Problema carcelario
Una vez más y tras varias alusiones que hemos hecho sobre nuestras cárceles, ponemos sobre el tapete la urgente necesidad que tenemos de adecuar las existentes y levantar otras más. No es posible que las que se construyeron cuando el país apenas tenía una población inferior a los 800 mil habitantes, puedan seguir hacinándose con las graves consecuencias que derivan de ello; peor aún cuando es evidente que por el alto nivel de delincuencia que tenemos que afrontar eso es ya inaplazable.
La situación es compleja puesto que se requerirá dinero por millones, pero merece la pena que vayamos considerando la situación dado lo grave que es y que, posiblemente, más son los nuevos inquilinos que entran en ellas que los que salen.
Quizás valdría la pena que se constituyera una comisión en la que participaran ingenieros y arquitectos que estudiaran dónde hay que construir o sea posible reconstruir, el costo que eso implicaría y los respectivos espacios que se requeriría. Y mientras esa labor se esté llevando a cabo, también se vaya considerando cómo financiar el proyecto. No podemos engañarnos. La situación actual es, más que desesperante, de espanto, y debemos encararla decisivamente y sin dilaciones.
Hace apenas mes y medio se puso en vigencia la Ley 24 de 2007 que modificó la Ley 9 del 94 sobre la Carrera Administrativa. La Ley 9 era aplicable, por extensión expresa, a todos los municipios del país sin excepción. Sin embargo, y atendiendo a razones no muy ampliamente difundidas, la nueva Ley 24 ordena que la Carrera Administrativa sólo se aplique en aquellos municipios que no son subsidiados por el Gobierno central.
Sin contar el hecho de que la nueva Ley 24 desoye la estrategia acordada en la Mesa de Modernización Institucional sobre el tema de la descentralización en donde se aprobó que los municipios deben contar con una ley de carrera administrativa que les garantice el mejoramiento de los recursos humanos, la estabilidad y la eficiencia a través de un sistema de méritos y de evaluación, salarios adecuados y capacitación permanente, lo doloroso es admitir que no todos los municipios, especialmente los subvencionados con aportes del Gobierno central, cuentan con el fortalecimiento institucional suficiente para asumir el costo y las obligaciones de una carrera administrativa.
La ecuación entre la inmediatez o la gradualidad tiene utilidad para enfatizarle al gobierno el que debe tener una decisión política para impulsar la descentralización sin titubeos ni proclamas verborreicas y, para los municipios el que deben fortalecerse en su capacidades técnicas de gestión para asumir, con leyes, sin ellas o a pesar de ellas, las competencias y recursos que los liberen de la simpleza, del anonimato y se les repare, de una vez por todas, el foco de luces largas que muchos de ellos tienen mal funcionando desde hace ya demasiado tiempo.
La situación es compleja puesto que se requerirá dinero por millones, pero merece la pena que vayamos considerando la situación dado lo grave que es y que, posiblemente, más son los nuevos inquilinos que entran en ellas que los que salen.
Quizás valdría la pena que se constituyera una comisión en la que participaran ingenieros y arquitectos que estudiaran dónde hay que construir o sea posible reconstruir, el costo que eso implicaría y los respectivos espacios que se requeriría. Y mientras esa labor se esté llevando a cabo, también se vaya considerando cómo financiar el proyecto. No podemos engañarnos. La situación actual es, más que desesperante, de espanto, y debemos encararla decisivamente y sin dilaciones.
Hace apenas mes y medio se puso en vigencia la Ley 24 de 2007 que modificó la Ley 9 del 94 sobre la Carrera Administrativa. La Ley 9 era aplicable, por extensión expresa, a todos los municipios del país sin excepción. Sin embargo, y atendiendo a razones no muy ampliamente difundidas, la nueva Ley 24 ordena que la Carrera Administrativa sólo se aplique en aquellos municipios que no son subsidiados por el Gobierno central.
Sin contar el hecho de que la nueva Ley 24 desoye la estrategia acordada en la Mesa de Modernización Institucional sobre el tema de la descentralización en donde se aprobó que los municipios deben contar con una ley de carrera administrativa que les garantice el mejoramiento de los recursos humanos, la estabilidad y la eficiencia a través de un sistema de méritos y de evaluación, salarios adecuados y capacitación permanente, lo doloroso es admitir que no todos los municipios, especialmente los subvencionados con aportes del Gobierno central, cuentan con el fortalecimiento institucional suficiente para asumir el costo y las obligaciones de una carrera administrativa.
La ecuación entre la inmediatez o la gradualidad tiene utilidad para enfatizarle al gobierno el que debe tener una decisión política para impulsar la descentralización sin titubeos ni proclamas verborreicas y, para los municipios el que deben fortalecerse en su capacidades técnicas de gestión para asumir, con leyes, sin ellas o a pesar de ellas, las competencias y recursos que los liberen de la simpleza, del anonimato y se les repare, de una vez por todas, el foco de luces largas que muchos de ellos tienen mal funcionando desde hace ya demasiado tiempo.
