Profetas del ayer
"El libre mercado, la liberalización de la economía, la privatización, la reducción del Estado, la apertura a las importaciones, entre otros, son principios que han fracasado. El neoliberalismo está de regreso". Estos son algunos de los predicamentos del discurso demagógico de Alán García y algunos seguidores que, sin mucho éxito, repiten como si fuesen letanías.
La suspensión de operaciones de Aeroperú ha sido la excusa perfecta para volver a la carga. Desde su óptica retrógrada y jurásica, la privatización de Aeroperú y, por ende, todo el proceso de privatización llevado a cabo hasta el momento, ha sido la peor desgracia que le puede haber ocurrido al
país.
García y sus seguidores no entienden que una empresa privada puede, eventualmente, tener problemas o simplemente quebrar. La posibilidad de perder, como ha comentado un diario local, es inherente a la competencia en un mercado libre. En toda economía libre, los inhábiles son castigados por los consumidores y los competentes son premiados. Así es como funcionan las leyes del mercado, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos.
Si Aeroperú no se manejó bien, es responsabilidad de sus propietarios. No es culpa del Estado peruano ni del liberalismo. Más bien, si algún desliz cometió el gobierno en el caso Aeroperú fue el de mantener un porcentaje accionario en dicha empresa. No es función del Estado ser empresario ni competir en la actividad privada.
Adelante con la privatización. Proponer a estas alturas fórmulas caducas, estatistas y populistas es volver a los tiempos de la carreta. Insistir en la intervención directa del Estado para manipular las variables económicas, desarrollar más burocracia, crear actividades estatales paralelas a la actividad privada, desarrollar sistemas de planificación o de control, aumentar la inversión estatal en áreas de reducida rentabilidad social, supone regresar al régimen anárquico y de atraso en que nos sumió el gobierno de Alán García.
Hacer una pira para prenderle fuego al proceso de privatización, por el solo hecho de que una empresa privatizada no salió adelante es, sencillamente, una estupidez del tamaño de la catedral.
Las bondades y beneficios de cualquier proceso privatizador saltan a la vista: mejora las finanzas públicas y reduce la carga de las empresas estatales; aumenta la eficiencia y la competitividad en la economía; ofrece mejores y mayores oportunidades para el desarrollo del sector privado; atenúa la interferencia política en el proceso de toma de decisiones empresariales; aminora la carga administrativa y gerencial que implica para el sector público ocuparse de empresas deficitarias, cuando podrían dedicarse esos recursos a atender problemas prioritarios como Salud o Educación.
La privatización no se puede paralizar o congelar porque a un grupito de socialistoides se les antoja desempolvar recetas decrépitas y anacrónicas, que ya fueron derrotadas por la contundente eficacia de la economía de mercado.
En vez de reclamar el cese de las privatizaciones, como pretenden unos cuantos aturdidos, al actual gobierno hay que criticarle y enrostrarle la inmovilización del proceso de privatización y su timidez para reimpulsarla.
Lamentablemente, la reforma privatizadora está detenida como consecuencia de la campaña electoral de un gobierno.
La suspensión de operaciones de Aeroperú ha sido la excusa perfecta para volver a la carga. Desde su óptica retrógrada y jurásica, la privatización de Aeroperú y, por ende, todo el proceso de privatización llevado a cabo hasta el momento, ha sido la peor desgracia que le puede haber ocurrido al
país.
García y sus seguidores no entienden que una empresa privada puede, eventualmente, tener problemas o simplemente quebrar. La posibilidad de perder, como ha comentado un diario local, es inherente a la competencia en un mercado libre. En toda economía libre, los inhábiles son castigados por los consumidores y los competentes son premiados. Así es como funcionan las leyes del mercado, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos.
Si Aeroperú no se manejó bien, es responsabilidad de sus propietarios. No es culpa del Estado peruano ni del liberalismo. Más bien, si algún desliz cometió el gobierno en el caso Aeroperú fue el de mantener un porcentaje accionario en dicha empresa. No es función del Estado ser empresario ni competir en la actividad privada.
Adelante con la privatización. Proponer a estas alturas fórmulas caducas, estatistas y populistas es volver a los tiempos de la carreta. Insistir en la intervención directa del Estado para manipular las variables económicas, desarrollar más burocracia, crear actividades estatales paralelas a la actividad privada, desarrollar sistemas de planificación o de control, aumentar la inversión estatal en áreas de reducida rentabilidad social, supone regresar al régimen anárquico y de atraso en que nos sumió el gobierno de Alán García.
Hacer una pira para prenderle fuego al proceso de privatización, por el solo hecho de que una empresa privatizada no salió adelante es, sencillamente, una estupidez del tamaño de la catedral.
Las bondades y beneficios de cualquier proceso privatizador saltan a la vista: mejora las finanzas públicas y reduce la carga de las empresas estatales; aumenta la eficiencia y la competitividad en la economía; ofrece mejores y mayores oportunidades para el desarrollo del sector privado; atenúa la interferencia política en el proceso de toma de decisiones empresariales; aminora la carga administrativa y gerencial que implica para el sector público ocuparse de empresas deficitarias, cuando podrían dedicarse esos recursos a atender problemas prioritarios como Salud o Educación.
La privatización no se puede paralizar o congelar porque a un grupito de socialistoides se les antoja desempolvar recetas decrépitas y anacrónicas, que ya fueron derrotadas por la contundente eficacia de la economía de mercado.
En vez de reclamar el cese de las privatizaciones, como pretenden unos cuantos aturdidos, al actual gobierno hay que criticarle y enrostrarle la inmovilización del proceso de privatización y su timidez para reimpulsarla.
Lamentablemente, la reforma privatizadora está detenida como consecuencia de la campaña electoral de un gobierno.
