Programa 21 de la ONU y Panamá
Por iniciativa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se celebró, entre el 3 y 14 de junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, con el propósito de abrir a debate el problema de la degradación del medio ambiente. La gestión diplomática-técnica se encaminó a comprometer los esfuerzos nacionales e internacionales en la promoción del desarrollo sostenible y ambientalmente racional, mediante la elaboración de estrategias derivadas de la revisión de las políticas que perpetúan las diferencias entre países, que a su vez son responsables del aumento de la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo y el deterioro continuo de los ecosistemas.
Como consecuencia de las deliveraciones, la conferencia aprueba el 14 de junio de 1992 el PROGRAMA 21. En sus distintas partes recomienda, entre otros, una serie de medidas, todas ecológicamente racionales, sobre protección de la atmósfera, atención a los asentamientos urbanos, el suministro de vivienda adecuada, la solución de los problemas de salud en todas sus formas, mejoramiento de la infraestructura física, técnica y socio-cultural; integración de las decisiones de gobierno en materia de políticas económicas, sociales, fiscales, energéticas, agrícolas, de transportes, comercio, de la administración municipal y al gobierno local, para promover la participación pública y de las comunidades, ofrecer oportunidades de empleos en las zonas rurales y en los poblados menores y evitar las migraciones masivas a los centros urbanos superpoblados. Recomendó, además, atención a las necesidades agrícolas sin deterioro de las tierras, conservación de la diversidad biológica, protección y administración de los recursos del agua dulce, gestión de los derechos peligrosos, soluciones para el problema de los derechos sólidos, recursos y mecanismos financieros, instrumentos y mecanismos jurídicos, todos elementos que deberían de estar comprendidos dentro de políticas nacionales de desarrollo sostenible.
Panamá, como país signatario del Programa 21 tiene la obligación moral, sino legal, de cumplir con el contenido de dicho programa, al igual que se comprometieron a adoptarlo antes de 1996. Estamos 4 años tarde y los costos estimados de algunas propuestas debieron haberse definido entre 1993 y el 2000. No obstante, la oportunidad se presenta una vez que la Asamblea Legislativa apruebe, en cualquiera de sus formas, el Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano.
Aquel plan contiene propuestas en los campos del Programa 21 que, en términos generales, responden a necesidades de la población panameña. En mi opinión se requiere ahora de un marco general -de orientación nacional- que defina las prioridades en la ubicación geográfica de las distintas actividades, y estimular en esos entornos la necesaria participación de las comunidades y de los gobiernos locales, para que verifiquen y definan los detalles de las propuestas prioritarias y se acuerden las fuentes y los niveles de financiamiento requeridos, para hacer realidad esas propuestas -sus agendas- de manera ordenada.
Debería de ser requisito, en todos los casos, la pormenorización detallada de los proyectos que serían emprendidos, con claros objetivos a ser alcanzados y una evaluación económica de cada proyecto.
Sinceramente creo que desarrollada de la manera planteada, se podría eliminar muchas de las dudas que con razón o sin ella se han expresado con relación al uso más efectivo de los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Muy importante será la definición clara de un proceso racional verificable en la identificación de las áreas prioritarias donde se aplicarán esos recursos y las propuestas de las agendas específicas de cada comunidad.
En aquellas tareas, la empresa privada y los organismos no gubernamentales (ONG) deberían de jugar también un papel importante. Las agendas serían motivos de amplia divulgación a todos los niveles, así como también los progresos en la ejecución de las mismas.
Como consecuencia de las deliveraciones, la conferencia aprueba el 14 de junio de 1992 el PROGRAMA 21. En sus distintas partes recomienda, entre otros, una serie de medidas, todas ecológicamente racionales, sobre protección de la atmósfera, atención a los asentamientos urbanos, el suministro de vivienda adecuada, la solución de los problemas de salud en todas sus formas, mejoramiento de la infraestructura física, técnica y socio-cultural; integración de las decisiones de gobierno en materia de políticas económicas, sociales, fiscales, energéticas, agrícolas, de transportes, comercio, de la administración municipal y al gobierno local, para promover la participación pública y de las comunidades, ofrecer oportunidades de empleos en las zonas rurales y en los poblados menores y evitar las migraciones masivas a los centros urbanos superpoblados. Recomendó, además, atención a las necesidades agrícolas sin deterioro de las tierras, conservación de la diversidad biológica, protección y administración de los recursos del agua dulce, gestión de los derechos peligrosos, soluciones para el problema de los derechos sólidos, recursos y mecanismos financieros, instrumentos y mecanismos jurídicos, todos elementos que deberían de estar comprendidos dentro de políticas nacionales de desarrollo sostenible.
Panamá, como país signatario del Programa 21 tiene la obligación moral, sino legal, de cumplir con el contenido de dicho programa, al igual que se comprometieron a adoptarlo antes de 1996. Estamos 4 años tarde y los costos estimados de algunas propuestas debieron haberse definido entre 1993 y el 2000. No obstante, la oportunidad se presenta una vez que la Asamblea Legislativa apruebe, en cualquiera de sus formas, el Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano.
Aquel plan contiene propuestas en los campos del Programa 21 que, en términos generales, responden a necesidades de la población panameña. En mi opinión se requiere ahora de un marco general -de orientación nacional- que defina las prioridades en la ubicación geográfica de las distintas actividades, y estimular en esos entornos la necesaria participación de las comunidades y de los gobiernos locales, para que verifiquen y definan los detalles de las propuestas prioritarias y se acuerden las fuentes y los niveles de financiamiento requeridos, para hacer realidad esas propuestas -sus agendas- de manera ordenada.
Debería de ser requisito, en todos los casos, la pormenorización detallada de los proyectos que serían emprendidos, con claros objetivos a ser alcanzados y una evaluación económica de cada proyecto.
Sinceramente creo que desarrollada de la manera planteada, se podría eliminar muchas de las dudas que con razón o sin ella se han expresado con relación al uso más efectivo de los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Muy importante será la definición clara de un proceso racional verificable en la identificación de las áreas prioritarias donde se aplicarán esos recursos y las propuestas de las agendas específicas de cada comunidad.
En aquellas tareas, la empresa privada y los organismos no gubernamentales (ONG) deberían de jugar también un papel importante. Las agendas serían motivos de amplia divulgación a todos los niveles, así como también los progresos en la ejecución de las mismas.
