Privilegio a legisladores
En comunicado de la Corte Suprema de Justicia dado a la publicidad en el diario "El Panamá América" del 29 de febrero de 2000, el Magistrado Eligio Salas advirtió que esa corporación de justicia no ha establecido, en ninguno de sus fallos, que los miembros de la Asamblea Legislativa tengan derecho a reclamar el pago de salarios caídos a raíz de una solicitud de equiparamiento salarial en virtud del aumento temporal de sueldo efectuando a los Ministros de Estado durante el gobierno anterior.
Tal pronunciamiento ha calmado los ánimos de un pueblo que consideraba el reclamo de los legisladores como injusto, absurdo y como una burla a un alto porcentaje de panameños que experimentan hambre y extrema pobreza y que calman por conseguir un trabajo que alivie sus condiciones de miseria y abandono.
Y es que no es posible que legisladores de la pasada administración estén reclamando B/. 54, mil balboas cada uno cuando el trabajo realizado en el seno de la Asamblea Legislativa no ha sido eficiente y ha estado alejado de los intereses de las comunidades. No es posible que los legisladores, que son una casta privilegiada en el país, continúen reclamando privilegios cuando sus salarios, gastos de representación y exoneraciones lo convierten en uno de los funcionarios con más poder económico y político.
El pueblo piensa que muchos legisladores están abusando de su posición hasta el punto de que sólo les interesa su bienestar. Han llegado al extremo de colocar por encima de los intereses de las comunidades sus apetitos personales y de partido; han olvidado, por completo, el deber que tienen de trabajar, permanentemente, por la solución de los problemas del país y para muestra el cuadro que presenta una Asamblea Legislativa en donde todo está controlado por el pacto partidista que mantiene detenido el desarrollo de los programas de gobierno prometidos en las elecciones de mayo de 1999.
La Asamblea Legislativa es una de las agencias del Estados que más dinero cuenta al fisco nacional y eso no importaría si la labor que está llamada a cumplir llegara a todos los confines de la Patria, convertida en leyes con un gran sentido social, cultural y económico para beneficio de las grandes mayorías nacionales. Pero, dolorosamente, los intereses políticos y las ambiciones personales y de partido, la han llevado a una situación que, en la actualidad, está haciendo mucho daño al desarrollo y progreso de la Nación.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no reconocer el pago de cerca de 3 millones de balboas a legisladores de la pasada administración debe mantenerse, porque así lo quiere el pueblo, que estima que ese dinero hace falta para dar atención a miles de panameños que sufren las consecuencias del hambre y del desempleo, porque lo que se está necesitando en todo el gobierno es una racionalización de salarios y una austeridad que permita llevar adelante los planes y programas que se prometieron en las elecciones de mayo del año 1999.
Tal pronunciamiento ha calmado los ánimos de un pueblo que consideraba el reclamo de los legisladores como injusto, absurdo y como una burla a un alto porcentaje de panameños que experimentan hambre y extrema pobreza y que calman por conseguir un trabajo que alivie sus condiciones de miseria y abandono.
Y es que no es posible que legisladores de la pasada administración estén reclamando B/. 54, mil balboas cada uno cuando el trabajo realizado en el seno de la Asamblea Legislativa no ha sido eficiente y ha estado alejado de los intereses de las comunidades. No es posible que los legisladores, que son una casta privilegiada en el país, continúen reclamando privilegios cuando sus salarios, gastos de representación y exoneraciones lo convierten en uno de los funcionarios con más poder económico y político.
El pueblo piensa que muchos legisladores están abusando de su posición hasta el punto de que sólo les interesa su bienestar. Han llegado al extremo de colocar por encima de los intereses de las comunidades sus apetitos personales y de partido; han olvidado, por completo, el deber que tienen de trabajar, permanentemente, por la solución de los problemas del país y para muestra el cuadro que presenta una Asamblea Legislativa en donde todo está controlado por el pacto partidista que mantiene detenido el desarrollo de los programas de gobierno prometidos en las elecciones de mayo de 1999.
La Asamblea Legislativa es una de las agencias del Estados que más dinero cuenta al fisco nacional y eso no importaría si la labor que está llamada a cumplir llegara a todos los confines de la Patria, convertida en leyes con un gran sentido social, cultural y económico para beneficio de las grandes mayorías nacionales. Pero, dolorosamente, los intereses políticos y las ambiciones personales y de partido, la han llevado a una situación que, en la actualidad, está haciendo mucho daño al desarrollo y progreso de la Nación.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no reconocer el pago de cerca de 3 millones de balboas a legisladores de la pasada administración debe mantenerse, porque así lo quiere el pueblo, que estima que ese dinero hace falta para dar atención a miles de panameños que sufren las consecuencias del hambre y del desempleo, porque lo que se está necesitando en todo el gobierno es una racionalización de salarios y una austeridad que permita llevar adelante los planes y programas que se prometieron en las elecciones de mayo del año 1999.
