Procurador del Consumidor
La idea no es mala, pero el efecto en términos de crecimiento de la asfixiante burocracia estatal, sí. El legislador proponente del proyecto de ley, Elías Castillo, juzga correctamente la necesidad de contar con un funcionario dedicado 24 horas a proteger el interés de los consumidores en términos de calidad y cantidad de productos y servicios, fraudes en pesos y medidas, libre competencia, etc. Pero la creación de un nuevo cargo de tan alto nivel implicaría una carga adicional para un presupuesto gubernamental que requiere con urgencia ser reducido.
Ubicando el tema en contexto, la reforma tributaria del año pasado fue un éxito para quienes buscaban incrementar los ingresos en las arcas oficiales, dando la razón en ese aspecto a sus promotores; pero fue un perfecto desastre en términos de no controlar y hacer más eficiente el gasto, lo cual dio la razón a sus críticos, incluyéndonos. Es decir, que a la hora de compensar ambos extremos, ingresos y gastos, resulta que al final de cuentas, el Estado está peor que antes, porque entran - digamos - setenta millones más y se gastan noventa. Los malabares contables para mantener el déficit dentro de los límites legales de 2% del Producto Interno Bruto y el incremento galopante de la deuda son muestra de ello.
Así las cosas, lo que requiere el Estado es reducir sus gastos. Es algo así como la consigna del presidente brasileño Lula Da Silva, quien al anunciar un sustancial recorte de la inversión social, hizo un llamado a sus ministros para gastar, sin embargo, más este año, con menos dinero o, lo que es lo mismo, ejecutar mejor el presupuesto de fondos asignados, apuntando el gasto hacia las áreas de mayor efecto o impacto, buscando eficiencia. Eso es lo que se llama un buen manejo de los fondos estatales. Con razón, allí están los éxitos trepidantes de su gestión gubernativa.
En ese escenario, es obvio que la creación de un Procurador del Consumidor marcha en sentido opuesto, ya que éste requeriría de despacho, chofer, auto, secretaria, asistentes, abogados, aire acondicionado, teléfono, sueldos, en fin más gastos. Paremos eso.
Lo que proponemos es que el procurador o la función propuesta por el legislador Castillo sea asignada a la actual Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). No tiene sentido crear más puestos y funciones cuando tenemos un costoso organismo especializado en los mismos temas que persigue el proyecto. La cuestión es hacerlo funcional.
Ubicando el tema en contexto, la reforma tributaria del año pasado fue un éxito para quienes buscaban incrementar los ingresos en las arcas oficiales, dando la razón en ese aspecto a sus promotores; pero fue un perfecto desastre en términos de no controlar y hacer más eficiente el gasto, lo cual dio la razón a sus críticos, incluyéndonos. Es decir, que a la hora de compensar ambos extremos, ingresos y gastos, resulta que al final de cuentas, el Estado está peor que antes, porque entran - digamos - setenta millones más y se gastan noventa. Los malabares contables para mantener el déficit dentro de los límites legales de 2% del Producto Interno Bruto y el incremento galopante de la deuda son muestra de ello.
Así las cosas, lo que requiere el Estado es reducir sus gastos. Es algo así como la consigna del presidente brasileño Lula Da Silva, quien al anunciar un sustancial recorte de la inversión social, hizo un llamado a sus ministros para gastar, sin embargo, más este año, con menos dinero o, lo que es lo mismo, ejecutar mejor el presupuesto de fondos asignados, apuntando el gasto hacia las áreas de mayor efecto o impacto, buscando eficiencia. Eso es lo que se llama un buen manejo de los fondos estatales. Con razón, allí están los éxitos trepidantes de su gestión gubernativa.
En ese escenario, es obvio que la creación de un Procurador del Consumidor marcha en sentido opuesto, ya que éste requeriría de despacho, chofer, auto, secretaria, asistentes, abogados, aire acondicionado, teléfono, sueldos, en fin más gastos. Paremos eso.
Lo que proponemos es que el procurador o la función propuesta por el legislador Castillo sea asignada a la actual Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). No tiene sentido crear más puestos y funciones cuando tenemos un costoso organismo especializado en los mismos temas que persigue el proyecto. La cuestión es hacerlo funcional.
