Propiedad privada y desalojos
La percepción puede embriagar la realidad. Desde que publiqué mi libro "Los Derechos Posesorios, los Bienes del Estado, y la Propiedad Privada", he sido sujeto de ataques en la prensa por parte del Lic. Silvio Guerra, quien argumenta que yo estoy representando a compañías que quieren quedarse con la tierra de los indígenas y de campesinos en las costas e islas del país para hacer proyectos turísticos.
Sin embargo, el argumento de mi libro es exactamente lo opuesto: la tesis principal es que los derechos posesorios sobre la tierra de los indígenas, campesinos y de los que la adquieren de ellos, donde quiera que esté ubicada, ya sea en tierra firme, costas o islas, son derechos de propiedad que tienen que ser respetados por las autoridades y protegidos contra las usurpaciones no sólo de promotores sino también de los gobiernos de turno.
Desde que el boom inmobiliario estalló en Panamá, más de 3,000 indígenas en Bocas del Toro han sido desplazados de sus islas por promotores de proyectos con el consentimiento tácito de las autoridades. Asimismo, aproximadamente 120 legítimos dueños de derechos posesorios en las costas de Pedasí han sido sujetos a una campaña de atropello para que evacuen sus casitas y sembríos y darle lugar a un desarrollo turístico.
Tales desalojos ocurren bajo la bendición de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha declarado que las tierras ubicadas en la costa y en las islas son "bienes inmuebles de propiedad de la Nación" y por ende, "no pueden ser objeto de posesión." Por tanto, si una persona las ocupa sin la autorización del gobierno, éste tiene la autoridad de "sancionar pecuniariamente" a aquellas personas y proceder a "la demolición de las estructuras u obras construidas en los bienes antes expresados?.". Véase Resolución No. 12 del 2 de enero de 2007.
Mi libro intenta poner un alto al atraco oficialista, ya que establezco que los que ejercen dominio sobre la tierra tienen derechos de propiedad privada y no solamente derechos de uso con el consentimiento del Estado, tal como argumenta el Lic. Ramiro Guerra en un artículo en La Prensa. Si los derechos posesorios son propiedad privada, entonces éstos están garantizados por la Constitución Política contra usurpes y evicciones por parte de particulares y de los gobiernos, quienes los tienen que respetar y proteger, pero si son derechos de uso, entonces un gobierno tiene la discreción de respetarlos o no.
O sea que la mejor forma de evitar los desalojos de indígenas y campesinos que el Lic. Guerra condena, no es negando los derechos posesorios sino, por el contrario, reconociendo que ellos gozan de la garantía constitucional de la propiedad privada y registrando cuanto antes los títulos de dominio para darle la seguridad jurídica que sus legítimos dueños se merecen.
Nota del editor: El aspecto jurídico de este tema será abordado por el autor en próxima entrega.
