Privatizaciones de los servicios públicos
Un servicio público "es un conjunto de actividades y de operaciones, regulares y continuas, que satisfacen una necesidad colectiva, de manera uniforme. Ese conjunto, está sometido a un régimen de derecho público" (y no privado).
De la misma manera que ninguna Nación que se precia de ser Estado debe delegar su soberanía, ningún Gobierno debe hacerlo con los llamados servicios públicos primario o esenciales, tales como: la defensa nacional, la seguridad interna, la administración de justicia y el cobro de impuestos y de tasas.
Pero, ¿qué decir acerca de los servicios públicos secundarios o sociales, tales como: la salud, la seguridad social, la educación, la energía eléctrica (IRHE), las telecomunicaciones (INTEL), el agua potable (IDAAN) y el transporte público?.
Aquellos que abogan por la privatización parcial o mixta confesa, o encubierta con eufemismos engañadores, tales como: concesión, financiación, contrato, convenio y compromiso o experiencia piloto (como es lo que en el pasado muy reciente, las máximas autoridades del Ministerio de Salud han intentado implementar en el "Hospital de todos": El Santo Tomás, arguyen que "hay que privatizar para desburocratizar", "hay que fortalecer a la empresa privada", "hay que hacer a los servicios públicos sociales: rentables y eficientes".
Les invito a poner conmigo, los siguientes puntos sobre las íes:
1. Debido a la misión social, inherente a la mayoría de los servicios públicos, sociales o secundarios, ellos no son rentables. Entonces, no es cierto que los inversionistas privados (nacionales y extranjeros), que participan en esas empresas, lo hacen "con miras al desarrollo del país". Lo único que a ellos les interesa es el lucro personal y/o empresarial.
2 . No es cierto que toda empresa o institución pública es tan ineficiente que produce bienes y servicios de mala calidad. La ineficiencia que se observa en muchas de ellas, se debe a pésimos manejos
administrativos, incluyendo diferentes formas y grados de corrupción y de politización partidista.
La gran mayoría de los gobernantes (por no decir: todos), no han hecho nada para impulsar y fortalecer a las empresas estatales y robustecer sus autonomías de gestión. Pruebas al canto: la dictadura creó la Ley N¡ 3 de 6 de junio de 1987, mediante la cual el presidente de turno puede nombrar y remover libremente (por medio del subterfugio de las malhadadas ternas), a los miembros de las Juntas Directivas y a los Directores, Gerentes o Jefes de las entidades públicas (tanto autónomas como de las empresas estatales).
En esa forma, se decapita la verdadera autonomía y se incrementa el poder discrecional y monopolístico de los gobiernos, lo cual estimula y favorece la corrupción.
Por lo tanto, antes de continuar privatizando (abierta o disimuladamente) a las empresas o instituciones que brindan servicios públicos secundarios o sociales, tales como el IDAAN, hay que disminuir y controlar el poder monopolístico de los gobiernos y limitar sus discrecionalidades.
En pocas palabras, podría recurrirse a las privatizaciones de esos servicios, como últimos recursos y no, como si fuera la única alternativa para la eficiencia. Tampoco debe hacerse para obtener un "dinero fresco", que continuará siendo manejado con la, tradicionalmente corrupta, idiosincrasia administrativa panameña.
Pretender darle al "Hospital de todos", lo que se llama capacidad de gestión administrativa, por medio de un Convenio o Compromiso o Experiencia Piloto que sería firmado entre un Consejo de Gestión Hospitalario y las máximas autoridades del Ministerio de Salud, (tal como se ha hecho con el Hospital de San Miguelito), es un subterfugio más para disimular la privatización de la salud en todo el territorio nacional, que se ha propuesto el Gobierno actual. Con ello se nos negará, otra vez, la titularidad jurídica que necesitamos y reclamamos, para alcanzar las verdaderas autonomías que nos permitirán funcionamientos eficaces, eficientes, efectivos y no corruptos.
Por favor: ¡Ayúdenos a alcanzar esa meta!
De la misma manera que ninguna Nación que se precia de ser Estado debe delegar su soberanía, ningún Gobierno debe hacerlo con los llamados servicios públicos primario o esenciales, tales como: la defensa nacional, la seguridad interna, la administración de justicia y el cobro de impuestos y de tasas.
Pero, ¿qué decir acerca de los servicios públicos secundarios o sociales, tales como: la salud, la seguridad social, la educación, la energía eléctrica (IRHE), las telecomunicaciones (INTEL), el agua potable (IDAAN) y el transporte público?.
Aquellos que abogan por la privatización parcial o mixta confesa, o encubierta con eufemismos engañadores, tales como: concesión, financiación, contrato, convenio y compromiso o experiencia piloto (como es lo que en el pasado muy reciente, las máximas autoridades del Ministerio de Salud han intentado implementar en el "Hospital de todos": El Santo Tomás, arguyen que "hay que privatizar para desburocratizar", "hay que fortalecer a la empresa privada", "hay que hacer a los servicios públicos sociales: rentables y eficientes".
Les invito a poner conmigo, los siguientes puntos sobre las íes:
1. Debido a la misión social, inherente a la mayoría de los servicios públicos, sociales o secundarios, ellos no son rentables. Entonces, no es cierto que los inversionistas privados (nacionales y extranjeros), que participan en esas empresas, lo hacen "con miras al desarrollo del país". Lo único que a ellos les interesa es el lucro personal y/o empresarial.
2 . No es cierto que toda empresa o institución pública es tan ineficiente que produce bienes y servicios de mala calidad. La ineficiencia que se observa en muchas de ellas, se debe a pésimos manejos
administrativos, incluyendo diferentes formas y grados de corrupción y de politización partidista.
La gran mayoría de los gobernantes (por no decir: todos), no han hecho nada para impulsar y fortalecer a las empresas estatales y robustecer sus autonomías de gestión. Pruebas al canto: la dictadura creó la Ley N¡ 3 de 6 de junio de 1987, mediante la cual el presidente de turno puede nombrar y remover libremente (por medio del subterfugio de las malhadadas ternas), a los miembros de las Juntas Directivas y a los Directores, Gerentes o Jefes de las entidades públicas (tanto autónomas como de las empresas estatales).
En esa forma, se decapita la verdadera autonomía y se incrementa el poder discrecional y monopolístico de los gobiernos, lo cual estimula y favorece la corrupción.
Por lo tanto, antes de continuar privatizando (abierta o disimuladamente) a las empresas o instituciones que brindan servicios públicos secundarios o sociales, tales como el IDAAN, hay que disminuir y controlar el poder monopolístico de los gobiernos y limitar sus discrecionalidades.
En pocas palabras, podría recurrirse a las privatizaciones de esos servicios, como últimos recursos y no, como si fuera la única alternativa para la eficiencia. Tampoco debe hacerse para obtener un "dinero fresco", que continuará siendo manejado con la, tradicionalmente corrupta, idiosincrasia administrativa panameña.
Pretender darle al "Hospital de todos", lo que se llama capacidad de gestión administrativa, por medio de un Convenio o Compromiso o Experiencia Piloto que sería firmado entre un Consejo de Gestión Hospitalario y las máximas autoridades del Ministerio de Salud, (tal como se ha hecho con el Hospital de San Miguelito), es un subterfugio más para disimular la privatización de la salud en todo el territorio nacional, que se ha propuesto el Gobierno actual. Con ello se nos negará, otra vez, la titularidad jurídica que necesitamos y reclamamos, para alcanzar las verdaderas autonomías que nos permitirán funcionamientos eficaces, eficientes, efectivos y no corruptos.
Por favor: ¡Ayúdenos a alcanzar esa meta!
