A propósito del militarismo...
Ricardo Arias Calderón acaba de presentar su último libro Democracia sin Ejército, la experiencia panameña. En el que, desde su óptica, en primer lugar anuncia el tratamiento del tema del militarismo panameño en los ochenta. En segundo lugar, la desmilitarización en Panamá, la primera mitad de la década del noventa, como parte de una transición democrática. Y en tercer lugar, el desarrollo de un proceso de desmilitarización con especial enfoque en el fundamento jurídico que la acredita. Casi al tiempo en que Arias Calderón presentaba este libro, sostenía un cruce de artículos con Carlos Guevara Mann sobre el mismo tema, cruce que también nos merece algunas modestas opiniones.
Se puede estar en desacuerdo con Arias Calderón, pero no se puede menospreciar su papel en la discusión pública que busca esclarecer la conciencia histórica panameña. Como docente de dimensiones universitaria y social, y como político de talla internacional, sus convicciones y planteamientos son los suficientemente profundos, como para ser orientadores y lo suficientemente honestos como para someterse a discusiones y revisiones.
El acto de presentación del último libro de Arias Calderón bien puede señalarse como la primera convocatoria conciliatoria de la colectividad política panameña después de la invasión norteamericana de 1989. El autor, en su exposición, no renuncia a sus principios antidictatoriales, ni tampoco evita argumentar sus críticas frente a lo que él califica como los abusos de la dictadura. Pero independientemente de esa referencia, con la misma fuerza de sus convicciones hace surgir una consecuencia inevitable para quienes pretendan colaborar en el diseño de una nuevo nación: La necesidad de vivir reconciliados. Al punto de rechazar tajantemente el "utilizar a nuestros muertos -todos los muertos- como carne de cañón", a modo de una patológica ansia de utilitarismo político, como si se tratara matar varias veces a un muerto, para acaparar más los bienes de su herencia o para sacar hasta el último provecho de trágicos eventos del pasado.
Días antes de la presentación de su libro, Arias Calderón sostuvo una polémica pública con Carlos Guevara Mann, una vez que el primero se atreviera a exponer las evidencias de la superación del militarismo en la historia panameña. Guevara Mann responde a Arias Calderón con la crítica de utilizar una acepción restringida de militarismo. Pero Guevara Mann no se da cuenta que sus propias interpretaciones quedan prisioneras de un esquema de análisis histórico restringido. En sus artículos cruzados con Arias Calderón, la repetición cíclica de argumentos que buscan ligar los conceptos dictadura militar, corrupción, violaciones de derechos humanos, es incompleta e inexacta porque no se aproxima a ninguna interpretación satisfactoria de causas históricas e inmediatas del golpe de 1968.
El militarismo no es sólo un vicio porque existan militares que quieran asumir roles autónomos en la sociedad a la que pertenecen. Ni la corrupción, las leyes mordazas, las constituciones viciadas o las violaciones de derechos humanos han sido, en Panamá, privativas de militares desubicados con relación a su papel social. Todas esas rupturas, disfunciones o contradicciones están presentes en los años de historia republicana que anteceden el golpe de 1968. La llamada dictadura militar y sus consecuencias se incuban allí donde previamente fracasan la democracia como método y la justicia basada en leyes establecidas y en prácticas de equidad social como reglas de convivencia.
Consta que Panamá no ha carecido de empresarios con visión de patria, pero corresponde a la realidad histórica la observación de que una Guardia Nacional utilizada, durante décadas y décadas, para garantizar la hegemonía de una clase apegada a sus privilegios y con escasa cultura contractualista, sólo podía llevar a dos posibles consecuencias: O bien la institucionalización de un aparato represivo que protegiera los intereses hegemónicos y la idiosincrasia de la explotación, tal y como ocurrió en casi toda Latinoamérica, o bien, la rebelión de un aparato que se vio a sí mismo como árbitro social capaz de sobreponerse a todo plantel de instituciones del Estado.
Carentes de proyectos nacionales, generaciones de panameños se acostumbraron a medir el éxito y la velocidad en alcanzarlo, con el margen de utilidad o las ganancias pecuniarias que se podrían obtener en el menor tiempo posible. Y esta valoración se encuentra en la base del estado de corrupción imperante en las instituciones políticas y sociales desde antes de 1968. Ciertamente, este germen llegó a un alto grado de desarrollo en la década del ochenta, pero la responsabilidad social, ni nace con los militares, ni se encuentra únicamente en los militares. Entre ellos hubo actores de peso, pero en el escenario histórico aparece un elenco de primer orden que comienza, nada menos, que con algunos fundadores de la República y con otros contemporáneos de éstos. Para ello basta leer la esclarecedora obra Estudios Sobre el Panamá Republicano (1903-1989), de Patricia Pizzurno Gelós y Celestino Andrés Araúz.
Ya en 1990 escribía sobre la necesidad de imponer una amnistía en Panamá, dadas las redes e imbricaciones que había entre una gran cantidad de ciudadanos rebautizados en las aguas de la llamada rebelión blanca o rebelión civilista y los militares que se habían convertido en una especie rechazada y condenada de manera general. ¿Acaso los militares de ese entonces actuaron solos? ¿No hubo en todos los ámbitos sociales la ansiosa búsqueda de compadrazgo con esos militares para entablar relaciones y encontrar ventajas? ¿Acaso no hubo líderes civilistas que tocaban puertas en el exterior, que hacían guerrilla de micrófonos y de faxes, que armaban protestas de lunes a viernes hasta las 6:00 de la tarde y que se ejercitaban en la conspiración, que disfrutaron años atrás algún beneficio de su proximidad con los que después fueron los odiados militares?
Ciertamente, el norieguismo tuvo que rendir cuentas al país. Pero, ¿acaso las han rendido los muchos socios que tuvo fuera de la estructura política durante esa etapa de la historia panameña? Tal vez la ausencia de respuesta a estas preguntas sea una de las razones por las cuales no se ha podido establecer aún un significado oficial de lo que pasó el 20 de diciembre de 1989.
De allí que las reflexiones de Arias Calderón deben ser aprovechadas por quienes ahora tienen mayor responsabilidad en contribuir con una nación, que doce años después de caída una dictadura, aún no encuentra una dirección clara y, sin militares, deja correr el murmullo de que un período presidencial termine antes de tiempo, cuando no satisface las expectativas de los distintos sectores del país.
Mientras más se retarde el voltear la página de un militarismo ya inexistente, el maniqueísmo sociopolítico sólo aportará rencillas y tensiones, que lo único que harán es garantizar el estado de indeterminación de rumbo y el impedimento a cambios convenientes, típico de las sociedades subdesarrolladas. Se puede vivir con la conciencia de un pasado, y también se puede vivir del pasado. Pero, para administrar un Estado, quienes prefieran lo segundo, sólo encontraran estrellones por la torticolis histórica y política que les afecta. La historia que se escribe ahora se ve forzada a superar el criterio pseudo moralista y simplista que extiende la guerra entre los buenos y los malos, los civilistas y los militaristas. De lo contrario, los problemas vigentes terminarán por sobreponerse a los discursos, a los artículos y las discusiones de salón y llevarse de una oleada a los unos y los otros en un siglo en el que se espera mucho, pero mucho más de todos.
Como humanista y político, el principal aporte de Ricardo Arias Calderón en esta etapa de su vida es la entusiasta visión de cambio histórico que le presenta al Panamá actual. Una visión que desea compartir con muchos más panameños que aquellos que le acompañaron en sus luchas en décadas pasadas. Una visión que junto a sus últimos gestos políticos, sus últimos escritos y sus últimos discursos, atestiguan novedades, que, si no llegan a encontrar ahora una generalizada acogida, que por lo menos se conviertan en inquietante motivación para nuevas conductas. Por ese tipo de riesgo ya han pasado casi todos los hombres y mujeres que han impreso huellas inolvidables. Mientras tanto, basta con entender que esta es una etapa de cambios para Panamá, mientras más tarde en asumirlos, más costos le sobrevendrán.
Se puede estar en desacuerdo con Arias Calderón, pero no se puede menospreciar su papel en la discusión pública que busca esclarecer la conciencia histórica panameña. Como docente de dimensiones universitaria y social, y como político de talla internacional, sus convicciones y planteamientos son los suficientemente profundos, como para ser orientadores y lo suficientemente honestos como para someterse a discusiones y revisiones.
El acto de presentación del último libro de Arias Calderón bien puede señalarse como la primera convocatoria conciliatoria de la colectividad política panameña después de la invasión norteamericana de 1989. El autor, en su exposición, no renuncia a sus principios antidictatoriales, ni tampoco evita argumentar sus críticas frente a lo que él califica como los abusos de la dictadura. Pero independientemente de esa referencia, con la misma fuerza de sus convicciones hace surgir una consecuencia inevitable para quienes pretendan colaborar en el diseño de una nuevo nación: La necesidad de vivir reconciliados. Al punto de rechazar tajantemente el "utilizar a nuestros muertos -todos los muertos- como carne de cañón", a modo de una patológica ansia de utilitarismo político, como si se tratara matar varias veces a un muerto, para acaparar más los bienes de su herencia o para sacar hasta el último provecho de trágicos eventos del pasado.
Días antes de la presentación de su libro, Arias Calderón sostuvo una polémica pública con Carlos Guevara Mann, una vez que el primero se atreviera a exponer las evidencias de la superación del militarismo en la historia panameña. Guevara Mann responde a Arias Calderón con la crítica de utilizar una acepción restringida de militarismo. Pero Guevara Mann no se da cuenta que sus propias interpretaciones quedan prisioneras de un esquema de análisis histórico restringido. En sus artículos cruzados con Arias Calderón, la repetición cíclica de argumentos que buscan ligar los conceptos dictadura militar, corrupción, violaciones de derechos humanos, es incompleta e inexacta porque no se aproxima a ninguna interpretación satisfactoria de causas históricas e inmediatas del golpe de 1968.
El militarismo no es sólo un vicio porque existan militares que quieran asumir roles autónomos en la sociedad a la que pertenecen. Ni la corrupción, las leyes mordazas, las constituciones viciadas o las violaciones de derechos humanos han sido, en Panamá, privativas de militares desubicados con relación a su papel social. Todas esas rupturas, disfunciones o contradicciones están presentes en los años de historia republicana que anteceden el golpe de 1968. La llamada dictadura militar y sus consecuencias se incuban allí donde previamente fracasan la democracia como método y la justicia basada en leyes establecidas y en prácticas de equidad social como reglas de convivencia.
Consta que Panamá no ha carecido de empresarios con visión de patria, pero corresponde a la realidad histórica la observación de que una Guardia Nacional utilizada, durante décadas y décadas, para garantizar la hegemonía de una clase apegada a sus privilegios y con escasa cultura contractualista, sólo podía llevar a dos posibles consecuencias: O bien la institucionalización de un aparato represivo que protegiera los intereses hegemónicos y la idiosincrasia de la explotación, tal y como ocurrió en casi toda Latinoamérica, o bien, la rebelión de un aparato que se vio a sí mismo como árbitro social capaz de sobreponerse a todo plantel de instituciones del Estado.
Carentes de proyectos nacionales, generaciones de panameños se acostumbraron a medir el éxito y la velocidad en alcanzarlo, con el margen de utilidad o las ganancias pecuniarias que se podrían obtener en el menor tiempo posible. Y esta valoración se encuentra en la base del estado de corrupción imperante en las instituciones políticas y sociales desde antes de 1968. Ciertamente, este germen llegó a un alto grado de desarrollo en la década del ochenta, pero la responsabilidad social, ni nace con los militares, ni se encuentra únicamente en los militares. Entre ellos hubo actores de peso, pero en el escenario histórico aparece un elenco de primer orden que comienza, nada menos, que con algunos fundadores de la República y con otros contemporáneos de éstos. Para ello basta leer la esclarecedora obra Estudios Sobre el Panamá Republicano (1903-1989), de Patricia Pizzurno Gelós y Celestino Andrés Araúz.
Ya en 1990 escribía sobre la necesidad de imponer una amnistía en Panamá, dadas las redes e imbricaciones que había entre una gran cantidad de ciudadanos rebautizados en las aguas de la llamada rebelión blanca o rebelión civilista y los militares que se habían convertido en una especie rechazada y condenada de manera general. ¿Acaso los militares de ese entonces actuaron solos? ¿No hubo en todos los ámbitos sociales la ansiosa búsqueda de compadrazgo con esos militares para entablar relaciones y encontrar ventajas? ¿Acaso no hubo líderes civilistas que tocaban puertas en el exterior, que hacían guerrilla de micrófonos y de faxes, que armaban protestas de lunes a viernes hasta las 6:00 de la tarde y que se ejercitaban en la conspiración, que disfrutaron años atrás algún beneficio de su proximidad con los que después fueron los odiados militares?
Ciertamente, el norieguismo tuvo que rendir cuentas al país. Pero, ¿acaso las han rendido los muchos socios que tuvo fuera de la estructura política durante esa etapa de la historia panameña? Tal vez la ausencia de respuesta a estas preguntas sea una de las razones por las cuales no se ha podido establecer aún un significado oficial de lo que pasó el 20 de diciembre de 1989.
De allí que las reflexiones de Arias Calderón deben ser aprovechadas por quienes ahora tienen mayor responsabilidad en contribuir con una nación, que doce años después de caída una dictadura, aún no encuentra una dirección clara y, sin militares, deja correr el murmullo de que un período presidencial termine antes de tiempo, cuando no satisface las expectativas de los distintos sectores del país.
Mientras más se retarde el voltear la página de un militarismo ya inexistente, el maniqueísmo sociopolítico sólo aportará rencillas y tensiones, que lo único que harán es garantizar el estado de indeterminación de rumbo y el impedimento a cambios convenientes, típico de las sociedades subdesarrolladas. Se puede vivir con la conciencia de un pasado, y también se puede vivir del pasado. Pero, para administrar un Estado, quienes prefieran lo segundo, sólo encontraran estrellones por la torticolis histórica y política que les afecta. La historia que se escribe ahora se ve forzada a superar el criterio pseudo moralista y simplista que extiende la guerra entre los buenos y los malos, los civilistas y los militaristas. De lo contrario, los problemas vigentes terminarán por sobreponerse a los discursos, a los artículos y las discusiones de salón y llevarse de una oleada a los unos y los otros en un siglo en el que se espera mucho, pero mucho más de todos.
Como humanista y político, el principal aporte de Ricardo Arias Calderón en esta etapa de su vida es la entusiasta visión de cambio histórico que le presenta al Panamá actual. Una visión que desea compartir con muchos más panameños que aquellos que le acompañaron en sus luchas en décadas pasadas. Una visión que junto a sus últimos gestos políticos, sus últimos escritos y sus últimos discursos, atestiguan novedades, que, si no llegan a encontrar ahora una generalizada acogida, que por lo menos se conviertan en inquietante motivación para nuevas conductas. Por ese tipo de riesgo ya han pasado casi todos los hombres y mujeres que han impreso huellas inolvidables. Mientras tanto, basta con entender que esta es una etapa de cambios para Panamá, mientras más tarde en asumirlos, más costos le sobrevendrán.
