Privatizar la educación
En verdad nunca hemos planteado eso. Lo que hemos sugerido es que el Estado abra a la participación del sector privado la educación pública y, en especial, que adopte el sistema de algunos países desarrollados, como Estados Unidos e Inglaterra, en los que el Estado subsidia a escuelas privadas para que atiendan a cierta cantidad de alumnos provenientes de la enseñanza pública.
La ventaja es que el Estado se ahorra mucho dinero y esfuerzo en construir y mantener escuelas que cada verano son desmanteladas o se deterioran por descuido o el mero paso del tiempo. Además, se economizaría en gastos de personal, materiales e insumos, los cuales debería cubrir la escuela particular subsidiada. Esta última - está probado - es más eficiente en el uso de los recursos disponibles que sus similares públicos. Ni hablar de los defalcos a los que nos tienen acostumbrados las escuelas públicas a través de sus directores y las directivas de padres de familia.
Otro problema es el de los convenios de aumentos salariales automáticos que existen en la educación pública, los cuales nada tienen que ver con la productividad, eficiencia o calidad del educador. Sencillamente, se completa tal o cual cantidad de años, y de inmediato viene el aumento de sueldo, sea bueno o malo el maestro o profesor, lo cual sobrecarga los gastos de planilla del ministerio del ramo, dejando muy poco para equipos y modernización. Eso no ocurre en el sector privado. Ni hablar del tiempo que se pierde en huelgas, marchas, cierres y reyertas.
El abismo de diferencia en calidad que existe entre la educación pública y la particular se está ampliando en perjuicio de la primera. Una de las causas es la ausencia de competencia en aquélla. Lo contrario ocurre con la enseñanza privada, sujeta a fiera competencia y con la necesidad de formar al estudiante para la inserción en prestigiosos centros de estudios universitarios extranjeros, con los cuales mantienen constructiva colaboración e intercambio. Además, las condiciones de estudio suelen ser mejores en una escuela particular que en una pública. Nuestra propuesta ayudaría a cerrar dicha brecha.
Finalmente, otro aspecto que debe considerarse es el de la movilidad e intercambio social. No es sano tener dos educaciones, una para pobres y otra para ricos y medios. Y pensamos que la fórmula que proponemos abriría nuevas oportunidades a los estudiantes de escuelas públicas.
Cierto que no todas las escuelas privadas son mejores. Pero de aprobarse el sistema del subsidio, el Estado tendría que ser exigente en verificar el nivel de enseñanza y el producto resultante en términos de calidad. De ese modo, no se desligaría en ningún momento de su deber constitucional de proveer educación gratuita, sólo que en vez de hacerlo directamente, lo haría a través de escuelas privadas y programas bien supervisado. Y estamos seguros que ambos, educación pública y privada, y sobre todo los estudiantes de escasos recursos, ganarían con ese intercambio.
La ventaja es que el Estado se ahorra mucho dinero y esfuerzo en construir y mantener escuelas que cada verano son desmanteladas o se deterioran por descuido o el mero paso del tiempo. Además, se economizaría en gastos de personal, materiales e insumos, los cuales debería cubrir la escuela particular subsidiada. Esta última - está probado - es más eficiente en el uso de los recursos disponibles que sus similares públicos. Ni hablar de los defalcos a los que nos tienen acostumbrados las escuelas públicas a través de sus directores y las directivas de padres de familia.
Otro problema es el de los convenios de aumentos salariales automáticos que existen en la educación pública, los cuales nada tienen que ver con la productividad, eficiencia o calidad del educador. Sencillamente, se completa tal o cual cantidad de años, y de inmediato viene el aumento de sueldo, sea bueno o malo el maestro o profesor, lo cual sobrecarga los gastos de planilla del ministerio del ramo, dejando muy poco para equipos y modernización. Eso no ocurre en el sector privado. Ni hablar del tiempo que se pierde en huelgas, marchas, cierres y reyertas.
El abismo de diferencia en calidad que existe entre la educación pública y la particular se está ampliando en perjuicio de la primera. Una de las causas es la ausencia de competencia en aquélla. Lo contrario ocurre con la enseñanza privada, sujeta a fiera competencia y con la necesidad de formar al estudiante para la inserción en prestigiosos centros de estudios universitarios extranjeros, con los cuales mantienen constructiva colaboración e intercambio. Además, las condiciones de estudio suelen ser mejores en una escuela particular que en una pública. Nuestra propuesta ayudaría a cerrar dicha brecha.
Finalmente, otro aspecto que debe considerarse es el de la movilidad e intercambio social. No es sano tener dos educaciones, una para pobres y otra para ricos y medios. Y pensamos que la fórmula que proponemos abriría nuevas oportunidades a los estudiantes de escuelas públicas.
Cierto que no todas las escuelas privadas son mejores. Pero de aprobarse el sistema del subsidio, el Estado tendría que ser exigente en verificar el nivel de enseñanza y el producto resultante en términos de calidad. De ese modo, no se desligaría en ningún momento de su deber constitucional de proveer educación gratuita, sólo que en vez de hacerlo directamente, lo haría a través de escuelas privadas y programas bien supervisado. Y estamos seguros que ambos, educación pública y privada, y sobre todo los estudiantes de escasos recursos, ganarían con ese intercambio.
