Propiedad de la tierra
Dice Hernando de Soto en “Los Misterios del Capital”, que los pobres están literalmente sentados sobre miles de millones de dólares en riqueza. En el caso de Panamá, Ovidio Díaz Espino ha calculado que nuestros pobres están asentados sobre unos 18 mil millones de dólares en valor inmobiliario. Lo más chocante es que ese mismo Estado que dice que hace las cosas para sacar a la gente de la pobreza -pero se demora una eternidad en darle su título de propiedad a quienes tienen derechos posesorios- es raudo en conceder permisos de exploración minera a las compañías que se lo solicitan.
En Panamá vivimos, pues, una paradoja; el 85% de las tierras no está titulado -y por ende se consideran automáticamente propiedad del Estado-, pero el 75% está en proceso de concederse o concedido para la exploración minera. Para muchos estudiosos estamos haciendo las cosas totalmente al revés.
Siendo la explotación de minería metálica en áreas boscosas de alta humedad, una actividad mucho más contaminante y destructiva que la minería metálica en sectores desérticos, tendríamos que replantearnos como país si queremos realmente exponernos a las consecuencias de la explotación minera, aun frente al argumento de la creación de empleos en zonas rurales. Al mismo tiempo, deberíamos abocarnos a la titulación masiva de las tierras a favor de quienes poseen los derechos posesorios, ya que no sólo les estaríamos reconociendo su patrimonio sino que los estaríamos insertando en la economía moderna. Así sí estaríamos contribuyendo a sacar a nuestros pobres de la pobreza.
