¿Propaganda o intervención?
El modelo de Estado vigilante gasta millones de dólares en propaganda. La sola frase "un contribuyente con conocimiento tiene poder", refleja el individualismo con el que toda la población debe comportarse frente al libre mercado, el libertinaje de la oferta y la demanda. En otras palabras, no importan cuánto cueste lo que nos están vendiendo, tampoco importa mucho la calidad y la garantía que tenga la mercancía o servicio, lo único que importa es el "estar informados, porque uno a uno podemos hacer la diferencia".
Pero la información que pueda tener un consumidor, no es nada frente al poder de los monopolios y oligopolios comerciales, de poner a propio antojo el precio para los productos que ofertan (siendo éstos de necesidad básica y de alta demanda), como pasa con el petróleo o la energía eléctrica.
En caso concreto, nada puede hacer quien tiene su automóvil, cuando sube la gasolina; y al ver las diferentes ofertas, se da cuenta que entre un precio y otro, sólo se ahorra, como máximo, siete centavos por galón. O en el caso de la energía eléctrica, nada puede hacer quien ha recibido un incremento de varios dólares en su tarifa mensual por causa de "la variación por combustible" (que dicho sea de paso la gran mayoría de la población -en la que me incluyo-, no sabe cuál es el método de valoración para sacar este costo). En cualquiera de los dos casos, no hay otra solución que pagar.
Hay que tener muy en cuenta que la información que tenga "un consumidor" nunca es completa ni especializada; así se hagan programas televisivos o radiales completos para informar al contribuyente sobre "dónde puede encontrar tal producto más barato", si para motivos prácticos las variaciones entre el precio más barato y el más alto es apenas de unos cuantos centavos que, al fin y al cabo, no representan un ahorro significante al bolsillo del consumidor.
Es necesario, entonces, la aplicación de políticas de intervención en los mercados, por lo menos en cuanto a los precios y calidad de productos de necesidad básica, reconociendo que la sola información del contribuyente no representa ningún poder.
Los decretos ejecutivos 58 y 60 de este año, que imponen precios límites a los combustibles, han logrado hacer lo que tanta propaganda no puede: reducir la especulación, por lo menos en el rubro de los combustibles. Esperemos futuras medidas similares aplicadas a los servicios públicos privatizados, ¿y por qué no?, a la canasta básica.
