empresas el 15 de octubre de 1998, para lo que tuvo que reestructurarse seriamente en 1997/98. Sin embargo, el 10 de septiembre de 1998 inició la licitación de tres de las ocho firmas generadoras en que se había dividido el IRHE. Se vendería también el 51% de las acciones de tres empresas de distribución de energía.
A los aspirantes que se inscribieron se les exigía como mínimo tener un capital social de 500 millones de dólares. Entre ellos se encontraban Endesa Internacional SA y Unión Fenosa de España; Gener de Chile, Emgesa de Colombia y Corporación EDC de Venezuela. De Estados Unidos se inscribieron 16: Dominion Energy Inc, Southern Energy Inc, CMS Transmission & Storage y Enron Caribe III, entre otras.
Participaron también Inglaterra, Bélgica, Canadá, Suecia y Suiza. Contrataron al CFI -Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- para asesoría en el proceso de venta de las acciones de las eléctricas. Se estima que el IRHE tenía unos 4,200 empleados, sobre todo en distribución y comercialización.
Con las privatizaciones, el gobierno de Panamá creó un fondo de desarrollo a partir del dinero de éstas. A mediados de junio de 1998 tenía ya casi 775 millones de dólares, adicionalmente a los 29.4 millones de dólares en dividendos que recibió en esa fecha por su capital en la telefónica que comparte con Cable & Wireless. Realmente es un fondo fiduciario, porque el gobierno no consume los 775 millones.
De acuerdo con el secretario General del Sindicato de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA), Rodrigo Batista, con las privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) un 70% de los empleados quedaron desempleados.
Además, durante el proceso algunos empleados se retiraron por mutuo acuerdo otros quedaron subcontratados por dos o tres años y no llegaron a los tres años porque las mismas empresas les ponían condiciones que no podían cumplir y les fueron quitando los contratos hoy en día la mayor parte de los contratos los hacen empresas extranjeras.
Batista señaló que la organización está totalmente en desacuerdo con las privatizaciones, pero lamentablemente el Estado lo que hizo fue una caja común donde entraba el dinero del IRHE, INTEL, IDAAN y con eso subsidiaba todas las demás entidades.
Admitió sin embargo que si no se hubiera privatizado, ahora mismo la entidad estuviera a punto de un colapso que llevaría a que muchas empresas estuvieran sin energía eléctrica.
La privatización trae asociado el problema del monopolio, lo que provoca un control sobre los servicios y los precios que termina afectando a los consumidores porque las empresas no tienen competencia, como ocurre en el caso de la electricidad.
De acuerdo con el empresario Juan Planells, este problema es consecuencia de las deficiencias de las leyes vigentes. “Es lamentable que la legislación que se aprobó para garantizar que no existiera monopolio o que no se perjudicará a los consumidores no es completa y adecuada; de modo que en el caso específico de la electricidad, nos ha dejado un servicio en donde el precio en lugar de bajar como debió haber ocurrido con un manejo eficiente, lo que ha hecho es subir y no se nota un servicio de más calidad”, señaló.
A su criterio debe haber una regulación estricta con respecto a las tarifas y la calidad de servicio que se presta.
En el caso de la telefonía hay una situación muy especial porque en este sector sí se estaádando una mayor competencia y han surgido más empresas que han generado mayor plazas de trabajo; además han podido ofrecer una tecnología que atrae otro tipo de empresas. “Aquí no hubiera podido venir un call station con el manejo que se le daba al sistema de comunicación a través del INTEL porque estaba centralizado, burocratizado y no contaba con los suficientes fondos para hacer las inversiones” indicó.
Desde la vereda de los consumidores, Pedro Acosta (UNCUREPA), cuestionó las privatizaciones realizadas debido a la crisis que sufrió el país, ya que las empresas en cuestión “rendían sus utilidades y cumplían una función social”.
Si bien aceptó que con las privatizaciones Panamá “ha entrado a la etapa del modernismo y tecnología que le permite mantener el país a nivel competitivo”, lamentó que “el consumidor panameño todavía sufre el alto costo de las tarifas y debe luchar para que los costos sean más equitativos y no se deje de lado el costado humano porque estos servicios cumplen una función social verdadera al permitir que cada día más panameños tengan acceso a energía eléctrica barata y telecomunicaciones”.
De acuerdo con Acosta, a las empresas que compraron los servicios públicos se les garantizó todo con un riesgo cero, “ellos no asumen ningún tipo de riesgo en sus operaciones y cualquier situación que amenaza sus intereses se los cargan a los usuarios”, recalcó.
