Promesas anticorrupción
El combate a la corrupción se encuentra entre los temas de los candidatos a la presidencia de la República, quienes casi al unísono indican una y otra vez, inclusive en sus programas y repetidos anuncios publicitarios, que estará entre los primeros en su agenda de gobierno. Unos tienen propuestas específicas y otros son más abstractos. La historia, sin embargo, indica que estas promesas pueden resultar falsas.
Martinelli, con vasta experiencia como empresario, ataca el asunto definiéndolo y exponiendo en forma esquemática cómo luchará contra la corrupción. Específicamente, la combatirá desde todos los frentes: legal (a través de reformas constitucionales), institucional (fortaleciendo el sistema judicial y administrativo) y programático (por medio de sus políticas económicas). Al igual que el resto de los candidatos, se ha comprometido a derogar el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia, que tanto le ha restado a la misma.
Torrijos tilda a la corrupción como "el principal enemigo de la democracia". Entre sus iniciativas estará implementar las "recomendaciones con pertinencia" de la Comisión Anticorrupción promovida por este gobierno. Además, fortalecerá las fiscalías en la materia y creará un ente autónomo, interinstitucional y ampliamente participativo, denominado Consejo Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción. En general, promoverá mayor transparencia en la contratación estatal.
Endara reitera su "compromiso [de] luchar contra la corrupción, la impunidad, la inmunidad y los privilegios de los que gozan algunos gobernantes". Desde el "instante mismo en que [se] jure como Presidente" adoptará una serie de medidas en pro de esa lucha. Reestructurará la Dirección Nacional Contra la Corrupción, promoverá la figura de Testigo del Estado, y requerirá declaraciones de bienes para todos los funcionarios de mando y jurisdicción. Para demostrar su compromiso llegó, inclusive, a dar el nombre de su Procuradora General de la Nación (a saber, Mercedes Araúz de Grimaldo).
Por su parte, Alemán ha señalado que atribuirá la responsabilidad de la lucha anticorrupción en uno de sus vicepresidentes (una especie de Zar Anticorrupción). Además, publicará las declaraciones de bienes y fortalecerá la legislación penal al respecto. Implementará el Sistema de Compras Electrónicas en todo el gobierno. Y, por último, para exaltar el valor de entrega a la patria, establecerá el Día de los Desaparecidos, edificándoles un monumento.
Ahora bien, recordemos que igual ocurrió en las elecciones de 1999, cuando, en el caso de la actual mandataria, se comprometió a promover "leyes de ética gubernamental y programas de formación ética a los servidores públicos", desarrollar "en conjunto con la sociedad civil, un amplio programa de recuperación de la ética ciudadana" y hacer como suyas "las propuestas concretas que ha formulado transparencia internacional sobre el tema de la corrupción." De hecho, durante los primeros días de gestión del recién electo gobierno de Moscoso se aprobó la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, por medio de la cual se reglamenta el requerimiento constitucional de declaración jurada y se dictan otras disposiciones contra la corrupción administrativa.
Este quinquenio, al menos en lo que respecta a la corrupción, ha demostrado que las promesas electorales pueden quedar en el olvido y tergiversarse. Desde 1999 hemos visto cómo una y otra vez el gobierno de turno ha hecho cuanto ha estado a su alcance para restarle eficacia a la ley que inicialmente promovió con tanto entusiasmo.
A los candidatos les advertimos que, al igual que lo hemos hecho con el actual gobierno, cuando uno de ellos ocupe el solio presidencial, les recordaremos una y otra vez sus grandilocuentes promesas hasta tanto las cumplan a cabalidad.
Martinelli, con vasta experiencia como empresario, ataca el asunto definiéndolo y exponiendo en forma esquemática cómo luchará contra la corrupción. Específicamente, la combatirá desde todos los frentes: legal (a través de reformas constitucionales), institucional (fortaleciendo el sistema judicial y administrativo) y programático (por medio de sus políticas económicas). Al igual que el resto de los candidatos, se ha comprometido a derogar el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia, que tanto le ha restado a la misma.
Torrijos tilda a la corrupción como "el principal enemigo de la democracia". Entre sus iniciativas estará implementar las "recomendaciones con pertinencia" de la Comisión Anticorrupción promovida por este gobierno. Además, fortalecerá las fiscalías en la materia y creará un ente autónomo, interinstitucional y ampliamente participativo, denominado Consejo Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción. En general, promoverá mayor transparencia en la contratación estatal.
Endara reitera su "compromiso [de] luchar contra la corrupción, la impunidad, la inmunidad y los privilegios de los que gozan algunos gobernantes". Desde el "instante mismo en que [se] jure como Presidente" adoptará una serie de medidas en pro de esa lucha. Reestructurará la Dirección Nacional Contra la Corrupción, promoverá la figura de Testigo del Estado, y requerirá declaraciones de bienes para todos los funcionarios de mando y jurisdicción. Para demostrar su compromiso llegó, inclusive, a dar el nombre de su Procuradora General de la Nación (a saber, Mercedes Araúz de Grimaldo).
Por su parte, Alemán ha señalado que atribuirá la responsabilidad de la lucha anticorrupción en uno de sus vicepresidentes (una especie de Zar Anticorrupción). Además, publicará las declaraciones de bienes y fortalecerá la legislación penal al respecto. Implementará el Sistema de Compras Electrónicas en todo el gobierno. Y, por último, para exaltar el valor de entrega a la patria, establecerá el Día de los Desaparecidos, edificándoles un monumento.
Ahora bien, recordemos que igual ocurrió en las elecciones de 1999, cuando, en el caso de la actual mandataria, se comprometió a promover "leyes de ética gubernamental y programas de formación ética a los servidores públicos", desarrollar "en conjunto con la sociedad civil, un amplio programa de recuperación de la ética ciudadana" y hacer como suyas "las propuestas concretas que ha formulado transparencia internacional sobre el tema de la corrupción." De hecho, durante los primeros días de gestión del recién electo gobierno de Moscoso se aprobó la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, por medio de la cual se reglamenta el requerimiento constitucional de declaración jurada y se dictan otras disposiciones contra la corrupción administrativa.
Este quinquenio, al menos en lo que respecta a la corrupción, ha demostrado que las promesas electorales pueden quedar en el olvido y tergiversarse. Desde 1999 hemos visto cómo una y otra vez el gobierno de turno ha hecho cuanto ha estado a su alcance para restarle eficacia a la ley que inicialmente promovió con tanto entusiasmo.
A los candidatos les advertimos que, al igual que lo hemos hecho con el actual gobierno, cuando uno de ellos ocupe el solio presidencial, les recordaremos una y otra vez sus grandilocuentes promesas hasta tanto las cumplan a cabalidad.
